Resumen de un informe del Consejo Económico y Social (CES) presidido por Antón Costas Comesañas. Este informe, elaborado por la Comisión de Trabajo de Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura bajo la presidencia de Juan Jesús Vives Ruiz (consejero del grupo segundo, CEOE-CEPYME), se aprobó en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de octubre de 2025
A pesar de los aspectos positivos que se pueden argumentar en favor de la inmigración en España, en los últimos años, tanto las encuestas del CIS como el Eurobarómetro muestran que, en algunos segmentos de la población, la percepción de que la inmigración constituye un problema importante para el país ha crecido considerablemente.
Este escenario se ha visto fuertemente influido por el aumento de discursos de odio y la polarización social. En este sentido, resulta significativo que en 2024 el 43 por 100 de los hechos conocidos registrados como delitos de odio fueran de naturaleza racial o xenófoba, constituyendo la principal motivación de este tipo de delitos. Mensajes de este tipo, que a menudo combinan desinformación, información manipulada o incluso rumores no intencionados, generan apego emocional y refuerzan estereotipos negativos sobre la inmigración, presentándola como una amenaza para la sociedad.
Sin embargo, aunque la preocupación por la inmigración ha crecido a nivel nacional, sigue siendo menor cuando se analiza desde la experiencia personal de la ciudadanía, lo que refleja que gran parte de la percepción negativa se basa más en ideas y emociones producidas en el debate público y político que en la experiencia directa y cotidiana.
Las narrativas estigmatizantes no solo afectan a quienes llegan en busca de mejores condiciones de vida, asilo o protección, sino también a personas nacidas en España que, por tener orígenes migrantes, son clasificadas como “migrantes” y situadas en un espacio social jerárquicamente inferior. Así, mientras la inclusión permite vivir simultáneamente diferentes identidades, como sentirse español y a la vez tener orígenes migrantes, los discursos excluyentes nativistas y fundamentalistas exigen una asimilación rígida y excluyente, penalizando a quienes no se ajustan a su concepción de la cultura “española”.
Contra los discursos xenófobos
Frente a esta realidad, se hace imprescindible construir contranarrativas basadas en la verdad. Es necesario impulsar una visión común equilibrada y realista que reconozca y normalice la aceptación de la inmigración como un fenómeno estructural de nuestras sociedades y ponga en valor la convivencia en la diversidad de orígenes.
DISTRIBUCIÓN DE LOS HECHOS CONOCIDOS REGISTRADOS COMO DELITOS DE ODIO, 2024
(Porcentajes)
La inmigración es un factor decisivo para el dinamismo de la población en España, aportando al menos una quinta parte del total de residentes. Desde hace más de veinte años el crecimiento poblacional depende prácticamente en exclusiva de su aportación, registrando España una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, y una de las esperanzas de vida más altas. En las edades centrales de reproducción y participación laboral (20-49 años), tres de cada diez personas han nacido en el extranjero y un ter cio de los nacimientos es de madre con nacionalidad distinta de la española. Y ello sin contar a los españoles y españolas naturalizadas a lo largo de los años.
La inmigración, por tanto, sin constituir la solución al envejecimiento de la población, resulta imprescindible para el mantenimiento del crecimiento demográfico y la capacidad productiva en nuestro país, siendo decisiva para el funcionamiento de la economía, el mercado de trabajo y el Estado de Bienestar.
El CES entiende que la historia migratoria de nuestro país, los vínculos históricos y familiares con otras naciones y el hecho de que muchas personas nacidas en el extranjero cuenten con la plena ciudadanía aconsejan superar la dicotomía entre “nosotros” y “ellos” a la hora de abordar con rigor la cuestión de la inmigración.
Además, el aumento de hogares mixtos, matrimonios interculturales y nacimientos con al menos un progenitor extranjero refleja procesos de integración social que difuminan las fronteras de lo que significa ser “inmigrante” y cuestionan la rigidez de esta categoría.
