Inmaculada Sánchez
El Gobierno acaba de aprobar una reforma de la Constitución para que el derecho al aborto quede bajo su protección y que futuros Ejecutivos no puedan reducirlo o eliminarlo de nuestra legislación. Tiene escasas posibilidades de ser aprobada en el Congreso por necesitar los votos del PP, que ya ha adelantado su negativa, pero la iniciativa nos recuerda cuántos avances que creíamos conseguidos vuelven a estar en cuestión. Pese a todo, no pocos de los derechos ampliados y consolidados por este Gobierno de Coalición serán difíciles de revertir si se traducen en leyes y si se trabaja un consenso social tan mayoritario que hasta a la ultraderecha le complique su reversión si llegara al poder. Legislación y batalla cultural son las dos principales herramientas que debe exprimir al máximo la izquierda en lo que resta de mandato para blindar lo conquistado. No hay tiempo que perder.
Los generales saben bien que, en la batalla, tan importante es tomar una posición como ser capaz de mantenerla. Y la estrategia debe contemplar el logro de ambos objetivos. La subida de las pensiones conforme al IPC podría ser un buen ejemplo. Fue una de las promesas estrella del PSOE en las últimas campañas electorales y de las primeras que cumplió al llegar a La Moncloa. Para consolidarla, en 2021 llevó al Congreso una ley que revalorizaba las pensiones sin pérdida de poder adquisitivo para que los jubilados lo tuvieran garantizado cada año. Logró aprobarla, con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos, y a favor de todos sus socios parlamentarios, incluidos los posconvergentes de Puigdemont y hasta los de Nueva Canarias y Teruel Existe, entonces con escaño.
Aún así no resultaba suficiente y en 2023, hace apenas dos años, volvió a enviar un Decreto-Ley a ratificar al Congreso en el que reforzaba la vinculación de las pensiones al IPC, convirtiéndola en estructural, eliminaba el ‘factor de sostenibilidad’ del PP que limitaba futuras subidas e introducía otras mejoras, como una senda de incrementos mayores para las pensiones mínimas y un plan para garantizar la sostenibilidad mediante nuevos ingresos en lugar de recortes. También fue aprobada por mayoría.
Quizá sea esta garantía en la subida de las pensiones el cambio que la izquierda ha conseguido atornillar más fuerte en el sistema. Otras ampliaciones de derechos aprobadas en estos últimos años no gozan de un anclaje tan sólido pero podemos suponer que, una vez decididas, a cualquier gobierno futuro le supondría un coste político hacerlas retroceder que habría de valorar con cautela, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. ¿Imaginan el daño que haría al discurso populista de Vox hacia las clases bajas una reducción del SMI? ¿O la involución en las bajas por maternidad y paternidad aprobadas por este Gobierno a sus discursos en favor de la familia y la vida? Nada puede descartarse en los seguidores del errático Donald Trump pero la mayoría social empujaría en contra.
Siempre hay un porcentaje de mejoras en la vida de la gente que el siguiente inquilino de La Moncloa no se atreve a tocar aunque él nunca las hubiera aprobado. Le pasó al propio PP con el retroceso en la ley del aborto que pretendía Ruiz-Gallardón cuando fue ministro de Justicia y por el que tuvo que dimitir, desautorizado por el mismo Rajoy. Hoy, sin embargo, los vientos ultracatólicos que llegan de Estados Unidos y la probable inclusión de Vox en un futuro Gabinete de Feijóo podría volver a dar una oportunidad a la regresión de tan relevante ley para las mujeres. O a la del ‘Sólo sí es si’, o a la ‘Ley Trans’… No son pocos los avances en peligro y por eso los cambios legislativos deben buscar protección, también, en la batallas ideológica y la conquista del relato.
Toda ley puede ser revisada o derogada si existe mayoría que lo decida, pero el multipartidismo imperante en la actual aritmética parlamentaria dificulta cambios relevantes respecto a lo ya aprobado. Que se lo digan a los socios de izquierda del PSOE, que ven cómo se agota la legislatura sin que sea derogada la ‘Ley Mordaza’, incumpliendo una emblemática promesa electoral. Urge, pues, blindar, en la medida de lo posible, lo recorrido. La inoperancia legislativa desde que Junts rompió lazos con el Gobierno presenta el empeño como un imposible pero ¿acaso no presume Moncloa de ‘sudar la camiseta’ hasta el último minuto? Pues eso.
