Inmaculada Sánchez
Este 2026 que acabamos de estrenar será, sin duda, un año de elecciones y el PP pretende que las citas de Aragón, Castilla y León y Andalucía sean, por fin, el preámbulo del codiciado adelanto de las generales. Mientras en el PSOE se encomiendan a la resistencia de Pedro Sánchez para que el Gobierno llegue vivo a 2027 Vox se relame ante un ciclo electoral que presume confirmará su irresistible ascenso y su condición de socio indiscutible de Feijóo, con asiento asegurado en el Consejo de Ministros. Pinta mal el nuevo año para la izquierda, que si por algo debería aparcar diferencias y sumar esfuerzos sería para evitar que el 2026 no se convierta en el que abrió las puertas del Gobierno a la ultraderecha.
Feijóo ha vuelto a resucitar esperanzas. El aciago año que acabamos de despedir ha acumulado tal cantidad, y calidad, de infortunios para los socialistas que en Génova aspiran a que, esta vez sí, el presidente se vea forzado a adelantar las elecciones en alguno de los próximos doce meses. La guinda al nefasto 2025 la puso Extremadura hace un par de semanas con una histórica derrota para el PSOE en la tierra donde ha gobernado durante más de tres décadas. El carrusel de comicios autonómicos que se sucederán de aquí al verano no sólo se presentan también adversos para los socialistas sino incluso con mayores consecuencias para Moncloa.
La debacle extremeña, sobre la que Sánchez ha pasado de puntillas, se ha querido explicar desde Ferraz en base a un nefasto candidato, procesado y pendiente de juicio, del que se desvincula. El aparato sanchista apoyó hace un año a Esther Gutiérrez, exconsejera de Educación con Guillermo Fernández Vara, en las primarias para la secretaría general del PSOE de Extremadura que, finalmente, ganó Miguel Ángel Gallardo, un cargo del que tuvo que dimitir tras el funesto resultado en las urnas.
El cuartel general sanchista no podrá agarrarse, sin embargo, a semejante coartada en las próximas citas electorales. En la más inmediata, el 8 de febrero en Aragón, la lista del PSOE está encabezada por Pilar Alegría, ministra y Portavoz del Gobierno hasta hace unos días. Ferraz alberga fundada confianza en que sus resultados no sean tan pésimos como en la Asamblea de Mérida pero tampoco esconde que sus efectos tendrán más directas consecuencias para Moncloa al tratarse de una dirigente de la máxima confianza de Sánchez y a quien éste ha enviado de vuelta a casa para recuperar parte del poder territorial perdido hace dos años.
En Castilla y León, la siguiente parada en las urnas, se da por descontada la derrota. El PP no se ha apeado de la presidencia de la Junta en los últimos 39 años, desde que José María Aznar la conquistara en 1987, pero en Ferraz aspiran a mejorar posiciones con su renovado candidato, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, más cercano a Sánchez y su Gobierno que su antecesor, el díscolo Luis Tudanca. La criticada gestión de Alfonso Fernández Mañueco durante los incendios de este pasado verano y las sucesivas mayorías absolutas con las que Martínez, por su parte, ha renovado mandato en la alcaldía soriana desde 2015 alimentan tan inciertas esperanzas.
Aunque el reto más relevante que afrontará Sánchez este año radica en Andalucía. La tremenda apuesta del presidente lanzando a su vicepresidenta y número dos en el partido a la reconquista de la Junta andaluza ha convertido sus elecciones, previstas en principio para el mes de junio, en un auténtico peligro para el PSOE. La categoría política de María Jesús Montero en el escalafón de Ferraz y Moncloa junto a su estrecha vinculación con la gestión de Sánchez la dota de unas condiciones que, en otros momentos, pondrían en valor su candidatura pero que ahora pueden convertirse en su peor enemigo, sobre todo si la investigación y el proceso judicial del caso Cerdán-Ábalos sigue escalando durante los primeros meses del año.
Dicen desde el entorno de Sánchez que el presidente se muestra convencido de que los previsibles fracasos en las urnas autonómicas se transformarán en apoyos cuando lleguen las generales, tal como sucedió en julio del 2023, desafiando el aforismo de que el partido que pierde poder territorial se prepara para perder inexorablemente el Gobierno del país. Sánchez se conjura con semejante escenario apoyándose en el pánico que provoca en el votante de izquierdas la llegada de Vox al Consejo de Ministros y en que los miles de votos perdidos en la cita extremeña se han quedado mayoritariamente en la abstención y, por tanto, es factible recuperarlos.
Que el coste de los errores de Moncloa y Ferraz con Ábalos, Cerdán o Salazar lo paguen mayoritariamente los socialistas que luchan desde ayuntamientos y comunidades a kilómetros de distancia de Madrid no parece muy justo, como tampoco resulta tan creíble como hace dos años que el Gobierno vuelva a salvar el match point de las generales con todo lo que ha acontecido desde entonces. Los socios huelen el peligro y, aunque no se deciden a abandonar el barco, ya están preparando sus propios botes salvavidas.
El Gobierno sigue aferrado a sus mensajes de que se puede gobernar sin Presupuestos, sin apoyos parlamentarios estables y con los jueces en contra, tanto como el PP a su lastimera petición del adelanto electoral. Expertos demoscópicos auguran que el miedo a la ultraderecha ha dejado de ser efectivo para la supervivencia del Gobierno de coalición. Será en los próximos meses cuando podremos comprobar si tienen razón.
