Carlos Balado, ex director de comunicación, marca y relaciones corporativas de Banco Popular
El pasado 11 de julio el diario de información económica, Cinco Días, publicaba que “la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso planteado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) contra el auto del pasado 4 de marzo, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, dejó fuera de los procesamientos por el caso Popular a Saracho, y contra el auto del 31 de mayo, en el que ratificó dicha decisión.
En la noticia se afirmaba que “La Sala de lo Penal comparte con el juez instructor que no hay ninguna prueba que permita atribuir al expresidente del banco el filtrado de información a la prensa sobre la situación de la entidad. Sólo se cuenta con la declaración del que fue director de comunicación del Banco Popular en la época de [Ángel] Ron, testigo al cual el instructor no le da garantía de veracidad ni de credibilidad pues dicho asesor fue cesado por el señor Saracho, tiene estrechas relaciones con el anterior presidente en cuyo favor testificó en una demanda de reclamación de cantidad”.
Resulta asombroso, como ex director del área de comunicación, marca y relaciones corporativas de ex Banco Popular, que, tras siete años de instrucción, ese sea el hallazgo y la conclusión de la declaración que realicé como testigo.
Esa condición ya era conocida cuando me llamaron a declarar sobre el caso Banco Popular desde los juzgados de lo civil y desde la Audiencia Nacional. Cumplí con esa obligación ineludible y declaré bajo juramento, en ambos casos, decir la verdad.
Si eso estaba debidamente acreditado, pero existía un prejuicio que ahora se ha dado a conocer, tanto los jueces como el que firma, podíamos habernos ahorrado el coste en tiempo, recursos, desgaste personal y profesional que conllevan ese tipo de situaciones.
En lo personal y en el plano más emocional, esa conclusión de la Audiencia sinceramente me importa poco, ahora bien, desde una consideración racional, como testigo creía entonces que contribuía a esclarecer unos hechos muy lesivos para todos los empleados y accionistas del Banco Popular, pero si no se ha querido tener en cuenta y se prefiere descartar la declaración, asunto concluido, ¡ya no queda más hacer por mi parte!
Sin embargo, como profesional y miembro del comité de dirección del Banco, con dependencia directa de la Presidencia, esa conclusión me parece una falta de respeto, porque sólo se basa en un mero juicio de intenciones, cuando lo verdaderamente importante para los accionistas son los hechos expuestos de forma extensa y precisa en respuesta a las preguntas del juez , que se descartan con una simple falacia “ad hominen” (atacar a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí) y de esa forma se elude abordar la cuestión esencial en la resolución del Banco Popular, si hubo filtración, cómo se hizo y que consecuencias y daños produjo.
El señor Ron al que se refiere la sala, me fichó en septiembre de 2012 para crear un área en el que se integrase la comunicación, la marca y las relaciones corporativas. Mi dependencia era directamente de él y la relación, por tanto, era estrecha. Cualquier otra forma de dependencia que no sea la mencionada, resta eficacia a la función de comunicación en una empresa.
Para quienes desconozcan el cometido de un área de Comunicación, hay que decir que en esencia su función es la de velar por la veracidad y credibilidad de la información que pueda afectar a la institución y actuar conforme a ese principio, tanto interna como externamente, de la misma forma que, por ejemplo, el área jurídica debe velar por la legalidad de la decisiones y comportamientos adoptados dentro y fuera de la empresa o banco.
También mi relación con el señor Saracho fue estrecha, puesto que dependía directamente de él. A su llegada para sustituir al señor Ron, de manera consensuada por el Consejo de Administración y tras un periodo transitorio de dos meses en el que ambos presidentes convivieron en ese cometido, puse mi cargo a disposición el Señor Saracho una vez que tomó posesión de la presidencia, pero él me ratificó en el puesto. De la misma forma que en la etapa anterior con el Señor Ron, trabajé con lealtad y diligencia, asesorando con mi mejor criterio profesional y dando la cara por el Banco, incluido su presidente, el señor Saracho, como es preceptivo en esa función.
Meses más tarde, a la vista de que su comportamiento, decisiones y comentarios internos comportaban un alto riesgo reputacional para el Banco, con afirmaciones como que pensaba “estrellar el banco contra la boca de la Nouy” (Danièle Nouy, era entonces presidenta del Consejo de Supervisión del BCE) o que no estaba allí “para gestionar el Banco, sino para venderlo”, o asegurar a varios periodistas de diferentes medios que no sabía el valor del banco y que si la acción valía cero el accionista lo perdería todo, o que nos preparáramos “para dar una guerra al Banco de España, CNMV y Ministerio de Economía; y que no se iba a informar a nadie, ni externa ni internamente sobre los planes del Banco, porque no tenía ningún plan, volví a poner mi cargo a su disposición, pero tampoco lo aceptó.
