Escrito por 6:42 pm Casa Real

CRUZADO Y MOLLINEDO, TÉCNICOS DE HACIENDA, ACUSAN A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE INACCIÓN RESPECTO AL EMÉRITO

Confirman, matizan, y amplían con perspicacia y valentía, los datos que proporciono en mi libro “Todos lo sabían”

Ambos funcionarios, Carlos Cruzado, auditor de cuentas y técnico del Ministerio de Hacienda y José M. Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda revelan en su libro “Los ricos no pagan IRPF. Claves para afrontar el debate fiscal”, editado por “Capitán Swing Libros S.L.”, cómo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), conocida como la Agencia Tributaria, se abstuvo de intervenir frente al mal comportamiento fiscal de Don Juan Carlos a pesar de que los hechos delictivos aparecían en la prensa.

Recuerdan los autores que cuando la periodista británica, Selina Scott le preguntó al rey Juan Carlos en 1993 si pagaba impuestos como todo el mundo, contestó “No puedo decirlo, pero probablemente…”. 

El padre del rey, Don Juan, conde de Barcelona, le dejó en herencia a Don Juan Carlos 375 millones de pesetas que este ingresó en la Societé Genérale Alsacienne, un dinero que según el entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno se empleó en hacer frente a deudas y obligaciones de los condes de Barcelona.

A los autores del libro les costaba entender que no se conservara la documentación de la herencia en las dependencias reales pero que para comprobar si el rey había pagado los impuestos correspondientes habría bastado con acudir a la notaría en la que se tendría que haber realizado la escritura de aceptación de la herencia, todo lo cual conduce a la tesis de que no se habría producido la correspondiente liquidación.

La Agencia Tributaria no se inmuta

Se refieren también los autores a las grabaciones realizadas por el comisario Villarejo a Corinna Larsen, la amante del rey y a quien fuera presidente de Telefónica, Juan Villalonga quien reconoce haber actuado de testaferro de Juan Carlos de quien dijo posee terrenos en Marruecos y el cobro de comisiones en relación con las obras para el tren de alta velocidad en Arabia Saudí y la titularidad de cuentas en Suiza a nombre de un familiar, entre otros asuntos.  reflexionan que estas informaciones que llevaron a la Fiscalía suiza a iniciar, en agosto de 2018, un proceso por blanqueo de capitales por la donación de 65 millones de euros que le hizo Cuan Carlos I en 2012 a Corinna Larsen no fueron consideradas suficientes por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para abrir diligencias de inspección. Y ello a pesar de que las revelaciones señalaban también que e entonces jefe del Estado, a través de su abogado en Suiza, Dante Canónica, creaba estructuras opacas, concedía préstamos y ponía propiedades a nombre de Corinna, que luego le reclamaba, y poseía cuentas en bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

Carlos Cruzado José M. Moliendo

“Todo ello, denuncian Cruzado y Mollinedo, constituía un conjunto de indicios más que suficiente para que la Agencia Tributaria hubiera actuado en ese momento, y no lo hizo”.

La excusa que algunos portavoces oficiosos de la AETE

Y refiriéndose al comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020, en el que Felipe Vi se desvincula de cualquier activo del que pudiera ser titular Juan Carlos I en el extranjero que conllevaba el reconocimiento sobre posibles titularidades de activos por parte de Juan Carlos I, la AETE siguió sin apreciar indicios suficientes para actuar. “Y, en ese sentido – señalan – no puede tomarse en consideración, por su inconsistencia, la excusa que algunos portavoces oficiosos de la AETE, como la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, plantearon en su momento justificando la inacción de la Agencia Tributaria en la primacía del orden penal sobre el resto de las jurisdicciones y en el hecho de que la Administración no puede actual sobre un asunto sobre el que ya están actuando los jueces o fiscales. Tal posicionamiento olvida el hecho de que las investigaciones de la Fiscalía tienen carácter “preprocesal”.

La Agencia Tributaria seguía sin ver indicios suficientes de actuación cuando la prensa informó sobre las transferencias efectuadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a favor de una cuenta de un coronel del Ejército del Aire, ayudante en su día de Juan Carlos I, desde la que se hicieron transferencias a cuentas de familiares  y personas a él vinculadas, respecto a las cuales la Fiscalía investigaba la participación del rey emérito. Informaciones a las que se unieron otras relacionadas con la Fundación Zagatka, creada en Liechtenstein y que tenía como tercer beneficiario a Juan Carlos I, a quien había sufragado gastos por valor de varios millones de euros correspondientes a vuelos en aviones privados durante once años.

Y llegó la regularización. 

El 9 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 18 de febrero, después de que la prensa machacara con los escándalos del emérito sin que se despertara el celo de la Agencia, el abogado del emérito presentó declaraciones tributarias  “sin requerimiento previo”. La primera por importe de 678.393 euros, en relación con el impuesto de donaciones sobre las cantidades transferidas por el citado empresario mexicano, y las de febrero, por importe de 4.395.901, 96 euros, correspondientes al impuesto sobre las rentas derivadas por la asunción, por la Fundación Zagatka, de gastos de viaje y servicios.

