Escrito por 3:28 pm Política

Cuando los jueces quieren ser lo que no son

Inmaculada Sánchez *

En España, ni jueces ni fiscales son elegidos democráticamente. No representan a nadie más que a su buen hacer profesional, suscrito con la superación de unas duras oposiciones al cargo. Son funcionarios de alto rango,  gozan de una elevada reverencia social y una autoridad muy exclusiva. Pero a algunos debe parecerles poco y pretenden vetar leyes y forzar cambios de gobierno. Es a lo que estamos asistiendo en las últimas semanas con los pasos procesales de determinados fiscales y magistrados en torno a la Ley de Amnistía.

Ya no basta con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y sus sucesivos y oportunísimos pasos procesales sorteando cada modificación despenalizadora del proyecto de ley de amnistía. Esta semana también se han sumado con entusiasmo la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo para enmendar la osadía de uno de sus colegas, por muy del ‘bando conservador’ que sea, que no veía terrorismo por ninguna parte en la acusación a Carles Puigdemont por el caso Tsunami

Este miércoles, tras una reunión de cuatro horas y varios días de acoso mediático al fiscal Álvaro Redondo, a quien el diario ‘El Mundo’ exhibió en portada como un mero lacayo del ‘socialista’ Fiscal General, ha tumbado, por 12 votos a tres, el informe que calificaba lo acontecido en el aeropuerto de Barcelona en 2019 de ‘desórdenes públicos’. La votación no es vinculante, solo consultiva, y el nuevo informe está en manos ahora de la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez, su superior jerárquica, nombrada en su día por Dolores Delgado y cercana al actual Fiscal General. El daño, no obstante, ya está hecho.

La crucial negociación del PSOE con Junts para que la Ley de Amnistía sea aprobada en el Congreso y, con ella, pueda continuar viva la legislatura vuelve a enredarse debido a la decisión de unos fiscales del Supremo. Su rechazo al informe de Redondo se viene a sumar a la prórroga de la instrucción de la denominada ‘trama rusa del procès’, decretada por el juez  Aguirre hace una semana. Ambas decisiones añaden dudas e incertidumbre entre los de Puigdemont sobre la aplicación en los juzgados de la futura ley e incrementa sus exigencias sobre el texto.

Mientras ERC urge a una rápida aprobación de la ley, de la que depende el perdón y la tranquilidad de miles de familias que colaboraron con el procès, Feijóo ha vaticinado hoy, en la sesión del control del Congreso, la caída del Gobierno con “cero leyes y sin Presupuestos” gracias a la inestimable ayuda de la alta judicatura del país.

Nuestra Constitución consagra que “la justicia emana del pueblo” y que se administra por “jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Y, también, que son únicamente las Cortes Generales elegidas democráticamente quienes “ejercen la potestad legislativa del Estado”.

A algunos jueces, sin embargo, debe costarles dejar en manos de unos simples diputados las leyes que luego ellos tendrán la obligación de aplicar. Al juez García-Castellón, al menos, le lleva pasando esto desde joven. Cuando en 1987, ejercía ya de juez en Valladolid, promovió una investigación sobre la única clínica de la ciudad autorizada para practicar abortos tras la despenalización aprobada por el Gobierno de Felipe González. El hoy magistrado de la Audiencia Nacional se incautó de todos los historiales de las mujeres que acudían a la clínica, tras una traumática redada policial por sorpresa en el centro sanitario, “por si se hubiera practicado algún aborto ilegal”, según rezan las crónicas de entonces. El juez llegó a encausar a nueve médicos en un proceso que cuatro años después fue sobreseído por “falta de motivación” y porque las sospechas de la investigación “no han quedado acreditadas, ni siquiera a nivel indiciario”. ¿Les suena de algo?

Periodista. Exdirectora de EL SIGLO (2011-2023), colaboradora y analista política en TVE, Telemadrid, 20Minutos y otros medios.

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