Con la elección de Isabel Perello, progre moderada, para dirigir el Poder Judicial, se espera reducir el sesgo conservador de la magistratura  

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial

José García Abad

Isabel Perelló, la primera mujer que presidirá el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, progresista moderada ella,  ha transmitido el sentir general de la magistratura, conservadora en su gran mayoría, tanto entre los jueces como entre los fiscales, al reclamar al gobierno de la nación respeto a su independencia. Es un buen arranque para tomar medidas que, justamente, contribuyan a reducir el sesgo conservador de uno de los poderes del Estado.

Se apoyará Perelló en el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para desbloquear el CJPJ, un compromiso al que debe su nombramiento y que incluía algunas directrices para el propósito, como la de ampliar la base de jueces incorporando a gente más joven y de variada ideología.

De forma más inmediata Perelló deberá abordar dos importantes tareas: contribuir junto al Congreso de los Diputados a la selección de 12 de los 20 vocales del CGPJ previsto para el 6 de febrero, así como cubrir más de cien plazas en la cúpula judicial, una de cada tres plazas del Tribunal Supremo, que deberá cubrir en el primer semestre del presente año 2025. Hay que recordar a este respecto que el Gobierno espera colocar a dos magistradas de su confianza: Ana Ferrer para presidir la sala de lo penal del Tribunal Supremo donde se juzga a los políticos y Pilar Teso para dirigir la del Contencioso Administrativo que decide sobre las medidas tomadas por el Gobierno.  

Amplia lista de indeseada espera

Colean por la izquierda los casos ‘Ábalos’, ‘Begoña’, “David Sánchez”, hermano del presidente’; o el del  ‘fiscal general del Estado’, y por la derecha declararán ante el Supremo el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; ocho periodistas; y la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid sobre quién tuvo acceso y cuándo a los correos entre el novio de la presidenta madrileña y la fiscalía intentando llegar a un acuerdo sobre su delito fiscal reconocido.

Como recuerda Inmaculada Sánchez en su crónica de esta semana en Ojo Avizor, “la munición judicial que está usando la oposición se basa, hasta ahora, en la admisión de querellas, la apertura de diligencias, la citación de testigos, la imputación de delitos y en la investigación a personas muy señaladas políticamente. Iniciativas de los instructores que, salvo en la compra irregular de mascarillas que destapó el ‘caso Koldo’, están siendo objeto de discusión entre juristas por su posible arbitrariedad y su inusual lentitud”.

Inmaculada concluye con la mágica esperanza de unos buenos reyes: “Cabría desear , sueña, que tal como aventuraba la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, hace unos días, los jueces decidan este 2025 abrir juicio contra quien lo merezca, o archive definitivamente las causas. Otro año más con los jueces como prima donas del escenario político sería el peor regalo de Reyes para nuestra democracia”.

Benítez de Lugo da fe del buen criterio de Perelló

Da fe del impecable compromiso democrático de la nueva presidenta del poder judicial nuestro ilustre colaborador José Mariano Benítez de Lugo, presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid, entre otros reconocimientos, en su columna en Ojo Avizor, quien se sorprende de la unánime  bienvenida que ha recibido Isabel de la prensa conservadora y de los vocales de tal calificación del propio Consejo General del Poder Judicial. 

Entiende Mariano que la autoridad de Isabel ha salido reforzada por el hecho de que no debe su nombramiento a decisión política alguna, que lo quizás más relevante es la gran persona que es y que haya sido elegida por su trayectoria judicial.  

Y es que ella cumple una circunstancia no exigida legalmente, el ser magistrada del Tribunal Supremo que es no imprescindible para presidir el CGPJ, pero sí conveniente para la “jefa” de todos los jueces, incluidos los del propio Tribunal Supremo; al ser “una de ellos”, en un colectivo tan corporativo.

Por otra parte, su reconocido “progresismo” ha sido tildado por los medios de comunicación conservadores de “moderado” y por tanto aceptable por tirios y troyanos, máxime cuando se ha evidenciado que no la votaron cuatro vocales del sector “progresista”, un dato que les tranquiliza, aunque su talante “moderado” no le impidió asestar un golpe mortal a la venta de viviendas públicas por la Comunidad de Madrid regida por el Partido Popular.

Benítez de Lugo contactó en su labor profesional en las Sentencias que revocaron sendas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habían confirmado la sentencia del juzgado 29 de Madrid, rechazando a un inquilino su legitimación para impugnar la mencionada venta de viviendas sociales a un Fondo Buitre (Encasa Cibeles/Azora). 