La población de origen migrante es diversa en perfiles, trayectorias y motivos de llegada, mostrando diferencias internas tan variadas como en la población autóctona, si bien con un predominio acentuado de Latinoamérica como región de procedencia en los últimos años.
Clave en la recuperación postpandemia
Los flujos migratorios generan múltiples efectos económicos que se reflejan, principal mente, en la evolución de la actividad a corto plazo, como se ha puesto de manifiesto en la recuperación de la economía española tras la pandemia. Pero también, a medio y largo plazo, la incorporación de las personas migrantes al mercado laboral amplía directamente el potencial de crecimiento económico.
Estos efectos, que alcanzan numerosos ámbitos, son especialmente visibles en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que la integración laboral de las personas migrantes refuerza las bases financieras del sistema con el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas. Todo ello se reforzaría integrando, en la medida de lo posible, la realidad de la población inmigrante en el marco amplio de la política económica.
España se ha incorporado con fuerza al grupo de principales países receptores de personas en busca de protección internacional, si bien la proporción de concesiones es comparativamente baja y la espera, demasiado larga, aumentando la vulnerabilidad de las personas solicitantes. Las llegadas irregulares por vía marítima representan una parte mínima dentro del elevado dinamismo de la inmigración e incluso del conjunto de entradas, la mayoría de las cuales se producen por aeropuertos.
Proteger a los menores
Pero las dificultades de coordinación de las distintas Administraciones y la instrumentalización partidista de un problema humanitario han derivado en un protagonismo desproporcionado de esta cuestión, especialmente en lo referido a la acogida y tutela de las y los menores que llegan solos.
Más allá de su distribución territorial, existe un problema de fondo que debe afrontarse: la necesidad de reforzar el sistema de protección de menores y los recursos de acompañamiento, emancipación e inserción laboral al llegar a la mayoría de edad, fundamentales para prevenir situaciones de vulnerabilidad y marginalidad.
Las reformas del periodo 2020-2024 han supuesto, en general, avances en favor de una ordenación de las migraciones mutuamente beneficiosa para las personas que vienen a España en busca de mejores oportunidades de vida y para la sociedad y la economía españolas. Sin embargo, queda todavía margen para la mejora normativa: reforzar la concreción y la claridad jurídicas, y flexibilizar las vías de arraigo ajustando el esquema de requisitos y periodos de permanencia previa, son algunas de las líneas que sería aconsejable recorrer. La implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo podría ofrecer la oportunidad para profundizar en esas y otras mejoras, contando con la necesaria evaluación de los cambios ya acometidos.
En ese contexto, la consideración de la situación nacional de empleo como premisa del régimen general de concesión de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo sigue siendo un eje fundamental de la política migratoria laboral en España y sigue desempeñando una finalidad imprescindible en relación con la población activa residente. Sin embargo, continúa apreciándose un funcionamiento inadecuado de los instrumentos previstos para considerar la situación nacional de empleo, que siguen sin reflejar eficazmente la realidad del mercado de trabajo y las necesidades de contratación laboral de las empresas.
La situación social mejora pero la segregación persiste
Se constatan mejoras a lo largo del tiempo en la situación socioeconómica de la mayoría de las personas migrantes que han permanecido en muchos casos desde hace décadas en nuestro país. Sin embargo, la brecha social entre las condiciones de vida de la población inmigrante y las de la población autóctona sigue reflejando una importante segmentación que afecta especialmente a la población extracomunitaria y a algunas zonas y países de procedencia.
Una gran parte de la población extranjera, especialmente en el caso de las mujeres, percibe rentas muy inferiores al promedio y sigue siendo más vulnerable al riesgo de pobreza y exclusión social, a las situaciones de carencia material y a los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda, además de a la asistencia sanitaria.
El riesgo de quiebra de la cohesión social se torna especialmente grave cuando estas situaciones afectan a los hijos y las hijas de inmigrantes, en la mayoría de los casos ya jóvenes españoles y españolas de pleno derecho. Es necesario seguir avanzando, por un lado, en la creación de empleo de calidad y en el alcance, suficiencia y mejora de las principales políticas sociales universalistas para toda la población que cumpla los requisitos de acceso, independientemente de su nacionalidad y origen.
La doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes
Foto: Fundación La Caixa
Mientras a nivel mundial está aumentando la proporción de hombres en la población de migrantes internacionales, en España está ocurriendo lo contrario y más de la mitad de la población de origen migrante es de sexo femenino. Las mujeres migrantes se enfrentan a una confluencia de desventajas y riesgo de discriminación, por la doble condición de ser mujer y migrante, junto a una mayor vulnerabilidad frente al riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente cuando encabezan hogares monomarentales, así como frente a las violencias de género, desventajas agravadas en muchas ocasiones por el desconocimiento de sus derechos, las barreras culturales, la falta de redes de apoyo y las situaciones de irregularidad.
Ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa. Los principales análisis prospectivos revelan que España seguirá registrando necesidades de empleo en los próximos años, estimadas en 2,4 millones desde 2025 hasta 2035.
Empleo en irregularidad administrativa, vulnerabilidad laboral extrema
La diferencia entre las cifras de ocupación EPA y la afiliación a la Seguridad Social de personas trabajadoras extranjeras aproxima la magnitud del empleo informal, que en una parte sustancial de los casos está asociada a la falta de derecho de acceso al mercado de trabajo debido a situaciones de irregularidad administrativa.
El mantenimiento de elevadas cifras de irregularidad administrativa a pesar de las modificaciones normativas introducidas en los últimos años, y teniendo en cuenta que las de origen más reciente requieren de mayor tiempo para desplegar todos sus efectos, aconseja reflexionar, desde el mayor consenso posible y tras una evaluación en el marco del diálogo social, sobre los ajustes que pudieran resultar necesarios.
La tasa de actividad de las personas extranjeras residentes en España es una de las más elevadas de la Unión Europea y, además, superior a la de la población autóctona, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del entorno europeo. Uno de los motivos de la tasa de actividad relativamente más elevada radica en la alta participación laboral de las mujeres procedentes de fuera de la Unión Europea.
Ahora bien, estos elevados niveles agregados responden a una concentración relativa de la población trabajadora de origen migrante en las edades centrales. Así, tanto las tasas de actividad como de ocupación de las personas trabajadoras migrantes son inferiores a las de las autóctonas entre los 25 y los 54 años.
La brecha de actividad y ocupación entre población inmigrante y autóctona resulta más pronunciada para las mujeres. Asimismo, las personas trabajadoras de origen migrante se enfrentan a una mayor incidencia del desempleo.
Por ramas de actividad, el empleo de origen migrante tiene un mayor peso relativo en el servicio doméstico, servicios de restauración, de alojamiento, construcción de edificios, construcción especializada y servicios asociados o el sector primario.
En relación con los salarios, si bien en general han mejorado su posición relativa en los últimos años, siguen concentrándose en los sectores y ocupaciones con salarios más bajos, lo que explica en gran medida que tengan unas condiciones salariales significativamente más desfavorables que las personas trabajadoras autóctonas.
Las mujeres de origen migrante se concentran en un menor número de ocupaciones, lo que sugiere una estructura ocupacional algo más rígida, y conlleva que se enfrenten a una doble penalización salarial, tanto por ser migrantes como por ser mujeres. El subempleo también afecta en mayor medida entre las personas trabajadoras de origen migrante y, entre estas, mayoritariamente las mujeres.
La temporalidad supera asimismo a la de las personas trabajadoras autóctonas, aunque se ha registrado una disminución significativa en los últimos años debido a los cambios normativos, y la brecha entre hombres y mujeres es menor que entre la población autóctona.
Las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de origen migrante reflejan déficits de integración laboral, como los relacionados con obstáculos para su plena participación laboral, sus menores niveles de cualificación y menor acceso a oportunidades de formación para el empleo.
