José García Abad
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado 18 de marzo 173 años de prisión para Francisco González, que fue su máximo responsable hasta 2018. Se produce esta petición tras el fallo de la Audiencia Nacional un mes antes que dio vía libre para el procesamiento de Francisco González y de otros ex altos cargos del banco, por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años y, ¡OJO! al enjuiciamiento del BBVA como persona jurídica, algo inédito en la historia judicial.
Consideraba no creíble el desconocimiento alegado por la entidad. No le parece razonable “que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.
La Audiencia Nacional señalaba que algunos de los contratos con Cenyt, la empresa de Villarejo, fueron ordenados por Francisco González, que ya conocía la entidad y sus métodos por contratos anteriores. Los magistrados concluyeron que no es irrazonable pensar que por ello la eligió tras no obtener resultados con otros métodos de investigación.
La Sala constata que la información obtenida por Cenyt en cumplimiento de los contratos se habría logrado sin respetar la legalidad, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos íntimos y personales y a fuentes cerradas, con injerencia en derechos fundamentales y sin autorización judicial, pese a lo cual ordenó continuar con la contratación de sus servicios. Estos hechos, sentencia la Audiencia Nacional, presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos que impide el sobreseimiento de las actuaciones.
Estos fueron los hechos
Es este un caso especialmente grave al entrar en lo delictivo pero es también fuertemente significativo al expresar hasta qué punto puede llegar el presidente de una entidad, convertido en jefe absoluto de la misma para mantenerse en el sillón de mando contra los intereses de los accionistas.
En el año 2004 Francisco González, (FG), contrató los servicios del comisario José Manuel Villarejo para frustrar el asalto al banco de la constructora Sacyr. Villarejo utilizó para ello todos los medios, incluidos los más repugnantes como espiar a los principales promotores de esa operación.
El comisario, hoy jubilado y encarcelado sometió a sendas investigaciones, incluidas escuchas telefónicas ilegales al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; a Juan Abelló y Demetrio Carceller, exvicepresidentes de Sacyr; a Vicente Benedito, exdirectivo de Sacyr y exdirector del BBVA; a José Pérez, expresidente de Intermoney y ex director general del BBVA; a José Domingo Ampuero, exvicepresidente del BBVA y miembro de las familias de Neguri; al jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián; a La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega; al ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional; a Felipe González; al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe; al despacho de abogados de Garrigues ; que crearon el banco. y a distintos medios de comunicación como ‘El País’, ‘Cadena Ser’, ‘Cinco Días’, la ‘Agencia Efe’ e ‘Hispanidad’, y al periodista Fernando González Urbaneja entre otros. Llegó a espiar al mismísimo rey de España Don Juan Carlos.
Una investigación que no se limitó al conocimiento de la estrategia desplegada por quienes intentaron hacerse con el control del banco, denominados en el contrato firmado con Villarejo con el BBVA “Grupo Hostil (GH)”, sino también a descubrir aspectos de las vida íntimas de sus integrantes como detalles de su sexualidad y lanzar bulos como atribuir a Sebastián un amante cubano de nombre Iván o insinuar respecto a otros la apertura de cuentas en Andorra, Suiza y otros paraísos fiscales, utilizados para el chantaje.
Ni las más delirantes mentes conspiratorias pudieron imaginarlo
Han pasado 20 años. Ciertamente ya no están en los puestos que disfrutaban en aquel momento, finales de 2004 y principios de 2005, los protagonistas, victimas o verdugos de esta historia pero es ahora cuando la justicia ha tomado medidas adecuadas ante el ataque al Estado perpetrado por este banco.
Francisco González no ha sido un buen presidente, ni como gestor ni como referente moral. A final hemos podido ver la catadura del personaje, hasta dónde pudo llegar en su desfachatez. Las temibles hemerotecas exhiben ahora unas declaraciones suyas de hace tiempo en las que, con su estilo bronco, aseguraba que si en un país desarrollado hubieran actuado –se supone que el gobierno Zapatero– como lo hicieron contra él, los responsables estarían en la cárcel. Las hemerotecas también proporcionan los numerosos comentarios de FG denunciando con acritud la falta de ética de los políticos.
Es increíble que Francisco González, que dirigía el banco con mano de hierro e interviniendo en los detalles más nimios en asegure que no sabía nada del encargo del banco a José Manuel Villarejo para mantenerse en el cargo. Que asegure que no estaba informado de los resultados del espionaje presentados por el comisario para chantajear a altas autoridades del Estado.
Un cierto acojonamiento
Ni el PSOE ni el PP han reaccionado ante la gravedad de este escándalo. Si lo hizo Unidos Podemos que llevó el asunto al Parlamento ante la Comisión de Seguridad Nacional porque entienden que espiar a organismos públicos y a miembros del Gobierno afecta a la seguridad nacional.
El gobierno de España no ha actuado con el celo debido ante la conspiración del BBVA contra nuestro sistema democrático. Ni siquiera se ha manifestado el Ejecutivo sobre este asunto con la energía que reclama el daño producido.
Parece que se ha impuesto un cierto acojinamiento ante lo que pueda revelar Villarejo.
Arrastrando los pies
Mientras tanto, los actuales responsables del BBVA arrastraban los pies, quizás con la esperanza de que el escándalo perdiera interés público. La actitud oficial del bancofue un tanto surrealista. Aseguraba la entidad, en la primera nota de prensa que dieron cuando estalló el escándalo, que había abierto una investigación “hace seis meses”, en junio de 2018, o sea 14 años después de los hechos–. Durante estos seis meses de investigación sólo podían reconocer que, en efecto, el banco contrató a Villarejo pero que no les constaba documentación acerca de los informes que les pasó el comisario, ni hacían referencia a lo que le pagaron.
Iñigo Barrón se preguntaba en el diario El País por qué le ha costado tanto a FG renunciar al cargo de presidente de honor “Su condición – señala el periodista – le permitía contar con un gran despacho en el Palacio del Marqués de Salamanca, en Madrid, con secretaria, chófer, servicio de seguridad y tarjeta corporativa”. Y añadía que algunas fuentes del mercado apuntaron que solicitó el uso del avión privado del banco, una información negada en el banco.
“El caso – concluía Barrón – es que la sombra de González se va alejando del BBVA a medida que se ve empañada su aureola de gestor visionario, de ejecutivo independiente en política y, sobre todo, de defensor de la ética de los negocios.