En su libro publicado antes de este verano titulado “Los desahucios instados por los Fondos Buitre” , (en sus págs. 42 y 43) ya se refería Mariano a sus sentencias en términos elogiosos, pues Isabel trataba el quid de la cuestión con estas bellas y acertadas consideraciones: 

“Es claro que afecta a la situación de un arrendatario acogido a un régimen público de viviendas de protección oficial, su transmisión al ámbito privado de modo que esta alteración de la condición y cualidad del arrendador, no puede considerarse indiferente para el arrendatario, pues no es jurídicamente irrelevante para el arrendatario que el titular de la vivienda sea una Administración Pública sometida al mandato de los artículos 9.2 y 47 de la CE. 

El cambio de régimen jurídico que le ocasiona al recurrente no es meramente abstracto, antes bien, tiene consecuencias directas y concretas, dada la diferencia entre los fines sociales que sí tiene una Administración Pública que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador. La subrogación en la titularidad de la vivienda determina una alteración subjetiva de la relación arrendaticia ya despojada de todo criterio o interés social.”

La doctrina de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de la mano como ponente de Perelló obligó a que el pleno del propio TS (su Sala Civil) en su sentencia de 23-12-2021 insistiese en las “futuras pero ciertas, consecuencias negativas derivadas de los fines sociales inherentes a la actuación del IVIMA” (con la venta de las viviendas protegidas). 

En resumen, la actual presidenta del CGPJ con una sensibilidad social a menudo olvidada por nuestros jueces, fue la artífice de una postura judicial que demolió la venta de viviendas públicas a un fondo especulativo, y consecuentemente reparó el daño producido a miles de modestos arrendatarios de viviendas protegidas.

En otro orden de cosas, con la inauguración del año judicial, Perelló trató en su discurso, ya como presidenta del TS y del CGPJ, dos temas interesantes: el de la mujer juez y su escasa presencia en los cargos judiciales, por un lado, y por otro, el derecho a la crítica a la labor de los jueces. Son ambos temas de hondo calado.

La necesaria transformación de nuestra plantilla de jueces 

José Asenjo Vallejo, un muy competente director de comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, con la sana intención de convencerme de que la justicia española es igual de justa para todos, desplegó ante mí, a bote pronto, para mi libro “Todos lo sabían” una impresionante ristra de casos que lo demostrarían: 

”En este país, por hablar de lo que se ha producido en esta última etapa, hemos tenido la sentencia de Gürtel que de hecho está en el origen de una moción de censura que derriba al gobierno de Mariano Rajoy, una sentencia que se dicta gobernando el PP. O la sentencia del caso Nóos que afecta a la Familia Real. Se ha sentado en el banquillo de los acusados a la hija del jefe del Estado; ingresa en prisión el yerno del jefe del Estado. Hemos tenido la sentencia de Filesa, la de los ERE por la que se ha condenado a dos presidentes de Andalucía. Los tribunales han dictado sentencias a partidos de uno y otro signo, incluso a la familia real. Y esto viene de muy lejos. Sentencias que llevaron a prisión a un ministro del Interior como José Barrionuevo, gobernando el PSOE. Al general Galindo, a Rafael Vera…” 

José Asenjo Vallejo, director de comunicación del Consejo General del Poder Judicial 

Una impresionante lista que, más que para demostrar que la justicia es ciega, muestra hasta que grado de corrupción política hemos llegado en este país. Tan infamante lista no muestra que la justicia española sea igual para todos.  Faltaría más, que en un país dotado de un régimen democrático no hubiera sentencias de todo tipo. Hasta ahí podíamos llegar. 

Los no justiciables

Desde mi punto de vista, lo que muestra las deficiencias de la justicia es la gente importante que se salva, que en España no son pocos, empezando por el rey Juan Carlos del que se espera ejemplaridad. Y del rey abajo, Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, o empresarios como Emilio Botín, Cesar Alierta, Alberto Cortina, Alberto Alcocer y compañía. Aunque no son tantos como los procesados, sí representan una exquisita muestra del club de los intocables, no por la gracia del rey sino porque en nuestra judicatura predomina una mentalidad conservadora que puede ser implacable con los políticos, pero no tanto con los señores del dinero, y a quienes les cuesta, por ejemplo, digerir que la evasión fiscal no es un pecado venial.

Carlos Jiménez Villarejo, primer fiscal anticorrupción, quien bajo la dictadura militó clandestinamente en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) -forma utilizada por el Partido Comunista para su presencia en Cataluña-, quien participó en la clandestina “Justicia Democrática”, quien fue sancionado por su oposición a la dictadura con un traslado a la Fiscalía de Huesca, sostiene que la justicia no es en este país igual para todos. 

