Escrito por 6:21 pm Dossier

Disparan sobre el Constitucional

Por José García Abad 

31 enero 2024

Durante los nueve años en que el Tribunal Constitucional (TC) fue controlado por el Partido Popular nadie le atacó. Incluso disfrutó de olor de santidad como el gran órgano constitucional, por encima de todos los demás,  que nació para dirimir la legalidad de los actos promovidos por los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

La situación ha cambiado radicalmente desde que lo dirige el progresista Cándido Conde Pumpido contra quien la derecha dispara sin piedad. El TC que nació con los mayores honores, el reconocimiento de su superioridad sobre los tres poderes y la aceptación respetuosa de todos los partidos se encuentra en estos momentos sometido a la mayor prueba de su historia, a una crisis de credibilidad sin precedentes. No inocente.

El Tribunal Constitucional nace en mi opinión, como desconfianza del poder político, mayormente de izquierdas, de la judicatura, especialmente frente al Tribunal Supremo, considerado extremadamente conservador; más bien rancio. 

También en mi humilde opinión, discrepante con muchos juristas y desde luego con la mayoría de los jueces, más allá de discusiones bizantinas, o sobre si son galgos o podencos,  el TC forma parte del poder judicial, entendido de forma amplia, y no con la limitada del CGPJ. Mas claramente el TC lo encabeza. Puede eliminar leyes y sentencias, incluidas las del Supremo, sus decisiones son inapelables. 

Como dijo su primer presidente, García-Pelayo

Su composición es mayoritariamente política con una presencia testimonial del CGPJ. El carácter supremo de este tribunal quedó perfectamente dibujado por su primer presidente Manuel García-Pelayo y Alonso, con motivo de su constitución pública el 12 de julio de 1980 en presencia de los reyes y de los presidentes del Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.  

Dijo García Pelayo: “El hecho de ser el único órgano en cuyo nombramiento se integran, junto con la Corona, todos los demás órganos constitucionales, acrece indudablemente su dignidad y significación. Por otra parte, las misiones que le han sido atribuidas fundamentan el alto grado de independencia del Tribunal, sólo sometido en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales a la Constitución, de la que es intérprete supremo; cuyas decisiones vinculan a todos los poderes públicos; y que resuelve sobre el legítimo uso de las competencias por parte de otros órganos, mientras que sólo él puede decidir sobre su falta de jurisdicción o de competencia”.

Defensor supremo de la Constitución

Remacha: “… dado que todos los demás órganos constitucionales están sujetos al control del Tribunal en cuanto a la constitucionalidad de sus actos, y dado que no hay apelación alguna frente a sus decisiones, el Tribunal es, en su orden, el defensor supremo de la Constitución”. 

Y añade algo que divulga un aspecto poco conocido o manejado de su función como equilibrador de poderes, de impedir una concentración de poder que genere su abuso o su ejercicio anómico, con la consiguiente lesión para la libertad y seguridad de los ciudadanos. 

Lo dijo así: … es función primordial del Tribunal interpretar y custodiar la línea divisoria entre el poder constituyente, objetivado en el texto constitucional, y los poderes constituidos. Esta división de poderes, verdaderamente troncal, no puede limitarse al momento del establecimiento de la Constitución, sino que ha de hacerse presente a lo largo de toda la vigencia de ésta si se quiere, en efecto, afirmar su supremacía, y si se tiene conciencia de que la misión de la Constitución no se agota en haber fundado un día el orden de convivencia política, sino en fundamentarlo permanentemente. 

Entre el poder constituyente y los poderes constituidos

Y añadió: No es exagerado decir que todas las competencias del Tribunal Constitucional tienen como sentido guardar esta división primaria entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Es también función del Tribunal custodiar la distribución entre la esfera de acción del Estado y la esfera de acción libre de la sociedad, es decir, entre el poder estatal y los derechos y libertades de los individuos y los grupos. La garantía de este principio de distribución del poder -al que responden implícitamente el Título Primero y otros preceptos de la Constitución- por parte del Tribunal Constitucional, lo convierte en custodio supremo de los derechos y libertades”.

