Álvaro Garcia Ortiz, Fiscal General del Estado
Inmaculada Sánchez
El incendiario nivel que lleva tiempo adquiriendo la confrontación política en España ha alcanzado ya a altas instituciones del Estado que debían estar al abrigo del sistema. Acaba de confirmarse que el Fiscal General se sentará finalmente en el banquillo de los acusados del Supremo y será juzgado por un delito de revelación de secretos. La insólita situación habría llevado a la dimisión del Fiscal hace tiempo para preservar la institución, como viene pidiendo insistentemente la derecha, pero el Gobierno, que, sin poder cesarlo, podría empujarlo a ella, lo defiende, arriesgándose a una sentencia que podría dañar la imagen de una pieza clave del poder judicial del país como es la Fiscalía. No todo, sin embargo, es lo que parece y, en este caso, el objeto mismo de la investigación, el supuesto delito y los forzados indicios del mismo me llevan a pensar que Álvaro García Ortíz debe mantenerse en su puesto y afrontar un juicio que debería poner al descubierto los espurios e ilegítimos métodos con que la derecha política, judicial y mediática está arremetiendo contra el Gobierno.
El daño ya será difícil de reparar. Incluso algunos de quienes consideran que el caso del Fiscal General no tiene soporte jurídico sólido y debería concluir en una absolución completa abogan por su abandono del cargo para que la Fiscalía quede al margen de la tensión del juicio. Reconocen herida a la institución y prefieren no ver más sangre.
No son pocos, sin embargo, los casos de los últimos tiempos en los que determinadas acusaciones y retorcidos indicios han expulsado de sus puestos a políticos y dirigentes, siempre -oh, casualidad- de izquierdas, que, tras quedar en nada, no han repuesto a los injustamente damnificados. Y no sólo, claro. El hueco libre es hábil y rápidamente ocupado por los acusadores, que suelen salir indemnes del cruento proceso. Recordemos, sin ir más lejos, a Antonio Costa y a su dimisión como primer ministro de Portugal por unos supuestos indicios de corrupción de miembros de su Gobierno que finalmente quedaron en nada y que se llevaron por delante la credibilidad de los socialistas y auparon a la derecha y ultraderecha que hoy gobiernan el país. Costa, afortunadamente para él, fue rescatado por la Unión Europea y hoy es presidente del Consejo Europeo pero los portugueses no han recuperado su gobierno progresista. Hay, pues, que resistir más.
Vayamos a nuestro Fiscal General. El delito del que se le acusa ya es, en sí, todo un ejemplo de cómo los ‘interesados’ caminos de la justicia pueden llegar a ser más retorcidos que los renglones de Dios. El origen de la supuesta revelación de secretos está en un comunicado de prensa emitido oficialmente por la Fiscalía para desmentir una noticia filtrada a la prensa por Miguel Ángel Rodríguez, el afamado jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ‘acusaba’ a los fiscales de proponer un pacto al novio de la presidenta madrileña para evitarle la cárcel tras admitir sus delitos con Hacienda, cuando el trato buscado surgió justo al contrario.
García Ortiz ya ha asumido, en primera persona, la decisión del comunicado para aclarar tan intencionado bulo, además de para defender a sus fiscales, pero en el citado texto se daba publicidad a datos ‘privados’ del investigado aunque ya hubieran sido publicados en media prensa del país. A partir de ahí un galimatías de quién tuvo antes acceso al correo del abogado del novio de Ayuso, quién y a qué hora filtró qué, insólita requisa de móviles, borrado de llamadas, periodistas testificando y negando revelar sus fuentes… Llegados aquí, esta semana se ha dirimido la última posibilidad de que el Fiscal General eludiera el banquillo con la decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, a la que había recurrido su defensa.
Ha sido por un dos a uno. La Sala, formada por tres magistrados, ha confirmado el procesamiento, que ya no tiene vuelta atrás. Para los dos jueces que han rechazado el recurso, uno de los cuales, Julián Sánchez Melgar, conviene saber que fue precisamente Fiscal General designado por el Gobierno de Mariano Rajoy, existen indicios suficientes para el juicio. Para el que ha emitido un voto particular en contra de la decisión, el progresista Andrés Palomo, “no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena”.
Esta discrepancia ha dado a Moncloa una baliza a la que agarrarse en su defensa del Fiscal General: no todo el Supremo asume la tesis de la investigación y veremos si, llegado el juicio, por muy conservadora que sea la Sala que lo sentencie, puede sustentar una condena con indicios tan discutidos.
La presión, sin embargo, irá creciendo alrededor de García Ortiz para que dimita, con un hito puesto en el camino: la solemne apertura del año judicial, prevista, como cada ejercicio, para septiembre, y que colocaría junto al Rey y a la actual presidenta del Tribunal Supremo al primer Fiscal General de la historia que se sentará en el banquillo de los acusados y que debe dar un discurso de balance durante la ceremonia.
No todos tienen la capacidad de resistencia que nos viene demostrando Pedro Sánchez. Pero este Fiscal General parece inspirarse en él. El delito del que se le acusa tiene su origen en una operación política para salvar a la pareja de la presidenta madrileña y su objeto, en haber querido desmentirla. Pero todos los implicados saben que el objetivo final del proceso es cobrarse una pieza mayor en la desatada cacería contra el Gobierno. No sabemos si para un fiscal de la trayectoria de Ortiz merecerá la pena mantenerse en el cargo con tamaña tensión alrededor pero me quedo con lo que él mismo dijo cuando el juez Hurtado dictó el auto de procesamiento: “La mentira no puede derrotar a un Fiscal General”. Me gustaría pensar que tampoco a un Gobierno.