Sentencia Jiménez Villarejo: “El delito fiscal es un delito gravísimo. Como dijo el que fue fiscal del cantón de Ginebra Bertrand Bertossa, que colaboró con la justicia española en el descubrimiento de los fondos que Luis Roldán tenía ocultos en Suiza, el delito fiscal no es neutral porque el que delinque lo hace en perjuicio directo de los contribuyentes honrados”. 

Opina que la justicia española tiene unos límites marcados por el conservadurismo de los jueces, según los cuales no aplican la misma vara de medir a los delincuentes comunes que a los de cuello blanco, y que no terminan de considerar como muy graves los delitos fiscales. 

En su opinión “la persecución del delito económico desde las más altas posiciones de poder es aceptada con dificultad por la Administración de Justicia, -jueces y fiscales- con las necesarias excepciones”. Considera significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Ministerio Fiscal, en varios procedimientos, se alinease objetivamente con los imputados y acusados en lugar de servir a los intereses generales. Y señala que el impulso de estos procesos fue posible gracias al ejercicio de la acción popular por los ciudadanos”. 

Hasta donde ha llegado la politización de la justicia

La reunión a puerta cerrada de Feijóo, el 18 de abril de 2023 en el hotel Claridge de Madrid, con la conservadora Asociación de Fiscales y las fuertes reacciones que ha generado por parte de las asociaciones progresistas como la Unión Progresista de Fiscales y la de Juezas y Jueces para la Democracia, así como por la fiscalía general del Estado y por el propio Gobierno de la nación, muestra con más dramatismo de lo habitual los extremos a los que ha llegado la politización de la justicia.

De hecho, la politización de la justicia se ha convertido en un tópico, pero la cena de Feijóo con los fiscales conservadores y sobre todo que en ella estos expresaran su deseo de que el PP ganara las elecciones generales previstas para finales de 2023, así como los reproches a leyes sobre las que pueden tener que decidir y el aplauso a la promesa de Feijóo de que no renovaría el CGPJ en contra del mandato constitucional, ha sido llevar la guerra demasiado lejos. Jiménez Villarejo reaccionó ante este cenáculo con un artículo publicado en El País del 4 de mayo de 2023, bajo el título aclaratorio de “El Ministerio Fiscal, al servicio de la derecha conservadora”.

Recordaba Villarejo que el fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, está sometido, por encima de su estructura jerárquica, a los principios de “legalidad e imparcialidad”. Bajo ningún concepto, al poder político, lo que no impide su estructura jerárquica que culmina, de forma exclusiva y excluyente, en el/la fiscal general del Estado. 

Por tanto, razonaba que “cualquier intromisión del poder político o de la clase política en el ejercicio de sus funciones perjudicaría o perturbaría su imparcialidad o sujeción al principio de legalidad. Y, lamentablemente, constan incontables intromisiones políticas que han perturbado seriamente el rigor profesional y la lealtad democrática de los Fiscales”.

Posiciones incompatibles con su condición profesional

En su opinión, la reunión con Feijóo presentó signos preocupantes, expresados por fiscales de la máxima relevancia profesional, como Consuelo Madrigal, fiscal general durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del PP. Ambos no han omitido opiniones abiertamente políticas, profundamente conservadoras y hondamente críticas con el actual Gobierno de Coalición, asumiendo posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional. 

Madrigal se atrevió a afirmar: “Hay una perversión del procedimiento legislativo”. Añadiendo que dicha “perversión” la han extendido al Ministerio Fiscal. Y Narváez: “El Gobierno ha deteriorado las instituciones”, expresando sus profundas raíces conservadoras cuando, refiriéndose al Gobierno, se permitió preguntarse qué hará Feijóo “con el deterioro institucional” cuando llegue al Gobierno. 

Lo expuesto es gravísimo para la institución, porque los asistentes y los ya citados violaron gravemente el Código Ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020. En una de sus normas, de obligado cumplimiento, se dispone lo siguiente: “Las y los fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia”. Precepto abiertamente infringido por los asistentes a dicho encuentro y, especialmente, por los fiscales expresamente citados.

El caso Botín

Jiménez Villarejo se escandalizaba con el caso Botín: “A mí lo que me ha impactado fue el caso del juez central número 4, Fernando Andreu, cuando inició diligencias previas contra el grupo familiar Botín por su aparición en las listas de Falciani. En su opinión ha sido “la mayor regularización fiscal de la historia de España, según reconoció el Gobierno. Y el juez se vio obligado a archivar el proceso penal contra el grupo económico más potente de España. 

Eso fue un ejemplo de impunidad muy grave. Me preocupa que el ciudadano medio no lo sepa porque no tiene medios para enterarse y no se le ha explicado bien. También inquieta que la imagen de fortaleza económica y política que traslada este segmento de la población es tan fuerte que se comprende que haya determinados jueces y tribunales incluidos fiscales que realmente les cuesta hacer frente a este tipo de delincuencia”.