El medio más seguro para destruir una institución

Destaco finalmente unas consideraciones que son de la máxima oportunidad en estos momentos de desconfianza sobre nuestras instituciones:

“Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza. Para quienes integramos el Tribunal, para el Tribunal mismo, la resistencia a esta tentación implica el mantenimiento de una firme y constante actitud de renuncia a incurrir en lo que se ha llamado el Gobierno de los jueces, que es una patente y posible deformación del régimen democrático. (…) Conscientes de que nos movemos en un eje cuyos polos son el Derecho y la política, estimamos que nuestra misión se ciñe a considerar al Derecho como medida de la legitimidad de los actos de poder, como el orden que establece los límites y que disciplina constitucionalmente a la acción política. (…)

Y lo que considero más oportuno: “El intento de resolver por vía jurisdiccional contiendas que sólo por vía política pueden encontrar solución satisfactoria es el medio más seguro para destruir una institución cuya autoridad es la autoridad del Derecho”. 

Entre los temas que sentenció el TC durante la presidencia de García-Pelayo destaca la sentencia de 14 de diciembre de 1983 apoyando la expropiación de Rumasa frente al recurso de constitucionalidad promovido por José María Ruiz Gallardón, como representante y comisionado de cincuenta y cuatro diputados del Partido Popular. Garcia-Pelayo aplicó su voto de calidad como presidente del TC.

Evitar una politización sectaria

Los constituyentes resaltaron la importancia que daban al tribunal de garantías dándole la categoría de “título”, el 9.  Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

Son designados por nueve años, lo que muestra el interés de los constituyentes por generar estabilidad al alto tribunal al tiempo que se limita el periodo de su presidente, que es elegido por sus miembros en pleno por tres años.

Exige altos niveles de incompatibilidad para evitar una politización sectaria y lo que es especialmente significativo, la influencia corporativa de jueces y fiscales. Son incompatibles con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. Tienen las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

Deben ser independientes y son inamovibles en el ejercicio de su mandato. Son nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, que deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

La vieja pelea entre el Constitucional y el Supremo

La pugna entre el Supremo y el Constitucional es larga en el tiempo, histórica en el peor sentido de la palabra. Digamos endémica. El TC nunca ha sido aceptada de buen grado por el primero. Un caso singular en el que este se vengó fue la sentencia que condenó a once magistrados del Constitucional en 2004, acusados de ser nombrados a dedo, sin convocatoria de concurso, como dice la ley.

En el 2008 el Supremo criticó al Constitucional por absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer de un delito de estafa por considerar que su conducta en el caso Urbanor estaba prescrita. 

La tensión entre ambos tribunales llegó al extremo de que algunos de los magistrados del Supremo encargaran  al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a la sazón Javier Delgado, que pidiera la intervención del rey Juan Carlos, lo que no ocurrió. 

“La falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas”

Tan virtuoso tribunal sufre los mayores ataques de la derecha cuando esta no lo preside como ha ocurrido los nueve años anteriores a que fuera elegido presidente Cándido Conde-Pumpido (A Coruña 1949), en enero de 2023. Conde- Pumpido fue fiscal general del Estado de 2004 a 2011. 

El Tribunal Constitucional ha cambiado de color pasando de una mayoría conservadora (6-5) a otra progresista (7-4) que se mantendrá hasta 2031.

Sucedió Conde-Pumpido a Pedro González-Trevijano quien en su discurso de despedida hizo una valiosa observación: “No comparto – dijo – la falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas (…); un magistrado no representa a nadie, está a solas con su conciencia y solo de ella depende”.

No todos en el PP muestran este talante. Esteban González-Pons, vicesecretario de Institucional del PP aseguró: “el cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido”. Una barbaridad que le obligó a rectificar: “Quiero retirarla – dijo – y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad”. También rectificó su afirmación de que su partido se plantea dejar de presentar recursos al Tribunal Constitucional por su politización gubernamental y por las presiones a las que le pueda someter ERC o Junts, la presencia de Bildu.

Lo que molesta al PP es que en estos momentos el Constitucional cuenta con siete miembros progresistas y cuatro conservadores tal como comentó González-Pons en un almuerzo donde afirmó que esperarían a que venga un nuevo tribunal. 

