Es necesario llevar a cabo una intervención profunda del sector, que por la protección de que disfruta el derecho a la vivienda, no puede quedar completamente sometido a las leyes del mercado.
Antonio Papell
Varios analistas, Estefanía Molina entre ellos, han destacado la paradoja que ha representado para la izquierda la movilización emprendida por los partidos de ese sector ideológico contra la situación actual de la vivienda en España. A juicio de los críticos contra el despliegue, las políticas aplicadas y las ulteriores protestas solo han servido para “anestesiar el paulatino declive de la mayoría social en este país”. Un declive enmascarado por el ruido político de las dos últimas décadas pero que nunca ha entrado en fase de redención. Si al estallar el 15-M (de 2011, con el PSOE todavía en el gobierno) los jóvenes protestaban porque no tenían modo de adquirir una vivienda, hoy las lamentaciones son más graves porque se dirigen contra la imposibilidad de los grupos emergentes de alquilar un habitáculo —ni siquiera un piso completo— para ubicar su posición en la vida, emanciparse de la tutela paterna y ensayar un proyecto de futuro.
El dato clave que se aporta, y que explica lo que está sucediendo, es este: según el INE, entre 2008 y 2020 los salarios aumentaron un 14,99%, mientras que el IPC lo hizo un 13%; hubo pues una mejora mínima, imperceptible casi. Y después de cruzar este rubicón, ya de manos de la izquierda, vinieron la gran pandemia y la guerra de Ucrania, que se impusieron a cualquier otro designio. El drama culminó en una etapa de fuerte inflación, que acabó de empobrecernos a todos, hasta llegar a la situación actual, de franca frustración en que el derecho a una vivienda digna, protegido por el artículo 47 de la Constitución, queda significativamente postergado.
La izquierda adopta una postura incoherente al protestar contra sí misma y al plantearse exigencias como si la contrariedad fuera fruto de alguna contingencia exterior imprevisible e inabordable.
En estas circunstancias, es evidente que la izquierda adopta una postura incoherente al protestar contra sí misma y al plantearse exigencias como si la contrariedad fuera fruto de alguna contingencia exterior imprevisible e inabordable. Podemos estuvo un considerable periodo de tiempo en el ejecutivo y actualmente acompaña al PSOE la formación Sumar, que representa a una parte de la antigua coalición pilotada por Pablo Iglesias, en tanto Podemos secunda desde fuera la acción gubernamental, como no podría dejar de ser ya que, además de estar en juego el modelo de crecimiento, la dialéctica principal de nuestra democracia sigue establecida entre la derecha y la izquierda.
Estamos lejos de los planteamientos antiguos que instaban a los progresistas a optar entre la reforma y la revolución. La suerte que tenemos los europeos consiste en que nuestras constituciones abiertas son generosas y permiten elegir las mejores opciones de futuro según la naturaleza de los problemas y de las herramientas de que disponemos. En el caso español, no cabe duda de que Podemos y su 15-M han insuflado a la izquierda ideas y energías transformadoras que han permitido corregir en buena medida la atonía del viejo bipartidismo. Pero la complicidad entre la izquierda radical y el PSOE —en su papel histórico de promotor del dinamismo y del cambio— no ha sido hasta ahora todo lo fecunda que hubiera debido ser en sectores clave como la vivienda.
Determinados problemas enquistados secularmente en la realidad española no tienen solución si tan solo se aplican blandas políticas reformistas: es necesario llevar a cabo reformas estructurales de mayor calado que rompan las inercias reaccionarias y pongan fin a los privilegios de clase de los que todavía disfrutan los más favorecidos. En el concreto caso de la vivienda, no es suficiente con postular determinadas normas intervencionistas que limiten los alquileres en situaciones excepcionales o que ayuden a los jóvenes a instalarse. Es a todas luces necesario llevar a cabo una intervención profunda del sector, que por la protección de que disfruta el derecho a la vivienda, no puede quedar completamente sometido a las leyes del mercado.
Como la Carta Magna indica, esa “vivienda digna” que nos corresponde a todos no ha de ser objeto de descarnada especulación. La vivienda, en general, no puede seguir siendo un activo financiero que suba y baje a impulsos del mercado, como lo hacen el oro, el trigo o las acciones de las compañías eléctricas. Ni es tolerable que los inversores mantengan desocupadas muchos miles de viviendas habitables, como si fueran dinero inactivo en cuentas bancarias. Para recuperar la clase media, hay que tomar antes decisiones rotundas, si se quiere radicales pero inaplazables. El derecho a la propiedad privada y los demás derechos económicos han de armonizarse para que las mayoritarias clases medias recuperen, consigan, la posición que deben alcanzar y mantener.
Antonio Papell