El Constitucional salvó a los Albertos, amigos del Rey

Refiriéndose al Caso de los Albertos, Jiménez Villarejo destaca que, tras la condena del Tribunal Supremo a los señores Cortina y Alcocer, el Tribunal Constitucional decidió la absolución de los acusados a partir de una interpretación, radicalmente novedosa, del principio del Código Penal sobre la prescripción como causa excluyente de responsabilidad penal. El Supremo se vio obligado a revocar su resolución anterior, pero manifestando su radical desacuerdo.

Diré, bajo mi responsabilidad, que el de los Albertos, amigos, compañeros de cacerías y juergas y protegidos por el rey Don Juan Carlos, fue uno de los casos más señalados en el que pudo verse la influencia de los poderes económicos, en este caso protegidos por el Tribunal Constitucional.  

Cuando el Tribunal sentenció el ‘no ha lugar’ dejando libres de culpa a los Albertos, se produjo un fuerte malestar en la Judicatura y de forma muy lacerante en el Tribunal Supremo. 

El fiscal general del Estado, a la sazón Cándido Conde Pumpido, comentó las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, entonces Eduardo Esteban, quien sostenía que el Tribunal Constitucional debería estar más con los estafados que con los estafadores. 

Las críticas de Conde Pumpido sentaron muy mal en el Constitucional que se dirigió al presidente Zapatero por carta pidiendo el cese del fiscal general del Estado, una petición que no fue aceptada.

Caso Alierta, cuando el Supremo recibió más presiones

Señalaba también como ejemplo Jiménez Villarejo el Caso Alierta, un proceso que, en su opinión, contó “con las dificultades derivadas de esa alianza, objetiva, entre los poderosos y los Tribunales”. 

Me permito añadir el comentario de una fuente judicial que me asegura que fue en este proceso cuando el alto tribunal recibió “más presión que en toda la historia del Supremo y las presiones llegaron al más alto nivel, tanto directamente como por medio de la Prensa”. 

El concepto de prescripción es un tanto flácido, al no establecer una cantidad concreta defraudada para decidir si hay agravamiento o no, por lo que el asunto queda al criterio del tribunal. Es este un tipo penal que se ha aplicado muy pocas veces. 

Concluye Jiménez Villarejo que los jueces no solo no valoran como infracciones penales conductas presuntamente delictivas que han puesto en peligro o lesionado el orden económico constitucional, sino que las justifican apelando al valor intrínseco del mercado.  

Son jueces, no ya conservadores, a lo que no habría nada que objetar, sino que no han asumido los valores constitucionales sobre los límites a la economía de mercado. Y, en consecuencia, más allá de su intencionalidad, se alinean objetivamente con los intereses de quienes han adoptado decisiones que profundizan la desigualdad de nuestra sociedad y crean obstáculos para una más justa distribución de la riqueza. 

“Son ejemplos – concluía Jiménez Villarejo – de como los Tribunales   no contribuyen, como les exige el artículo 9.2 de la Constitución, a que la igualdad sea más real y efectiva de lo que es actualmente. La consecuencia es que, para estos jueces, los imputados y acusados en estos procesos están por encima del alcance de la ley·.

Hastiados de tanta corrupción política

En mi opinión, la forma más tosca, pero a veces la más efectiva, que utilizan algunos empresarios para conseguir favores de las Administraciones Públicas es el soborno. El país está hastiado de tantos casos de corrupción política y no confía demasiado en las promesas de regeneración de los distintos partidos. 

En principio hay que reconocer a los jueces de juzgados ordinarios su diligencia y, a veces valentía, con que instruyen o juzgan los casos de corrupción, con frecuencia sin la disposición de medios personales y materiales para juzgar casos muy complejos. 

También hay que reconocer, yo al menos lo reconozco, el eficaz trabajo de algunas dependencias de la Policía y de la Guardia Civil que, ellos sí, disponen medios técnicos muy sofisticados para la vigilancia de los malhechores de guante blanco. Cabe, sin embargo, en estos casos la duda sobre la manipulación que puedan ejercer sobre ellos desde el Ministerio del Interior.

Hay que reconocer, insisto, el mérito de dichos jueces, pero cabe preguntarse si luce con tanta brillantez el comportamiento de las altas instancias judiciales o para judiciales: el Consejo General del Poder Judicial; el Tribunal Supremo; el Tribunal Constitucional; el Tribunal de Cuentas del Reino o la fiscalía general del Estado.

La verdad es que el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional, a donde recalan finalmente numerosos casos de corrupción, no se deja presionar fácilmente, aunque algunos casos se han dado en sentido contrario. 

