José García Abad
Servidor otorgaría a Pepe Borrell la medalla al valor por algo aparentemente tan sencillo como llamar al pan, pan, y al vino, vino, como acreditó valerosamente cuando era Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea denunciando sin tapujos el genocidio israelí.
Y mucho valor se precisa cuando en estos momentos de tribulación se atreve a enfrentarse contra viento y marea, o sea, al presidente de su gobierno y a la presidenta de su partido, Cristina Narbona, su propia esposa, pasando por la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, Hacienda, María Jesús Montero que tiene que tragarse el marrón quien tachó de injustas e insultantes las opiniones de Borrell.
Negó Montero que la “financiación singular” pactada entre el PSC y ERC en Cataluña para investir a Salvador Illa sea un concierto económico: “Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Y cualquiera que diga otra cosa, miente”, aseguró sin cortarse un pelo.
Borrell afirmó en una conferencia impartida en la universidad de verano Menéndez Pelayo de Santander:
“No quiero alimentar el debate público, pero tampoco quiero quedar como un mentiroso” (…) en este caso la cosa hace el nombre. Las palabras tienen un significado (…) los acuerdos firmados por el PSC para volver a la presidencia de la Generalitat implican un “cambio estructural” en el modelo de financiación, puesto que el Gobierno central delega a la comunidad la competencia de “recaudar todos los impuestos” y “quedárselos para alimentar su Hacienda” para después hacer una transferencia al Estado que sufrague los servicios prestados —que, en este caso, se ha pactado llevar a cabo mediante la participación de la Administración central en tributos— y otra para contribuir a la solidaridad interterritorial. En términos técnicos es un concierto”.
“No hay que tener miedo a las palabras ¿Para qué vamos a negar que es un sistema de concierto y refugiarnos en que es una cosa singular? ¿Qué quiere decir singular? Yo he dicho que es un sistema de concierto y me reafirmo en ello. Y no pasa nada”.
Se empeña Borrell heroicamente en llamar concierto económico (con cupo) al concierto económico (con cupo) , en referencia al intento gubernamental de aplicar a Cataluña lo que ahora, constitucionalmente, disfrutan el País Vasco y Navarra (esta con el nombre de convenio) por otro nombre todavía innominado. Llamémosle equis.
Cristina Narbona no pudo eludir el trago disciplinario de apoyar al Gobierno y de María Jesús Montero discrepando de su esposo, “con mucho respeto”, en nombre del PSOE.
Trató de tranquilizar a la parroquia socialista asegurando que la reforma catalana se ampliará también a otras comunidades autónomas en una suerte de café para todos que llevaría al sistema de financiación a aproximarse a un modelo federal. “El Gobierno – concluyó- va a plantear unproceso de negociación para que la financiación autonómica sea revisada y permita algo que está en el pacto con ERC, la garantía de que los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, puedan tener acceso homologablea los principales servicios públicos”.
No es saludable que la política incida en la paz familiar por lo que hay que suponer es que ambos esposos pactaran su obligada discrepancia en razón del papel representado por cada cónyuge que fueron juntos a Santander.
Estamos ante un señor concierto
Es curioso, aunque de frecuente uso de los gobiernos, que lo más llamativo del debate sea una cuestión nominativa. Así como el recurso del que se valió Adolfo Suárez de hacer tragar el estatuto catalán generalizándolo como café para todos. No me sorprende del todo, pues mi capacidad de sorprenderme se encuentre en el límite, que el Gobierno multiplique su error por 17 (o 27) al conceder a Cataluña el irritante cupo que la mayoría de los constituyentes tuvieron que aceptar tapándose las narices para conseguir el apoyo de vascos y navarros – los catalanes no lo pidieron – extendiéndolo a todas las comunidades autónomas.
Aclaremos las cosas para no caer en el engaño del disimulo nominalista. Las cosas son como son y no como pretenden hacerte tragar. Estamos ante un señor concierto similar al que disfrutan vascos y navarros con un dinero entregado al Estado que, llamémosle como se quiera, es un cupo por mucho que se le añada el respetable término de solidaridad con el resto del país, una condición que ya está prevista en el artículo 158 de la Constitución referente a lo establecido para el País Vasco y Navarra que promete que “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias en su caso”.
El concierto vasco y navarro fue un “trágala” para los socialistas
Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra salieron adelante pese al disgusto generado en las filas socialistas que lo consideraron un “trágala” inevitable para obtener el voto de los nacionalistas a la Constitución, un derecho que, curiosamente, no reclamaron entonces los catalanes y que no lo incluyeron en el Estatut de 1979.
De hecho la Constitución no prohíbe un concierto catalán aunque se manifiesta con cierta ambigüedad. Como cuando en el artículo 133 establece en su apartado 1 que “la potestad tributaria originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”, para matizar en su punto 2 que: “Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
Un cupo menguante que suele degenerar en “cuponazo”
En lo acordado ahora la Generalitat asumirá el cobro de todos los impuestos estatales y liquidará al Gobierno el dinero de los servicios e inversiones que haga en la comunidad, además de aportar una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad con el resto de comunidades que será negociada de forma periódica.
La prueba de fuego se producirá a partir de 2026, cuando la Agencia Tributaria de Cataluña se encargará de la campaña de la declaración del impuesto de la renta (IRPF) de 2025. Después de ese primer paso está previsto que se asuman el resto de tributos estatales: IVA, Sociedades y los impuestos especiales.
Es de suponer que el cupo catalán, como ha ocurrido con el vasco se irá ajibarando a lo largo del tiempo. El vasco llegó en algunos momentos a ser negativo, o sea que en realidad no aportaba nada al Estado, sino todo lo contrario. Un auténtico cuponazo, otorgado por el gobierno de turno para obtener los favores del PNV.
Por ejemplo: en mayo de 2018, el lehendakari Iñigo Urkullu obtuvo un alto rendimiento del apoyo de sus cinco diputados a Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado. El huevo –Cupo– primó entonces sobre el fuero: marcar distancias con Madrid. El lehendakari, eufórico, confesó: “No sólo por la lluvia de millones. Estoy contento por el fuero y el huevo”. La lluvia cayó en el País Vasco en forma de casi mil millones de euros por cada uno de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco.
Ese año, cuando la necesidad que tenía Mariano Rajoy de aprobar los presupuestos de 2018 era más perentoria que nunca, pues podría condicionar su propia continuidad en la Moncloa, Iñigo Urkullu puso el fuero por delante del huevo.
Provocaría la explosión en trocitos de la agencia tributaria
Desde mi humilde opinión lo más inquietante del proyecto gubernamental es justamente la explosión en trocitos de la agencia tributaria de ámbito estatal, de lo que advierte Borrell y sobre lo que se han manifestado, llamando al pan, pan y al vino, vino, con la mayor contundencia los inspectores de hacienda.
Sostiene Borrell que “fragmentar la gestión tributaria en 17 o 27 trozos significaría la desaparición de la Agencia Tributaria. El Estado se quedaría sin ingresos fiscales directos y dependería de lo que las comunidades le transfirieran”. Y, por supuesto, añade servidor, una prima a la evasión fiscal.
Y sostiene la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) los inspectores de Hacienda presidida por Ana de la Herrán que el acuerdo entre el Ejecutivo Central y la Generalitat “supone el principio de la desaparición del Estado si se extiende al resto de comunidades autónomas”. Y aprovechó la oportunidad para reiterar su exigencia de que dimita la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
