Inmaculada Sánchez
La reducción de la jornada laboral, aprobada finalmente esta semana por el Consejo de Ministros, asoma tímidamente como una isla de esperanza dentro del ambiente de caos y catástrofe continua que alimenta el interesado relato de la derecha. Las 37 horas y media, promesa estrella del Gobierno largamente aplazada, tendrá a Junts en contra, confirmando una vez más que la patronal, opuesta a ella, tiene en el PP y en los de Puigdemont a sus mejores representantes en el Congreso. Hay tiempo y ofertas para negociar, dicen sin embargo en Moncloa, donde batallan por resucitar su agenda social entre crisis y apagones.
Pedro Sánchez, al que la semana pasada calificaba en esta tribuna como ‘el presidente de las mil y una crisis’, ha de concentrar casi todos sus esfuerzos y habilidades políticas en gestionar acontecimientos inesperados y en rechazar los golpes con los que una inmisericorde oposición le castiga y culpabiliza cada vez que se producen.
Ya no se habla de los aún pendientes Presupuestos Generales del Estado, ni de la reforma de la Ley de Extranjería para el obligatorio reparto de menores migrantes, ni de la pactada modificación de la ‘Ley Mordaza’ que todavía ‘hace pasillos’ en el Congreso. El gran apagón de hace diez días, la crisis ferroviaria o la de los aranceles de Trump, o la exigencia de la OTAN de elevar nuestro gasto militar son los que marcan el paso a nuestro Gobierno, no sus promesas electorales ni por lo que le votaron los españoles. La agenda pública la señalan desde fuera incertidumbres internacionales, amenazantes escenarios bélicos, fallos técnicos que hacen zozobrar nuestras infraestructuras básicas… o hasta unos simples ladrones de cobre.
Por eso, la aprobación este martes en Consejo de Ministros de la reducción de jornada laboral a las 37 horas y media cobra aún más relevancia si cabe. Esta media hora menos de trabajo al día, si logra ser aprobada en el Congreso, será uno de los principales cambios que dejará para el país este Gobierno progresista en su legado. Como lo será la subida del Salario Mínimo al 60 por ciento del sueldo medio, o la de las pensiones ligada al IPC por ley. Pequeñas pero significativas transformaciones en la arquitectura del reparto de la renta nacional que ya futuros gobiernos tendrán muy difícil revertir.
La rebaja de la jornada laboral propuesta, de la que ya gozan la mayoría de los trabajadores públicos y buena parte de los de la gran empresa en sus convenios colectivos, necesita de una norma de obligado cumplimiento para llegar a los de la pequeña y mediana, además de a sectores históricamente precarizados, para no seguir generando desigualdades. Por eso, el argumento de CEOE sobre que ha de ser la negociación entre empresas y trabajadores la que modifique horarios y jornadas solo puede entenderse como mera excusa defensiva por más que PP y Junts lo agiten para dibujar un nuevo apocalipsis de cierre de empresas y despidos.
Yolanda Díaz precisa de su aprobación urgente para inyectar alguna vitamina a su agonizante Sumar y el presidente no se la va a negar. Tras varios retrasos, gestionados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Gobierno en su conjunto afronta ahora otra nueva negociación de pesadilla con Junts para, a base de ayudas, prórrogas y concesiones a las pymes, conseguir que la reducción de jornada pueda ser aprobada en el Congreso. Si lo consigue, demostrará que sigue gobernando, no sólo apagando fuegos.