Uno de los casos más llamativos fue el del Banco Santander, que ocasionó, nada menos, que una doctrina suprema: “La Doctrina Botín”. Quizás la importancia del personaje aconsejara al alto tribunal estimar que la acusación popular no estaba facultada para sentar a nadie en el banquillo cuando ni el fiscal ni la parte perjudicada mantenían la acusación. Emilio Botín había llegado a un acuerdo con sus acusadores, los perjudicados y ni la Agencia Tributaria ni la abogacía del Estado se personaban en el caso. La Doctrina Botín tuvo corta vida porque un par de meses después surgió el caso Atutxa que acuñó una sentencia contradictoria.

Justicia politizada y política judicializada

En todos los países se produce alguna contaminación de la actividad judicial por la política. En opinión de José Asenjo, director de comunicación del CGPJ: “Hay mucho más de judicialización de la política que viceversa. El problema en este país, como se ve en las encuestas que realizamos en el Consejo de las que se encarga Metroscopia, dirigida por José Juan Toharia, lo que percibe la mayoría de los jueces es que los políticos se abstienen de resolver los grandes temas y prefieren dejarlos en manos de la Justicia y al final la Justicia se convierte en una especie de tercera cámara. Hemos perdido los grandes consensos del principio de la Transición y cada vez más se deja la solución de los problemas a lo que digan los jueces”.

Coincide con esta visión Eduardo Torres-Dulce que lamenta que los políticos no asuman sus responsabilidades políticas. “Si dicen, precisa, “eso que lo resuelvan los tribunales” están llevando esa responsabilidad política al órgano jurisdiccional”. Torres-Dulce lamenta que en España se produzcan ambos fenómenos con consecuencias deplorables. 

Torres-Dulce que ocupó dignamente el delicado puesto de fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno y por tanto expuesto a la contaminación de la que se salvó dimitiendo, cuando, al parecer, se negó a seguir consignas respecto a la cuestión catalana, sostiene que la división de poderes de Montesquieu ha sufrido en la evolución de los regímenes democráticos un progresivo deterioro en beneficio del Ejecutivo. En España, el Ejecutivo ha ido expandiéndose en sus funciones, desequilibrando al poder más importante que es el Parlamento. 

Siempre ha habido un interés por parte del Ejecutivo en que las resoluciones judiciales se hagan de acuerdo con los criterios propicios al Gobierno. Esa invasión del Ejecutivo ha llevado progresivamente a que los partidos copen todas las instituciones, lo cual es antidemocrático. 

En su opinión la “Enmienda Bandrés” introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, por la que se suprimió la elección por la carrera judicial de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial fue un error [ y así lo reconoció el propio Bandrés cinco años después] pues podía llevar a un modelo anticonstitucional al establecer un sistema de cuotas por paridad parlamentaria, lo que ha producido la invasión en la política en el órgano de gobierno de los jueces. Concluye que, por culpa de los partidos se ha ido degradando la independencia y autonomía de los jueces y los fiscales y de sus órganos de representación institucional correspondiente.

No obstante Torres-Dulce opina que la politización no es tan exagerada como se dice y que tampoco es exacto que las asociaciones de jueces y fiscales sean partidos políticos. En su opinión sería muy positivo que los partidos no pudieran participar ni directa ni indirectamente como acción popular, pues no tiene ningún sentido que un partido participe en un proceso judicial.

“Se han producido – lamenta – situaciones chantajistas al intervenir con intereses extrajudiciales. Yo creo que a la Acción se le dé una vuelta. No suprimirlo, porque es una forma de participación popular, pero sí que permita una depuración de intereses espurios”.

En opinión del dircom del CGPJ, en España tenemos el problema, que no se da en otros países, de la existencia de distintas asociaciones judiciales. En el resto de los países europeos, salvo en Francia donde no está permitida la sindicalización de los jueces, pero si pueden pertenecer a asociaciones profesionales, en los demás países europeos solo hay una asociación profesional que defiende los intereses de los jueces. Aquí solo existía una la Asociación Profesional de la Magistratura; fue después cuando surgen las demás. Algunas de ellas están muy identificadas con los partidos: la APM con el PP, Jueces para la Democracia con el PSOE. Si pasamos de la elección parlamentaria a la elección por los propios jueces y son las asociaciones las que ponen a sus candidatos el ciudadano va a seguir esa politización.

En opinión de José Antonio Martín-Pallín se ha abusado de la Acción Popular, sobre todo por Vox, y por Manos Limpias, pero tiene sus ventajas. La verdad es que mucho material llega desde fuera; son pocos los magistrados que han iniciado por su cuenta investigaciones de delitos políticos y es más que minoritaria la que procede de la fiscalía o de la Administración de Estado.  La mayoría son querellas de acciones populares como la del aborto. 

