Escrito por 3:40 pm Ojo Avizor

coincido con Felipe González en su inquietud por la politización de la Justicia


Por José García Abad.
(24 de noviembre de 2023)


Expresa Felipe González una preocupación que antecede a mi artículo en Ojo Avizor titulado: “La alta judicatura cogió su fusil. Jueces y parte contra Sánchez” (ojoavizor.eu 22/11/2023)

Sostuvo Felipe en Sevilla, en los desayunos informativos de Europa Press el pasado 15 de noviembre: “El problema es que llevamos años judicializando la política. Los que no saben ganar elecciones o debates en el parlamento acuden abusivamente a la justicia para judicializar la política y, de pronto, existen tentaciones dentro del poder judicial de dar respuestas políticas. 

Me inquieta que veo síntomas de politización de la justicia por el impulso irresponsable de la política judicializando permanentemente los temas que se deberían resolverse en otra instancia. Esta batalla que se traslada del parlamento a los órganos judiciales y de los órganos judiciales al parlamento descompone el funcionamiento normal y previsto en la Constitución de nuestro sistema de división de poderes; y esa anormalización en el funcionamiento de cada día llegará a perturbarlo. Hay síntomas ya de que lo perturba”.

No es bueno que los partidos se personen en los juzgados

Como cuento en mi libro : “Todos lo sabían”,  Cándido Conde-Pumpido intentó que los partidos no se metieran en procesos judiciales, que no se convirtieran en acusaciones pidiendo la condena del contrario. La prohibición a los partidos de personarse en los juicios se introdujo en el proyecto para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo Zapatero, pero no se llegó a aprobar.  

Conde-Pumpido propuso al presidente Zapatero y al líder de la oposición, Mariano Rajoy, hacerlo por consenso. Ambos aceptaban que los partidos están para llevar la política a la calle, al Parlamento, pero no a los juzgados; que no es bueno que se personen en un procedimiento para pedir la condena del adversario. Habitualmente, ni el PSOE ni el PP, desde sus direcciones nacionales, lo hacían, pero no impedían que lo hicieran los cargos regionales que lo utilizaban en sus luchas locales. 

Pero la personación o no de los partidos en los juzgados para acusar a sus adversarios es solo una muestra de la politización de la justicia. El problema que subyace es la militancia de hecho – tienen prohibido afiliarse a partidos – de muchos jueces a los que se les atribuye la etiqueta de progresistas o conservadores. Muchos jueces han cogido su fusil ideológico, un problema que tiene difícil arreglo legal. Solo cabe la esperanza de que, sin renunciar a sus creencias, a las que tienen derecho como todos los ciudadanos, actúen en los juzgados con total independencia. Es un imperativo moral.

No se respeta el espíritu de la Constitución

El más politizado es el máximo órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con una mayoría de vocales propuestos por el partido en el Gobierno. Una cuestión peliaguda es, reitero, la naturaleza del gobierno de la justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del nombramiento del presidente del Tribunal Supremo por este órgano. 

La Constitución establece que éste sea elegido por el CGPJ y así se hace formalmente, pero no de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna. Esta establece que el parlamento elige al Consejo y son los vocales los que eligen al presidente de este, pero en realidad son los partidos los que lo hacen y ello perturba su funcionamiento.

Es normal que los vocales del Consejo sean elegidos por el Parlamento y no por los jueces como propugna el PP, que no deben determinar la composición de un poder del Estado como es el judicial. Lo más democrático es que lo determinen los representantes de los ciudadanos. Sería absurdo que si, por ejemplo, una proporción enorme de los jueces fuera mayoritariamente conservadora y en cambio la sociedad española, a través de su representación en el parlamento fuera mayoritariamente progresista, tuviéramos un CGPJ que fuese una especie de contrapoder, un sector minoritario frente al conjunto de la sociedad. 

Los criterios que se lleven al Consejo tienen que ser los mayoritarios de la sociedad. Lo más conveniente es establecer un sistema que no deje participar a las asociaciones profesionales de la Magistratura en la constitución de este. En puridad democrática deben hacerlo los representantes del pueblo en el Parlamento.

El sistema puede funcionar mejor si se cumple el espíritu de la Norma Suprema que establece que el Consejo será nombrado por sus vocales que, a su vez, eligen a su presidente, pero lo que sucede es que el Consejo que debe ser independiente es controlado por un presidente que en realidad no ha sido nombrado por el Consejo como dice la Constitución, aunque lo sea formalmente, sino pactado por los partidos. Eso es inconstitucional. 

La Constitución no dice que lo pacten los partidos, pero siempre se ha pactado. José Luis Rodríguez Zapatero se puso de acuerdo con Mariano Rajoy para poner a Carlos Divar, un nombramiento muy polémico y Mariano Rajoy se puso de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba para nombrar a Carlos Lesmes. Y como al Consejo se le ha dado un tinte muy presidencialista quien realmente toma las decisiones es el presidente.

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