El nivel de cualificación de las personas trabajadoras no siempre se traduce en el desempeño de ocupaciones con requisitos de formación equivalentes, dando lugar a desajustes de sobrecualificación (o, en menor medida, infracualificación). La incidencia de estos desajustes en España es elevada, ya que casi un tercio de las personas extranjeras ocupadas está sobrecualificada. Ello afecta, por un lado, a las oportunidades laborales y mejora de la composición ocupacional del empleo de las personas trabajadoras de origen migrante, así como sus condiciones de vida. Y, por otro lado, dificulta a las empresas la cobertura de puestos con los niveles de cualificación requeridos y la atracción de talento internacional.
Resulta necesario, por tanto, promover el acceso de las personas trabajadoras de origen migrante a oportunidades de educación formal en todos los niveles, incluida la cobertura de posibles déficits de educación básica de personas adultas, con mayor énfasis en las áreas de conocimiento donde se detecten mayores necesidades de cualificaciones y competencias. En paralelo, debería aumentar la capacidad de atracción sobre los perfiles formativos más ajustados a las necesidades del tejido productivo
En este sentido, cabe intensificar los esfuerzos de coordinación y colaboración entre las instituciones (servicios de empleo, proveedores de formación para el empleo, instituciones educativas) y Administraciones implicadas, con el objetivo de acercar la oferta formativa y de acciones de empleabilidad en torno a las personas trabajadoras, simplificando el acceso a las mismas.
La participación en el Estado de bienestar, clave para la cohesión social
La participación de las personas migrantes en el Estado de bienestar es un elemento clave de cohesión social que beneficia a toda la sociedad: contribuyen a su sostenimiento y tienen derecho a disfrutar de sus servicios y prestaciones en función de su capacidad contributiva o de las circunstancias de necesidad que puedan atravesar.
La lucha contra la desigualdad y la redistribución de la riqueza, como principios de actuación de los poderes públicos y elementos distintivos del Estado social, carecerían de efectividad si excluyeran a más de una quinta parte de la población en España.
En el caso de las prestaciones económicas de carácter contributivo, su acceso efectivo viene determinado por su elevada participación laboral que, en el caso de la protección por desempleo, determina un notable incremento en su tasa de cobertura, mayoritariamente contributiva y por encima de la tasa global.
Por otro lado, el acceso a las prestaciones económicas sometidas a prueba de renta depende de situaciones de necesidad económica, sin que la nacionalidad u origen migrante constituya un factor determinante para acceder a ellas. No obstante, la situación administrativa regular sí lo es, y constituye uno de los principales factores de exclusión de personas en situación de necesidad.
Asimismo, pese a su naturaleza universal en las etapas obligatorias, desde el punto de vista de su carácter inclusivo, el sistema educativo afronta importantes desafíos a la hora de facilitar la igualdad de oportunidades del alumnado de familias en contextos de vulnerabilidad social, entre las que se cuentan muchas de origen inmigrante.
Es importante abordar las reformas necesarias en la educación, la sanidad, los servicios sociales y las políticas públicas de vivienda para superar sus carencias y evitar la segregación social en su utilización y en especial, por lo que hace a este informe, la que deriva de la acumulación de desventajas económicas y por razón de origen.
Hacia una nueva narrativa veraz
En los últimos años, la inmigración se ha convertido progresivamente en un tema central de debate público. Aunque la convivencia cotidiana con personas migrantes en España sigue siendo mayoritariamente positiva y aceptada, la estigmatización de la inmigración por parte de determinadas corrientes políticas con enfoques xenófobos, nativistas y nacionalistas excluyentes ha incrementado su percepción como un problema para el país.
Esta visión negativa no se origina en la experiencia directa con personas migrantes, sino en contextos de desinformación que sitúan a la inmigración como eje del descontento y de la desafección social y política, reforzando estereotipos y actitudes hostiles hacia los diferentes grupos migrantes.