¿La Transición pasó por la Judicatura?

Otro límite de la justicia es su reticencia para interpretar la irresponsabilidad del rey en el ámbito de lo político y en general a la hora de juzgar delitos del monarca y su familia. Hay quien explica esta actitud sosteniendo que la Transición no ha pasado por la Judicatura, un hecho que me niegan con vehemencia los magistrados que han tenido la amabilidad de recibirme, incluso los más de izquierdas. 

Es especialmente vehemente al respecto Eduardo Torres-Dulce, quien mostró su independencia, como hemos dicho, cuando fue fiscal general del Estado. Esta fue nuestra conversación al respecto: “Yo llamo Transición a lo que supuso la Constitución Española, que representó un pacto para conseguir un Estado de derecho, con división de poderes y demás. A partir de 1978 lo que hacen los tribunales es aplicar la gran norma y a final del año 80 u 81 se crea un cuerpo de doctrina muy importante en el que se van resolviendo recursos de amparo y se empieza a llamar la atención a aquellos tribunales que no eran suficientemente conscientes de ello. Así que decir que la Transición no ha afectado a la justicia es, como mínimo inexacto”.

Este fue el coloquio que sostuvimos:

JGA: Pero los jueces eran muy franquistas. No nos olvidemos del Tribunal de Orden Público, el siniestro TOP, cuyos jueces siguieron ejerciendo hasta su jubilación. 

ETD: “También eran franquistas los militares, y los políticos… Eso no significa nada. Un juez puede tener la ideología que quiera, pero está sometido a la Constitución y, desde 1978, tenían que atenerse a ella; su nivel de impregnación fue desarrollándose progresivamente.

JGA: “Mortis causa”, conforme se iban muriendo los franquistas

ETD: Todos, incluidos los del TOP asumieron la Constitución. Yo, te insisto, no puedo estar de acuerdo en que la Transición no afectara a la Judicatura. Objetivamente no es verdad. Normativamente, tampoco. Habrá los casos que quieras, pero en general, a partir de 1978 y de forma muy acusada en los años 80, se produce un cambio estructural y de mentalidades en jueces y fiscales. ¿Qué actos contra la Constitución perpetraron esos jueces franquistas? 

Probablemente no habrá jueces más progres que José Antonio Martín-Pallín que aceptando que la Transición no afectó a los jueces, extiende las deficiencias de la misma a todos los estamentos sociales. 

“La Transición – enfatiza – no afectó a la judicatura, ni al periodismo, ni al Ejército, digan lo que digan; ni a los notarios, ni a los registradores por supuesto, ni a gran parte de la sociedad española. Si se hubiera hecho no asistiríamos al espectáculo que estamos viviendo. Cuando en noviembre de 1989 me nombran magistrado de la sala II me encontré con uno que había estado en la División Azul y otros como Antonio Huerta y Álvarez de Lara, que eran muy conservadores, pero debo decirte que con ellos tuve menos problemas que con Marchena que es un genio del mal. Que es como doña Rogelia”.

Clemente Auger, crítico con muchos aspectos de la progresía me aconseja que no le ponga el ejemplo de Alemania donde los nazis cayeron tras la derrota en la II Guerra Mundial. Aquí Franco murió en la cama.

“A España – sostiene – le libraron de la guerra mundial los aliados porque les convenía. Aquí la Transición fue un pacto muy amplio en el que entraba que no se tocara la Magistratura … Cada uno es como es, no es posible ajustar cuentas…. Si llegamos a la Transición de la que algunos estamos tan contentos fue por un pacto con los que estaban”.

Sostiene Auger que al juez hay que reconocerlo por sus resoluciones, no por su ideología. “Las ideologías – sentencia – son malas, tanto la del progre como la de los conservadores. Ahora no lo sé, pero creo que antes la Magistratura era el resultado de la sociedad española. No creo que al régimen le preocupara la Magistratura…Contaba con el TOP y fuera. La judicialización de la política es un invento del Progre. Usted no puede desjudicializar; no utilice esa palabra sino “despenalizar”. Mientras el código penal está así no puede usted hablar de desjudicializar”. 

José Asenjo Vallejo niega rotundamente que no haya pasado la Transición por la Judicatura: “Yo creo que decir que la Transición no haya pasado por la judicatura es absolutamente voluntarista. Hay unos 5.500 jueces en España, la media de edad está en los cincuenta y tantos años. Todos ellos, si no nacidos en democracia, tendrían 6 o 7 años cuando murió Franco, y que hubieran ingresado en la carrera judicial antes de la aprobación de la Constitución no se si habrá alguno. Uno de los últimos que ya no está en activo era Luciano Varela, uno de los fundadores de Jueces para la Democracia. No sé si queda alguno más”. 

