Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba Donal Trump, presidente de Estados Unidos
Por Silvestre Perez Laguna
Por mucho que Cuba quiera superar la profunda crisis en que se encuentra, poco puede hacer hasta que la administración norteamericana tome una decisión entre la política de “máxima presión” de Marco Rubio, secretario de Estado u otra que no signifique un cambio de régimen, sino apertura económica para beneficio de los intereses norteamericanos y otros temas de interés mutuo como seguridad e inmigración.
La opción dependerá de la impredecible y voluble actitud del presidente Donald Trump que negocia desde la amenaza, la fuerza y el chantaje, sin propósitos democratizantes ni de derechos humanos, sino para obtener beneficios económicos intervencionistas e imperiales. Ahora mismo su prioridad es mejorar su imagen de cara a las elecciones de medio termino en noviembre y por ello no es descartable que opte por un acuerdo básicamente de carácter económico, sin cambio de régimen, que sería en cierta forma, aceptable para las autoridades cubanas, pero que pueda presentar a su electorado como una gran victoria de esas que se inventa al estilo de la guerra con Irán.
La política de Marco Rubio, conocida como máxima presión persigue un auténtico genocidio económico para provocar un levantamiento popular que acabe con el régimen. En esa dirección, se ha producido el bloqueo casi absoluto a la entrada de petróleo a Cuba que ha situado al país en una situación de grave inflación, desabastecimiento de productos básicos, caos en los servicios de salud, educación, transporte y casi paralización de todo el sistema productivo y de servicios. El turismo, por ejemplo, una de las principales fuentes de la economía, se ha reducido casi a cero. La pobreza crece exponencialmente y a la par, el malestar ciudadano, sobre todo por los interminables apagones y escaseces de todo tipo.
La máxima presión se puede ejemplificar, en estos días, con la paralización casi automática por el Departamento de Estado, del acuerdo de la empresa de Miami, Vanguard Energy, especializada en suministro de combustible en el Caribe y Latinoamérica y la empresa petrolera cubana, que pretendía comercializar combustible exclusivamente para el sector privado, es decir, las pequeñas y medianas empresas que ya funcionan en la Isla. También lo demuestra una Orden Ejecutiva de Trump, del pasado 1 de mayo, que permite a EEUU congelar activos en su territorio de cualquier empresa extranjera que opere con sectores claves de Cuba: energía, minería, defensa, seguridad o que apoye el gobierno. De esto resultó que empresas como Meliá dejara de operar 15 de sus 34 hoteles en la Isla, Iberostar 12, Blue Diamond, canadiense, se fue del todo. Iberia canceló vuelos. Visa y MasterCard suspendieron operaciones en el país.
Y en el campo militar, el secretario de Defensa, Pete Hogseth visitaba la base norteamericana enclavada en Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba y allí proclamaba que todas las opciones están abiertas, incluida la intervención militar. Advirtió, cínicamente, que Cuba se abstuviera de adquirir armamento con alcance a EEUU y a las instalaciones de la propia base, exigencia ridícula porque la base está en territorio cubano, separada solo por una valla perimetral de casi 9 kilómetros y campos de minas personales a ambos lados.
Marco Rubio
La política de máxima presión se propone directamente el cambio de régimen y es enarbolada por el sector más extremista del exilio cubano en Miami, que prefiere una confrontación armada con tal de acabar con el régimen. Rubio, es hijo de ese exilio y a él se debe.
Trump se ha dejado llevar hasta cierto punto por esta política, pero su mayor interés es hacerse con la Isla como negocio. Dijo recientemente que Cuba “tiene buenas tierras y buenos hoteles” resumen simplista y primario que devela muchas cosas de su mentalidad.
Una de esas dos tendencias terminará imponiéndose, dependiendo de muchos factores, como son las próximas elecciones de medio termino en noviembre en EEUU, el desenlace de la guerra en Medio Oriente y del análisis que hagan del coste que pueda tener para Estados Unidos, un conflicto armado a 90 millas de su territorio con resultados impredecibles de vidas humanas.
En medio de estas circunstancias, la parte cubana intenta avanzar en modificaciones estructurales y de políticas económicas. El 12 de junio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció en la televisión nacional un Programa Económico y Social para 2026. “Son tiempos de cambios -dijo- y el país simplemente no puede continuar por la ruta actual” Reflexión tardía para muchos y poco original, porque hasta el fallecido Fidel Castro, en septiembre de 2010, en la revista Atlantic, tuvo el desliz o lucidez de decir que “el modelo cubano ya ni siquiera nos funciona a nosotros”.
El anuncio, aunque muy general, se refiere a la descentralización económica, empoderamiento de la gestión económica de los municipios, autonomía de las empresas estatales, descentralización del comercio con el exterior, política económica para el campo, facilitar la inversión de los cubanos que viven en el extranjero, reducción de ministerios, cambio en la amplia política de subsidios, etc.
Presumiblemente, estos enunciados tendrán que convertirse en leyes y decretos en julio, fecha fijada para la próxima Asamblea Nacional del Poder Popular. Por lo reciente de su anuncio y la complejidad de los temas, serán abordaremos en un próximo artículo.
