Escrito por 11:54 am Política

AL NO ABRIRSE EL MELÓN CONSTITUCIONAL, FELIPE VI RENUNCIA A LOS PRIVILEGIOS DE SU PADRE, ENTREGANDO SU CONTABILIDAD AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Avisaba Óscar Alzaga que, de llegarse “el caso improbabilísimo” de que el rey delinquiera, “nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica”.  

Foto EuropaPress

José García Abad

El conocimiento de las apropiaciones indebidas del rey Juan Carlos, arropadas por una interpretación absurda, si no cómplice de la Constitución, por parte de la Judicatura que entendió su irresponsabilidad penal de forma absoluta y no solo, como mandaba la lógica, en lo referente a los actos políticos, ha generado desde la abdicación del monarca un serio problema a la hora de evitar que los probables delitos  de sus sucesores puedan repetirse.

Reformar la Constitución es por el momento inviable desde el temor de los partidos que blindan la monarquía, de que al abrir el melón constitucional se convierta en un debate sobre la propia monarquía, pieza clave de nuestro sistema definido como monarquía parlamentaria. 

Situado Felipe VI entre la espada y la pared ha optado por renunciar a los privilegios de los que disfrutó su padre optando, entre otras medidas, como la prohibición de regalos o la renuncia a los negros dineros que le transmitía su padre, por la transparencia de sus cuentas, renunciando a su auto-auditoría a cargo de un empleado de su Casa y aceptando el control del Tribunal de Cuentas, establecido por un convenio de colaboración entre la Casa Real y este tribunal.

El Tribunal de Cuentas inicia por primera vez las cuentas reales

Precisamente estos días este tribunal ha iniciado por primera vez una auditoria de la Casa Real en el ejercicio de 2023 que revisará la contabilidad que la Casa Real tuvo de plazo para entregar el 31 de marzo. El Tribunal realizará a partir de ahora entrevistas al personal de la Casa y ejecutará pruebas analíticas que se plasmarán en un informe que debe entregar el 30 de junio en el que dictaminará si las finanzas reales “reflejan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo”. El informe de auditoria será publicado en la web de la Casa Real.

En un momento en que se hacen cábalas sobre la fortuna de Juan Carlos I, Felipe VI ha informado de su patrimonio que asciende a 2.573.392,80 euros, de los que 2.267.942,80 están en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad y 305.450 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Lo hace, como señala la Casa Real, por la transparencia y ejemplaridad que debe presidir la actuación de los servidores públicos y con el objetivo de reforzar la confianza de los ciudadanos en la Corona. 


ENRIQUE GIMBERNAT: “… AFRONTAR LA INCÓMODA POSIBILIDAD DE UN MONARCA DELINCUENTE”

Comentando el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución Española, que reza: “La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2”,  el catedrático de Derecho Penal, Enrique Gimbernat afirmó en una conferencia pronunciada el 17 de febrero de 1978: “Anticipando la irresponsabilidad regia y no previendo su enjuiciamiento criminal por el Tribunal Supremo en pleno, previa autorización del Congreso, el Anteproyecto se niega a afrontar la incómoda posibilidad de un monarca delincuente (…) Podría llegarse así “a una regulación que consagrara la impunidad de un monarca asesino o violador y al que ni siquiera se le podría remover de su cargo si delinquiera”.

Alzaga: en el caso “improbabilísimo” de que el rey delinca.   

Sobre lo que Óscar Alzaga comenta en su extraordinario libro: “Comentario sistemático a la Constitución Española de 1978” publicada en este año, 1978, al filo de la proclamación de la Constitución: Es obvio que en una monarquía parlamentaria contemporánea, no debe estar prevista en la Constitución que el rey delinca, y “de llegarse el caso improbabilísimo de que tal supuesto se hiciera realidad, nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica”.  

Le viene a Álzaga a la memoria lo que a la responsabilidad del Rey explicaba a Jorge V su consejero Lord Esher: “Si la doctrina constitucional de la responsabilidad ministerial significa algo es que impone al Rey la obligación de firmar su propia sentencia de muerte, en el caso de que le sea presentada por un ministro a la cabeza de una mayoría parlamentaria. Si este principio fundamental se falsea – aseveraba Lord Esher – el fin de la Monarquía surge en el horizonte”.

Close