En mi opinión, también muy personal, el caso de la Magistratura es diferente al de otros sectores al permanecer en él los jueces que integraron el siniestro Tribunal de Orden Público (TOP), un instrumento de la dictadura.

No es bueno que los partidos se personen en los juzgados

Cándido Conde-Pumpido intentó que los partidos no se metieran en procesos judiciales, que no se convirtieran en acusaciones pidiendo la condena del contrario. La prohibición a los partidos de personarse en los juicios se introdujo en el proyecto para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo Zapatero, pero no se llegó a aprobar.  

Conde-Pumpido propuso al presidente Zapatero y al líder de la oposición, Mariano Rajoy, hacerlo por consenso. Ambos aceptaban que los partidos están para llevar la política a la calle, al Parlamento, pero no a los juzgados; que no es bueno que se personen en un procedimiento para pedir la condena del adversario. Habitualmente, ni el PSOE ni el PP, desde sus direcciones nacionales, lo hacían, pero no impedían que lo hicieran los cargos regionales que lo utilizaban en sus luchas locales. 

Pero la personación o no de los partidos en los juzgados para acusar a sus adversarios es solo una muestra de la politización de la justicia. El problema que subyace es la militancia de hecho – tienen prohibido afiliarse a partidos – de muchos jueces a los que se les atribuye la etiqueta de progresistas o conservadores. Muchos jueces han cogido su fusil ideológico, un problema que tiene difícil arreglo legal. Solo cabe la esperanza de que, sin renunciar a sus creencias, a las que tienen derecho como todos los ciudadanos, actúen en los juzgados con total independencia. Es un imperativo moral.

No se respeta el espíritu de la Constitución

El más politizado es el máximo órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una cuestión peliaguda es, reitero, la naturaleza del gobierno de la justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del nombramiento del presidente del Tribunal Supremo por este órgano. La Constitución establece que éste sea elegido por el CGPJ y así se hace formalmente, pero no de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna. Esta establece que el parlamento elige al Consejo y son los vocales los que eligen al presidente de este, pero en realidad son los partidos los que lo hacen y ello perturba su funcionamiento.

Es normal que los vocales del Consejo sean elegidos por el Parlamento y no por los jueces, que no deben determinar la composición de un poder del Estado como es el judicial. Lo más democrático es que lo determinen los representantes de los ciudadanos. Sería absurdo que si, por ejemplo, una proporción enorme de los jueces fuera mayoritariamente conservadora y en cambio la sociedad española, a través de su representación en el parlamento fuera mayoritariamente progresista, tuviéramos un CGPJ que fuese una especie de contrapoder, un sector minoritario frente al conjunto de la sociedad. 

Los criterios que se lleven al Consejo tienen que ser los mayoritarios de la sociedad. Lo más conveniente es establecer un sistema que no deje participar a las asociaciones profesionales de la Magistratura en la constitución de este. En puridad democrática deben hacerlo los representantes del pueblo en el Parlamento.

El sistema puede funcionar bien si se cumple el espíritu de la Norma Suprema que establece que el Consejo será nombrado por sus vocales que, a su vez, eligen a su presidente, pero lo que sucede es que el Consejo que debe ser independiente es controlado por un presidente que en realidad no ha sido nombrado por el Consejo como dice la Constitución, aunque lo sea formalmente, sino pactado por los partidos. Eso es inconstitucional. 

La Constitución no dice que lo pacten los partidos, pero siempre se ha pactado. José Luis Rodríguez Zapatero se puso de acuerdo con Mariano Rajoy para poner a Carlos Divar, un nombramiento muy polémico y Mariano Rajoy se puso de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba para nombrar a Carlos Lesmes. Y como al Consejo se le ha dado un tinte muy presidencialista quien realmente toma las decisiones es el presidente.

Se están cumpliendo los malos augurios

En opinión del director de comunicación del CGPJ la fórmula establecida en la Constitución es muy abierta: al indicar “de la forma que elijan…” El Tribunal Constitucional no decidió sobre la fórmula, pero dijo que valía la de los doce. 

Hoy, tantos años después, se están cumpliendo los malos augurios: que se convertiría en un sistema de cuotas. Es verdad que hay unos contrapesos, por ejemplo, el sistema de mayorías necesarias para hacer los nombramientos, pues dentro del consejo hace falta la mayoría de tres quintos para elegir a cualquier cargo discrecional. De forma que los nombramientos del Consejo ya si son consensuados, Si repasas los nombramientos que se han producido en este último Consejo. por ejemplo, verás que todos han salido con mayorías amplísimas. Naturalmente con votos de ambos sectores.