Su manifestación más extrema son los discursos que incitan a actos de odio potencialmente delictivos por su carácter racista o xenófobo, responsables de cuatro de cada diez delitos de odio en el país. Frente a ello, la lucha contra los discursos de odio no solo debe basarse en la veracidad informativa y los datos sobre la realidad económica y social, sino también en la desarticulación de los marcos emocionales que presentan la inmigración como problema o amenaza, proponiendo narrativas alternativas que interpelen a la ciudadanía no solo desde la objetividad y la razón, sino también desde la ética y la empatía.
Recuperar y proponer una visión rigurosa de la inmigración, que reconozca y aprecie su valor intrínseco, más allá de una contribución a la sociedad en términos cuantitativos, favorecerá las condiciones de inclusión social, política, económica y cultural de las personas migrantes.
En términos políticos, su participación electoral es muy reducida en comparación con el peso demográfico que representan. Al mismo tiempo, aunque España es uno de los países europeos donde la inmigración ha crecido con mayor intensidad en los últimos años, su representación política apenas ha experimentado variaciones en las últimas décadas. Esta situación evidencia un proceso de inclusión política limitado, que no avanza al mismo ritmo que la transformación demográfica del país.
En este sentido, la participación social, política y cultural, tanto individual como a través de organizaciones migrantes y no migrantes, contribuye y deberá seguir contribuyendo a crear, promover y difundir narrativas radicalmente opuestas a los discursos de odio dirigidos contra las personas migrantes.
Un impulso efectivo a las políticas de convivencia e integración social
La diversidad social y cultural se ha visto ampliada y dinamizada por las migraciones, aportando nuevos valores, tradiciones o formas de vida que, en buena medida, enriquecen y potencian el carácter ya de por sí plural de la sociedad española. Sin embargo, integración y segregación coexisten, en un contexto en que resultan preocupantes los niveles de desigualdad que siguen afectando a la población autóctona y, en aún mayor medida, a la población inmigrante, especialmente la extracomunitaria y a algunas comunidades en concreto.
Además de reforzar la capacidad redistributiva e integradora de las principales dimensiones de las políticas sociales, en un contexto de expansión de corrientes xenófobas que rentabilizan esas desigualdades para desestabilizar la cohesión social, son más importantes que nunca las políticas activas dirigidas a tender puentes, favorecer la convivencia intercultural, la inclusión y la integración social como proceso bidireccional que involucra a toda la sociedad.
A pesar de lo tardío de su aprobación (tras más de diez años desde la expiración del II Plan de Ciudadanía e Integración 2011-2014), el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 (MECIRX 2023-2027) representa una hoja de ruta adecuada a nivel estatal para promover tales objetivos. Sin embargo, al margen del certero diagnóstico y las herramientas de seguimiento que contiene, no ha conseguido implicar a las comunidades autónomas y corporaciones locales en su aplicación.
Cuando todavía no ha acabado su vigencia, el Gobierno se ha comprometido a la elaboración de un nuevo Plan de ciudadanía, interculturalidad e inclusión social, que requiere el consenso y la movilización de todas las Administraciones, sectores y actores implicados en torno a los principios comunes de actuación en este ámbito.
Foto: Fundación La Caixa
Apostar por la infancia y la juventud, sea cual sea su nacionalidad u origen La infancia en movimiento, en contextos de migración o de origen migratorio constituyen ya una parte esencial de la parte más joven de la sociedad en España. La gran mayoría conviven en familia, muchos han nacido ya aquí, y sea cual sea su nacionalidad u origen, forman parte de la infancia y juventud españolas, afrontando sus mismas dificultades.
Los estudios más recientes aportan una imagen general positiva de la evolución temporal de las niñas y niños migrantes y de las segundas generaciones en términos de resultados educativos, integración social o sentido de pertenencia. Sin embargo, también se constatan importantes brechas en las condiciones de vida y el riesgo de pobreza y exclusión social de los hogares con menores de nacionalidad extranjera.