Dichas declaraciones tributarias pudieron realizarse  por la inacción de la Agencia Tributaria. Y así, mediante la presentación de dichas regularizaciones, se evitaba tanto cualquier sanción tributaria como la posibilidad de que pudieran exigirse responsabilidades penales por los posibles delitos fiscales, tal como establece el artículo 305 del Código Penal que castiga con pena de prisión a quien comete un delito fiscal salvo que hubiera regularizado su situación tributaria, antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

“En definitiva, concluyen los autores, si en septiembre de 2018  la Fiscalía Anticorrupción, como hemos visto, se planteaba la posibilidad de que Juan Carlos I pudiera haber cometido delitos fiscales, cabe preguntarse por qué pasados más de dos años el rey emérito pudo presentar sus declaraciones tributarias “espontáneas” sin que la Agencia Tributaria hubiera iniciado actuaciones de investigación ni la Fiscalía del Tribunal Supremo le hubiera notificado expresa y formalmente el que se estuvieran investigando esos posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias”.

Lo que cuento en mi libro 

Cruzado y Mollinedo confirman y amplían con perspicacia y valentía los datos que proporciono en mi libro “Todos lo sabían” editado por “La Esfera de los libros” aunque discrepan de sus compañeros, los inspectores de Hacienda, que defienden su trabajo, achacando las deficiencias de la Agencia en lo que al emérito se refiere a la falta de medios y a condicionantes legales y no a una omisión cómplice, al tiempo que señalaban chivatazos sobe la investigación de la Agencia Tributaria.

El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ramsés Pérez Boga, lamentó que haya quedado la imagen de que la hacienda pública no ha hecho nada para perseguir las irregularidades fiscales del rey emérito, cuando el problema está en su falta de competencias.

«Ahora, en cuanto tenemos el menor indicio de que se ha cometido un delito, tenemos que elevarlo a la Fiscalía», ha lamentado Pérez Boga, en discrepancia con los autores del libro que comentamos que aseguran que “las investigaciones de la Fiscalía tienen carácter “preprocesal”, o sea es previa al procedimiento judicial. Resalta Pérez Boga que el cuerpo de inspectores está en mejor preparado para investigar posibles delitos fiscales.

Durante la presentación de sus propuestas contra el fraude fiscal y reforma de las administraciones tributarias, insistió en que la Agencia Tributaria (AEAT) debería contar con unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica.

Opina que sería deseable que se dotara a la AEAT de mayores competencias en la investigación de estos delitos y que pudiera contar con una «policía fiscal» para asumir potestades similares al Ministerio Fiscal.

Según se plasma en el informe de IHE, en la situación actual se pierde eficacia porque la AEAT se ve obligada a la «judicialización temprana» de los expedientes. Propone la creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves.

Juan Carlos traslada su residencia fiscal a Abu Dabi 

La reacción del emérito ha sido trasladar su residencia fiscal a Abu Dabi, evitando así el pago de impuestos. Ha quedado claro que su permanencia en el emirato, al exiliarse voluntariamente de España, no era algo provisional, una impresión reforzada por el hecho de que estrenará una casa esplendorosa que pone a su disposición el jeque del emirato, Mohamed Bin Zayed, en el barrio residencial de Al Bateen. 

Alí se reunió don Juan Carlos con todos sus muebles, cuadros, condecoraciones y recuerdos que trasladó desde el que fue su domicilio durante medio siglo, el palacio de la Zarzuela, donde ahora reside su hijo, el Rey, y su madre la reina Sofía acompañada de su hermana Irene.

Lo confirma el hecho lamentable de que el exmonarca tramite ante la Agencia Tributaria su cambio de residencia fiscal al emirato. No nos extraña que, ante este bochornoso asunto, el embajador de España ante los emiratos árabes, Iñigo de Palacio, evitara todo contacto con el personaje.

Su evasión fiscal choca con la regla básica, solidaria, de la democracia, imprescindible para una convivencia justa. Como señalaba Eduardo Álvarez el 5 de febrero de 2023 en El Mundo, el periódico que adelantó la noticia “la decisión del padre de Felipe VI de dejar de ser contribuyente en España ha causado fuerte rechazo”. Destaca el periodista que Don Juan Carlos se va a ver muy beneficiado al quedar fuera del radar de la Hacienda española y poder disfrutar de las extraordinarias ventajas fiscales que ofrece la Petromonarquía.

Deberían revisarse los honores establecidos en el documento de abdicación y la propia condición que en él se señala, que no es de “Emérito” como le hemos bautizado los periodistas erróneamente sino de “Honorario”.  Pasaría del honor al deshonor. 

José García Abad

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