En la opinión, “muy personal” de Asenjo, “el sistema está tocado, porque se ha pervertido por parte de los grupos parlamentarios” pero no es necesario cambiar la Constitución. 

¿Es necesario el CGPJ?

Me pregunto si es necesario un órgano de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial, si no sería más razonable que, de acuerdo con la división de poderes, el de la Justicia, que es un poder de naturaleza diferente, fuera ejercido por cada juez en su juzgado. 

Personalmente soy partidario de esta fórmula al que habría que aplicar alguna forma de institucionalización que no desnaturalizara su esencia. Pero entiendo que la cuestión es muy compleja. De hecho, existe una fórmula próxima a la española, con más o menos poderes en varios países de nuestro entorno como Francia, Italia o Portugal. Es verdad que un sistema sin un gobierno de los jueces propiamente dicho que reproduce el esquema del Legislativo y el Ejecutivo, sería muy débil ante la fuerza del Gobierno y de los poderes fácticos. 

Predomina la idea de que es preciso un órgano independiente que haga los nombramientos, que establezca la disciplina etc. Si – entienden – ello depende del ministro de Justicia; si el ministro nombra a los jueces, los sanciona o los asciende, determina quién va al Tribunal Supremo; si un juez teme que puede ser represaliado por dictar una sentencia contraria al Gobierno en un proceso contencioso administrativo, probablemente no actuaría con libertad. Sería el Gobierno quien mandaría en la Magistratura, eliminando a Montesquieu que se inventó el sabio principio de la división de poderes. 

Se conforman con la pena de banquillo 

En lo que se refiere a la relación entre el jefe del Estado y la Judicatura parece que esta acepta de hecho, aunque no con su retórica, que no es igual para todos, que unos son más iguales que otros. Incluso a algunos de los magistrados más progres con los que he hablado les parece un milagro que en España, donde el régimen no cayó por una revolución o por las consecuencias de una guerra, como en Alemania o Italia, se pueda hacer pasar por los juzgados a miembros de la familia real, como a la infanta Cristina en el caso Nóos. 

Clemente Auger, que se expresa en términos sumamente coloquiales, me dijo al respecto: “No me digas que no hemos adelantado muchos años en España cuando la hija del rey estuvo en el banquillo durante muchísimos días. ¿Tu sabes lo que es la pena de banquillo? Por lo que he leído, yo la habría condenado. Desde fuera el juicio me pareció mal, pero ¿tu crees que una hija de Alfonso XIII se iba a sentar en el banquillo? A Juan Carlos no le deberían enterrar en El Escorial; por cutre. Un tío que se enamora de Barbara Rey, echando un polvo en un piso del CNI … Lo más grave de todo es que hayamos tenido que soportar que en uno de los sitios mas bellos de España, que es El Pardo, tuviera una casa Corinna”. 

En cambio, a Martín-Pallín le pareció el juicio a la infanta Cristina una chapuza pues ella era la que firmaba todo, y extiende la crítica a la reina Sofía Reina por decir que por qué la infanta no iba a vivir en el palacio de Pedralbes.

Ciertamente con el paso del tiempo la justicia ha cambiado mucho como ha cambiado la sociedad española a pesar de lo cual, como reconoce Asenjo, la justicia no tiene buena imagen, lo que atribuye al poco roce de los ciudadanos con ella. “Cuando preguntas por la justicia- argumenta – solo uno de cada tres ciudadanos tiene a lo largo de su vida algún contacto con la justicia y la mitad solo uno en la vida.

Si preguntamos a un señor de la calle -anota – quien crees que es juez de los que pasan por allí, seguramente te va a señalar a un varón de cierta edad, cuando en la realidad de la carrera judicial está compuesta por un 56 % de mujeres. Las mujeres son mayoría en 17 de las Comunidades Autónomas, y en la única que no lo son, Murcia, las mujeres son más del 49 %. Y la media de edad es muy joven”. Asegura que desde hace años el poder judicial es el mejor valorado en todas encuestas de los tres poderes del estado, del Parlamento y del Ejecutivo, aunque reconoce que en parte no solo por el mérito del poder judicial como del demerito de los otros, de la clase política.

“Cuando le preguntas a un ciudadano por la justicia, en qué piensa – argumenta – el ciudadano que normalmente no va al Juzgado su opinión está muy condicionada por lo que recibe de los medios de comunicación y los medios se fijan en esos grandes casos. Cuando ves los juicios del Consejo de Europa, puedes observar que las cifras de resolución en España son bastante más positivas que en otros países con sistema judicial parecido al nuestro, un sistema continental, el francés o el italiano”.  Es verdad que en medio siglo las cosas han cambiado mucho.