Especialmente grave es la situación de los menores que se encuentran en situación irregular, lo que obstaculiza el ejercicio de sus derechos en ámbitos como el acceso al padrón, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el ocio o el deporte. Además, una minoría de niñas, niños y jóvenes extranjeros en España (apenas el 1 por 100) han llegado solos y carecen de apoyo familiar en nuestro país, lo que acrecienta su vulnerabilidad, de la que su identificación como diana de la xenofobia constituye un grave exponente, en un contexto de insuficiencia de los recursos del sistema de protección de menores.
La desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad en la infancia y la juventud lastran oportunidades vitales y acarrean importantes costes como sociedad, como ya señaló el CES en su Informe 3/2024, Derechos, calidad de vida y atención a la infancia. Nuestro país debe situar el interés superior de las y los menores en el centro de todas las políticas sociales, con especial atención a superar las desigualdades que afectan a las niñas, niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, como los que afectan en mayor medida a una parte de la población inmigrante.
Aunque la evidencia disponible en España está limitada por la escasez de datos y la concentración de la población en los intervalos más jóvenes de edad, los resultados apoyan, con algunos matices, una mejora general del grado y calidad de la integración laboral de las segundas generaciones respecto a sus progenitores en la población de origen migrante.
El resultado más positivo tiene que ver con el cambio ocupacional, puesto que la segunda generación trabaja mayoritariamente en ocupaciones de mayor cualificación. De este modo, y aunque la distribución por nivel de estudios de la primera y segunda generación es muy similar, esta última consigue reducir significativamente la sobreconcentración de las personas trabajadoras migrantes en ocupaciones elementales y de baja cualificación. A pesar de todo ello, la mejora intergeneracional no se traduce todavía en una plena equiparación con las personas trabajadoras autóctonas. Ante la creciente relevancia de las segundas generaciones con origen migrante para el futuro demográfico, económico, laboral y social del país, es por tanto fundamental profundizar en el conocimiento de sus patrones de integración y grado de convergencia con la población autóctona. Ese conocimiento debe servir de base para, por un lado, identificar y promover las palancas de movilidad ascendente para las segundas generaciones en igualdad de oportunidades que las autóctonas y, por otro lado, prevenir los factores de precariedad y exclusión que pueden traducirse en la transmisión intergeneracional de desventajas.
El sistema de información estadística español debe adaptarse a las recomendaciones de los organismos estadísticos internacionales sobre mejora de las variables que permitan un mejor acercamiento a los flujos migratorios, la realidad migratoria y sus impactos con el fin de poder articular políticas adecuadas basadas en una mejor evidencia.
Un Pacto de Estado por la convivencia, necesario en un momento crucial
En su informe 2/2019, el CES señalaba ya que para evitar que un fenómeno estructural fuera catalogado como problema, era necesario que los poderes públicos asumieran el liderazgo transmitiendo un relato veraz y ajustado a la realidad de nuestro país. Más de seis años después, el consenso tácito que mantenía a la inmigración fuera del debate electoral se ha roto; las corrientes xenófobas internacionales han cobrado cuerpo en nuestro país y ganado aceptación, especialmente entre un sector de la juventud y a través de las redes sociales, mientras la inmigración se identifica ya como el segundo problema del país, pese a ser el principal motor del crecimiento poblacional y económico de los últimos años.
Es necesario impulsar una visión común equilibrada y realista que reconozca y normalice la aceptación de la inmigración como un fenómeno estructural de nuestras sociedades y ponga en valor la convivencia en la diversidad de orígenes.
El CES apela de nuevo a la necesidad de preservar la confianza y la tolerancia de la sociedad como objetivo de los poderes públicos, así como de todas las organizaciones y actores políticos y sociales, incluyendo los interlocutores sociales.
España puede ser un referente como sociedad que avanza apoyada en el reconocimiento de la diversidad, el respeto a los derechos de todos sus miembros y la apuesta por la convivencia intercultural en el marco de los valores del modelo social europeo, pilares de la construcción de una identidad común integradora.
