Inmaculada Sánchez
Pedro Sánchez ha estrenado el nuevo año a lomos de dos iniciativas políticas de hondo calado: los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco y la batería de medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Memoria e ideología, por un lado, y gobernanza de izquierdas, por otro. Visto que el frente judicial no se despeja, el presidente ha optado por reivindicarse como Gobierno progresista, confrontando con la derecha en su relación con la dictadura franquista y en su forma de resolver problemas tan cruciales como el derecho a un techo. Buen comienzo que precisará, no obstante, de buena ejecución para que el cincuentenario no se le atragante y las promesas sociales no provoquen desilusión.
El Gobierno empezaba 2025 urgentemente necesitado de arrebatar la agenda política al PP, que viene manejándola desde hace meses, con la connivencia de determinados jueces, a golpe de paseíllos al juzgado de familiares del presidente y cargos del PSOE. La corrupción que llevó al triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez a la Moncloa se ha convertido en el principal arma del PP y casi única munición contra el presidente en las sesiones de Control al Gobierno. Urgía un contraataque y los estrategas de Ferraz parecen estar ensayándolo en estas primeras semanas de enero.
No en vano ha sido Sánchez, en primera persona, quien ha asumido públicamente la presentación de dos iniciativas que podrían ser protagonistas del año político si se desarrollan como a Moncloa le interesa. Por el momento, al menos, ya están acaparando voces a favor y en contra y centrando parte del debate público, con la derecha bramando enfrente.
Los actos por el aniversario de la muerte del dictador, bajo el lema “España en libertad”, aunque por fecha podrían parecer forzados, resultan del todo oportunos dados los polarizados momentos que vivimos y el peligroso auge de la ultraderecha al que asistimos. Recordar lo que fue e hizo Franco y su régimen no puede ser innecesario cuando una parte de la juventud española lo trivializa y otra, directamente, lo ensalza al calor de las mentiras de Vox, alimentando un nicho de fiel electorado según nos avisan las encuestas.
Escuchar a Isabel Díaz Ayuso acusar a la conmemoración de ‘guerracivilista’ o a Alberto Nuñez Feijóo de provocarle “pereza” es un aliciente añadido para recordar ante los votantes la herencia franquista que aún perdura en el PP y la abismal diferencia que existe, todavía hoy, entre unos y otros de los que vivieron la construcción de nuestra actual democracia. El ritmo, contenido y talante de los múltiples actos convocados, no obstante, suponen un auténtico reto para mantener la atención y los objetivos del mismo. Será preciso ver como se desarrollan para juzgar si lo consiguen o se convierten en una otra ocasión fallida para reparar heridas y edificar una sana memoria histórica.
Más peligro electoral podría tener el frente de la vivienda, erigido en el principal problema para la ciudadanía, por la dificultad para que la acción política desplegada tenga efectos rápidos y perceptibles. Hasta el PP se ha percatado de la necesidad de dar una respuesta a tan crucial crisis y se ha adelantado unos días a presentar sus propias propuestas.
En algunas no hay gran diferencia entre socialistas y populares, ya que el diagnóstico en torno a una rotunda falta de inmuebles en el mercado para los hogares necesarios es compartida, como también lo es la carencia de vivienda social. Las causas por las que hemos llegado a estos extremos y la forma de atajarlos es donde ya divergen los caminos y donde el Gobierno tiene la obligación de acertar.
La Ley de Vivienda, con sus topes a los precios de alquiler en zonas tensionadas solo se aplica en Cataluña mientras las autonomías gobernadas por el PP se han negado legalmente. Es preciso que se articulen con urgencia medidas estatales de general aplicación mientras llegan, en años venideros, los pisos sociales que puedan ponerse en marcha a partir de ahora. La desesperanza es mucha para que nuevas promesas inconsistentes sigan alimentándola. Y ya sabemos que ésta anida principalmente en la izquierda.
Si Sánchez pretende realimentar la imagen de su Gobierno tampoco debe olvidar atajar conflictos como el que están protagonizando estos últimos días sus ministros Yolanda Diaz y Carlos Cuerpo a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Está en el pacto del Gobierno de coalición y ya está firmada con los sindicatos. Retrasarla no sólo debilitaría a Díaz, con la incertidumbre electoral sobre las consecuencias de la desaparición de Sumar, sino que restaría en la estrategia de potenciar “el BOE frente al bulo” con la que se reivindicó el presidente en diciembre pasado. Mentar al BOE y no usarlo puede resultar aún más caro.
