José Sanuy
Un año después del gran apagón del 28 de abril de 2025 a las 12.33 horas– técnicamente “Cero Eléctrico”– no tenemos constancia cierta Y definitiva de quien o quienes fueron los culpables. Por lo que sabemos de las investigaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dirige Cani Fernández, ha abierto expediente a Red Eléctrica Española (REE), filial de Redeia, que preside Isabel Corredor y a 55 compañías eléctricas. Sabemos que Cani acusa a la primera de comportamiento “muy grave” y a las eléctricas simplemente de conducta “grave”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba de urgencia el Consejo de Seguridad Nacional y comparecía públicamente a las 18:00 horas, donde explicaba que a las 12:33 horas del lunes 28 desaparecieron 15 gigavatios en cinco segundos, el 60% de toda la luz que consumía España en ese momento. Felipe VI acudía el martes a la tercera reunión del Consejo de Seguridad Nacional mientras España comenzaba a volver a la normalidad.
¡A tomar por culo! Nos estamos desconectando”
REE: “Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”, exclamó un dirigente del centro de control de REE justo en el momento en que se produjo el Cero Eléctrico.
-Eléctrica: Sí, se nos ha ido todo también, ¿vale? ¿Qué necesitáis?
-REE: No, Nada.
-Eléctrica: Se ha ido todo.
-REE: Bueno. Hala, se fue. Hasta ahora.
-Operador Eléctrico: venga, gracias. Hasta ahora.
Según las grabaciones que manejó el Senado que han sido destruidas. Los diálogos se produjeron según relata Carmen Monforte en El Pais entre los técnicos de REE y los de las eléctricas.
Destacan Corredor y Galán
Corredor comparte el “muy grave” con Ignacio Sánchez Galán por su responsabilidad en la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo que el presidente de Iberdrola comparte con sus socios Endesa y Naturgy.
Aparecen con carácter de simplemente “graves” las grandes compañías eléctricas entre las que destaca por su constancia pecadora Iberdrola “por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la “reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad”.
Señalando con nombres y apellidos aparecen destacados en el banquillo provisional: Isabel Corredor e Ignacio Sánchez Galán, el presidente de la mayor eléctrica a quien acompaña en la ignominia las otras compañías del oligopolio energético.
El campeón de los descuidados de larga duración, desde un par de años antes del gran apagón, es pues el dirigente de Iberdrola con un total de 18 irregularidades graves, seguido del responsable de Endesa, su consejero delegado José Bogas, con 12 y en menor medida Naturgy presidida por Francisco Reynés.
En el caso de los “muy graves” del “Cero Eléctrico” las multas pueden ascender hasta los 60 millones de euros, mientras que para los “graves” llegarían hasta los 6 millones de euros. Una miseria en comparación con la potencia de todos ellos.
Galán atribuye la responsabilidad en exclusiva a Red Eléctrica de España como resultado de una planificación inadecuada y de una mala gestión del sistema eléctrico y enfatiza que el único expediente relacionado con el apagón es el abierto a Red Eléctrica.
Iberdrola aprende de la experiencia del apagón incluyendo en los recibos a los clientes el coste de los “servicios de ajuste” que evite otro fundido en negro. El “escudo antiapagón”.
Corredor se defiende atacando
Beatriz Corredor ha reaccionado en una entrevista con Carmen Monforte para El Pais atacando a las eléctricas. “Desde el día siguiente – se defiende – las empresas empezaron a hablar de causas hipotéticas que se han ido descartando a lo largo de la investigación técnica y coincidieron solo en una cosa: echarnos la culpa sin ningún tipo de prueba, sin aportar los datos de sus plantas y intentado crear la idea en la opinión pública de que la culpa era de Red Eléctrica. Empezaron por la inercia y siguieron por el exceso de renovables. Su estrategia ha sido atacarnos y la nuestra ha sido esperar a conocer los datos y dar a conocer a la opinión pública la verdad, no nuestra verdad, sino la verdad. Porque esto es como la caja negra de un avión”.
Explica Corredor el mecanismo preventivo de la denominada “Operación Reformada” que se aplica ante la imposibilidad de saber si las compañías están o no cumpliendo con la normativa y señala que los parámetros del día cero estaban basados en que todo el mundo cumpliría con la normativa. El coste de la “Operación Reformada” lo cuantifica en 660 millones de euros lo que supone unos cuatro céntimos al día. “Es un dinero – acusa – que se están embolsando las generadoras que incumplieron su obligación de control de tensión el día del apagón. Me llama la atención que los mismos que se están beneficiando económicamente sean los que se quejen”.
Discrepancias en el Senado
Tanto el PP como el PSOE presentaron conclusiones enfrentadas en la comisión del Senado. Los populares apuntaron al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras los socialistas sostuvieron que “no hubo responsabilidad política alguna”.
Los del PP sostuvieron que el Gobierno “incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador eléctrico”, y denunciaron que Red Eléctrica cometió una “omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro”. También advirtieron de la “responsabilidad regulatoria” de la CNMC por “funcionamiento anormal del servicio público”.
Por su parte, los socialistas, insistieron en que el incidente fue un fenómeno “multifactorial, dinámico y de naturaleza sistémica” en un sistema que, en términos generales, es “robusto, fiable y alineado con los estándares europeos”.
El Gobierno cuya mayor responsable del sector es Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, puso el énfasis en la tarea de la CNMC, cuya presidenta es Cani Fernández que deja el organismo en junio tras concluir su mandato de seis años. Aagesen explica que cuando la CNMC decida las responsabilidades “tendrán consecuencias”.
En su declaración en el Senado Aagesen, que se ha negado a opinar sobre la actitud de Corredor, señaló que, “con los instrumentos que había ese día para la operación del sistema, no tenía que haber ocurrido lo que ocurrió”.
Aagesen se refirió además de a la CNMC al informe de su ministerio realizado a petición del Consejo Nacional de Seguridad que se publicó el 17 de junio de 2025 que señala dos motivos: la falta de programación adecuada de equipos para controlar la tensión o que las instalaciones de generación disponibles no respondieron como se esperaba; o bien una mezcla de ambas razones.
Se apoya la vicepresidenta también en el informa de Entso-e, (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad) en el que, constata, no se apuntan responsables, sino solo causas multifactoriales e imprevisibles.
Aagesen criticó a las eléctricas porque, tras el apagón, impidieron difundir los datos que proporcionaron para la elaboración del informe de su ministerio. Ante la falta de respuesta de las compañías a su petición de hacer públicos los datos que habían proporcionado, los asesores legales recomendaron a su departamento que dichos datos figurasen de forma anónima, y así siguen un año después.
Por su parte Corredor en sus declaraciones ante el Senado se negó a responder si estaba dispuesta a presentar su dimisión, tal como le pidió el senador del PP Miguel Ángel Castellón, a quien no le parecía normal que nadie haya asumido responsabilidades políticas. Corredor se aferró al informe de Entso-e que dictamina que el operador lo hizo bien y no incumplió ninguna normativa “antes, durante y después” que se produjera el cero eléctrico.
En realidad el Entso-e concluye que “el fenómeno clave del incidente fue la ineficacia del control de tensión en el sistema eléctrico español”. Y considera: “Así, a la caída de generación de múltiples plantas renovables, siguió la indebida desconexión de una planta fotovoltaica en Badajoz, así como de múltiples instalaciones de autoconsumo, que llevó al sistema eléctrico a un punto “donde, por diseño, el plan de defensa no pudo interrumpir la cascada de desconexiones por sobretensión y evitar el colapso total de los sistemas energéticos de España y Portugal”
