Jesús Lizcano Álvarez *
En el año 2021 publicábamos un análisis señalando que el Consejo de Europa, y más concretamente el Grupo de países contra la Corrupción (Greco), volvía a poner en evidencia a España en lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por este organismo en un informe publicado ese mismo año. En dicho informe este organismo concluía que España no había implementado satisfactoriamente ninguna de las once recomendaciones que este organismo hizo a nuestro país en su informe de evaluación de 2016, habiendo cumplido parcialmente solo siete de dichas recomendaciones y no habiendo cumplido las cuatro restantes. En un segundo informe del Greco, difundido en octubre de ese año, se indicaban algunas mejoras por parte de nuestro país en lo relacionado con dichas recomendaciones, dado que había cumplido satisfactoriamente dos de aquellas once recomendaciones, lo había hecho parcialmente en ocho de ellas, y una no se había cumplido.
Ahora, transcurridos unos años (este pasado mes de abril de 2025), el Greco ha publicado dos nuevos informes evaluatorios sobre corrupción y rendición de cuentas en España, por lo que vamos a actualizar nuestros análisis y hacer algunos comentarios sobre el diagnóstico y las recomendaciones que se recogen en ambos informes. Cabe señalar que uno de los dos informes se adoptó por dicho organismo en diciembre de 2023, y el otro en junio de 2024, y aunque fueron conocidos en cada una de aquellas fechas por nuestro país, no se han hecho públicos hasta hace pocos días cuando los ha publicado dicho organismo, y ello, a pesar de que como claras recomendaciones en cada uno de los dos informes dicho organismo instaba a España a que se tradujeran al español y se hicieran públicos lo antes posible, cuestiones éstas que vemos que no se llegaron a cumplir.
En cuanto a sus contenidos, resulta significativo, en primer lugar, que en diciembre de 2023 el GRECO señalaba que España aún no había aplicado plenamente ninguna de las 19 recomendaciones que había hecho a nuestro país en 2019, habiendo aplicado solo parcialmente trece recomendaciones y no habiéndose cumplido las otras seis. En el segundo informe adoptado en junio de 2024 el diagnóstico era algo mejor, ya que de las once recomendaciones formuladas, España había aplicado satisfactoriamente siete recomendaciones, solo parcialmente otras tres, y no había aplicado una. En resumen, que de las treinta recomendaciones formuladas entre los dos informes, solo han sido cumplidas adecuadamente siete de ellas, lo cual da una idea de las diversas asignaturas pendientes que nuestro país tiene al respecto, y que explica el hecho de que este organismo nos haya abierto el año pasado un procedimiento de incumplimiento.
España
No es nuestra intención entrar en el detalle de las muchas páginas de estos informes, pero vamos a mencionar al menos algunas de las cuestiones pendientes que señala el GRECO sobre España, por ejemplo respecto a los parlamentarios, como es la ausencia de unas normas específicas y la alta opacidad existente en los contactos de los parlamentarios con los grupos de interés y lobbies en general. Por otra parte, y en cuanto a las relaciones entre el Fiscal General y el Poder Ejecutivo, este organismo insta a revisar el sistema de nombramiento del propio Fiscal y reforzar la autonomía del Ministerio público. También se recomienda, por ejemplo, modificar el procedimiento especial de aforamiento para no obstaculizar el proceso de justicia penal respecto de los miembros del gobierno y altos cargos sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción.
Siempre con un carácter constructivo y teniendo en cuenta las insuficiencias y recomendaciones del GRECO, pasamos a formular, en línea con las mismas, algunas consideraciones y propuestas para mejorar en lo posible la prevención y lucha contra la corrupción: 1) Reforzamiento del control efectivo y de los mecanismos de supervisión de las declaraciones de bienes y conflictos de interés de políticos y altos funcionarios, con auditorías externas periódicas. 2) Fortalecimiento de la independencia judicial mediante la revisión de los mecanismos de nombramiento de jueces y magistrados, garantizando su independencia de los poderes legislativo y ejecutivo. 3) Aumento de la autonomía del Ministerio fiscal, reconsiderando el método de selección del Fiscal general, así como su mandato, para asegurar su independencia del poder ejecutivo. 4) Mayor dotación de recursos humanos y económicos propios para la Fiscalía, para no tener que depender presupuestariamente del Poder Ejecutivo, reforzando así su autonomía operativa. 5) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación continua de las medidas anticorrupción implementadas, con publicidad periódica de los resultados en Internet, de cara a aumentar su eficacia y transparencia social. 7) Fortalecimiento de los organismos de control anticorrupción, dotándoles de mayores recursos y autonomía, en especial a la Oficina de conflictos de interés y a la Fiscalía especial Anticorrupción. 8) Fomentar la educación y la cultura de integridad, promoviendo programas de formación sobre ética pública para funcionarios y políticos, junto a campañas de sensibilización ciudadana sobre los numerosos costes de la corrupción y los beneficios de la transparencia.
Si se llegan a tomar en España medidas como éstas, en línea con las recomendaciones del Greco, quizá podamos mejorar además en las próximas evaluaciones de una organización no gubernamental, como Transparencia Internacional, la cual en su último Índice de Percepción de la Corrupción (2024), sitúa a España con una calificación cuatro puntos inferior a la del año anterior (56 en lugar de 60) y diez posiciones por debajo (puesto 46 en lugar del 36 precedente). Esperemos que nuestro país vuelva a recuperar puntuaciones y posiciones en esta evaluación, al menos como las que tenía hace unos años.
Finalmente nuestra recomendación más importante se basa en el hecho de que la prevención y lucha contra la corrupción es una tarea y una obligación no solamente del Gobierno de turno, sino también de los miembros y partidos de la oposición. Es por ello que creemos una necesidad perentoria y urgente que nuestros representantes políticos en su conjunto, o al menos en su mayoría, firmasen un PACTO DE ESTADO CONTRA LA CORRUPCIÓN, aunque solo contuviera el cumplimiento de las insuficiencias y asignaturas pendientes que el Consejo de Europa viene señalando en estas materias para nuestro país. Esperemos que nuestros representantes políticos estén a la altura de esta necesidad social y de la voluntad de los ciudadanos.
*Jesus Lizcano es Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España, Director de la revista Encuentros Multidisciplinares