Finalmente, el 5 de mayo de 2017 me comunicó que prescindía de mí. Me expuso razones contradictorias, como declaré al juez, y de ellas, la que más me llamó la atención es la de “te echo porque sabes demasiado y no quiero que veas lo que voy a hacer aquí”. “Necesito una persona que no sepa nada de esto, y que simplemente gane tiempo”. “Has sido leal y profesional y lo agradezco; te contrataría siempre, pero en este caso te despido porque me dicen que no te puedo dejar aquí”.
En ese momento quiso que acordáramos una versión pública del cese y lo rechacé. Me pidió que me quedará para hacer una transición y acepté, pero con la condición de que fuera hasta el viernes día 2 de junio. Cinco días más tarde, con un fin de semana de por medio, se produjo la resolución del Banco Popular.
No tengo nada personal en contra del señor Saracho, al contrario, visto con el sesgo retrospectivo me considero un afortunado por haber sido despedido conforme a las condiciones estipuladas en mi contrato y porque la salida me evitó la experiencia de vivir los días de la resolución.
Ahora bien, es mi deber deontológico decirle a la opinión pública, y dentro de ella a los accionistas, que el día 5 de mayo en rueda de prensa el consejero delegado aseguró que “el Popular dará beneficios en el conjunto de 2017 si no hay nuevas provisiones extraordinarias, como las de este trimestre, en el resto del año”. Menos de un mes antes, el señor Saracho había manifestado en la Junta de accionistas que al Popular no le quedaba más salida que una macro ampliación de capital o la venta del banco, sin embargo ese 5 de mayo su número dos negó que esa operación fuera imprescindible y que, aunque todos los bancos hablan de fusiones, “no hay ningún acercamiento serio”
Posteriormente, el día 11 de mayo de 2017 El Confidencial publica lo contrario tras hablar previamente con el señor Saracho, según pude saber por el propio diario y declaré ante el juez: “Saracho encarga la venta urgente del Popular a JP Morgan y Lazard por riesgo de quiebra. La decisión fue adoptada el pasado viernes 5 de mayo tras analizar los datos de fondos retirados en los tres últimos meses”.
Ese día el Banco envía una hecho relevante firmado por el secretario del Consejo, al que cesa el señor Saracho el día 18 de mayo, negando “categóricamente que: haya encargado la venta urgente del Banco; exista un riesgo de quiebra del Banco y el presidente del consejo de administración haya comunicado a otras entidades financieras la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de depósitos” y resaltando que el patrimonio neto del banco “ascendía a 10.777 millones de euros y la ratio de capital total se situaba en 11,91%, por encima de las exigencias regulatorias”.
Ese mismo día, el Confidencial, molesto con ese HR que desmiente su información, cuya fuente era el presidente del Banco, según me dicen entonces desde el propio medio de comunicación, también ese mismo día, decide publicar, para reafirmarse, una conversación de esa misma tarde con el señor Saracho, en la que admite que lo publicado es cierto, “aunque el motivo de la venta del banco no sea por el riesgo de quiebra”, y también, asegura Saracho, no sabe cuáles son los recursos propios del Banco. Es decir, el señor Saracho contradice en público un hecho relevante enviado por el banco a la CNMV sobre una idéntica cuestión. Al día siguiente comienza un proceso de fuga de depósitos con un resultado letal para el banco.
En términos informativos, las declaraciones son un claro caso de desinformación, se crea por parte del presidente del Banco una confusión deliberada sobre hechos y datos que sólo él conoce, dificultando así la posibilidad de verificación y, desde una perspectiva empresarial, es un flagrante engaño a los accionistas, entre los que no se encontraba el señor Saracho.
Hay un ejemplo clásico que cuenta la historia de un incendio en una casa, que se produce después de que alguien prende una cerilla en una habitación cargada de oxígeno. ¿Qué ha causado el fuego, encender la cerrilla o que hubiera oxígeno en la habitación?
Que haya oxígeno es normal, pero el acto de encender una cerrilla es distinto. La persona que enciende la cerrilla tiene que prever que en la habitación puede haber alta concentración de oxígeno y que, por lo general, no se espera de nadie que vacíe de oxígeno una habitación antes de encender un fósforo. Ese acto es causa suficiente y necesaria para la explosión.
En el caso del Popular, el oxígeno son las dudas y alta desconfianza creada sobre el futuro del Banco, y la cerilla las palabras del presidente pronunciadas en diferentes ocasiones durante cuatro meses en público y en privado, ante la pasividad de las autoridades, Banco de España, CNMV, Ministerio de Economía, y la inoperancia en pleno del Consejo de Administración.