Reproches de Feijóo 

Alberto Núñez Feijóo reprocha al TC que “está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Supremo relegándole a la condición de un tribunal de instancia», refiriéndose al amparo recibido por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez y a Arnaldo Otegui, coordinador de EH-Bildu, frente a las sentencias del Supremo. 

Tacha a sus sentencias de «inauditas» y afirma que “provocan «inseguridad» jurídica de los ciudadanos y, por supuesto, inseguridad de mi formación política» y asegura

que con los nombramientos que ha hecho el Tribunal Constitucional, ha sido el Gobierno el que ha sembrado de dudas la imparcialidad» del Tribunal de Garantías.

Fuentes del Constitucional consultadas por la SER sostienen que «el obligado respeto a la independencia judicial obliga a los miembros de lo demás poderes del Estado a abstenerse de cuestionar públicamente sus decisiones, máxime cuando ocupan puestos de especial responsabilidad y relevancia pública».

Advierten de que «si lo hacen están vulnerando el principio de no injerencia entre los poderes del Estado, y violando la Constitución al difundir entre los ciudadanos su descalificación de la independencia de una institución judicial».

Obviamente lo que más preocupa a Feijóo es que el TC admita como constitucional la ley de amnistía. “La ley de amnistía, proclama Feijóo, es incompatible con el ordenamiento jurídico español, y sentencia: “Un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley da igual la Constitución que tenga. No tiene Constitución”. 

Con la II República el tribunal tenía competencias penales que aplicó a los independentistas catalanes

El actual Tribunal Constitucional tiene un precedente directo en el de Garantías Constitucionales de la II República y un precedente lejano en el título 10 de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, “la Pepa” denominado “De la observancia de la Constitución y del modo de hacer variaciones en ella».

Curiosamente en la Constitución de la II República el título que regula el tribunal de garantías constitucionales es como en la de 1978 el nueve.  No es la única coincidencia. Lo más importante: el espíritu de la misma. Esta último recoge algunos aspectos formales de aquella y reproduce alguna de las dudas y tensiones de aquel.  

“Solo sirve para producir cólicos»

Manuel Azaña, quien fuera presidente de la II República, cuenta en sus Diarios  que en un debate en las Cortes sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales, en un momento dado, Indalecio Prieto pasó un papel a Casares Quiroga en el que había escrito: «El Tribunal de Garantías en el sistema constitucional es lo mismo que el apéndice en el sistema intestinal y solo sirve para producir cólicos».

La diferencia más significativa entre ambas constituciones es que la republicana de diciembre del 9 de diciembre de  1931 con un congreso presidido por Julián Besteiro el tribunal de garantías tenía competencias penales que afectaban, entre otros, al jefe del Jefe del Estado, del presidente del Consejo y de los ministros, así como al presidente y magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. 

Ese “entre otros” alcanzó al gobierno de la Generalitat, cuyo president y conselleres fueron procesados por la proclamación de independencia efectuada por Lluis  Companys. 

Lo más florido del foro

El Tribunal de Garantías estaba integrado por representantes de las universidades, del colegio de abogados y de las regiones y, donde no hay constituidas regiones propiamente dichas, por las provincias que los eligen por votación de los concejales de los ayuntamientos. 

El juicio oral, en audiencia pública ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, se inicia el día 27 de mayo de 1935 a las 11.20 horas en el Salón de Actos del Palacio de Justicia de Madrid, abarrotado de público, de altas personalidades políticas y culturales de Madrid y de Barcelona y un ejército de periodistas que transmiten a toda España, minuto a minuto lo que ocurre en la sala, salpicada de mil anécdotas “humanas”. En las primeras filas las esposas de los procesados, menos serenas que sus esposos, aparecen bastante acongojadas. 

Los defensores se sitúan en estrados a la izquierda del de la presidencia que desempeña Fernando Gasset Lacasaña, y a la derecha el fiscal de la República, Lorenzo Gallardo,. 

Los abogados defensores son lo más florido del foro: Ángel Ossorio Gallardo, Luis Jiménez de Asúa, Mariano Ruiz Funes y Augusto Barcia. 

Companys y todos los miembros de su gobierno fueron  condenados a 20 años de cárcel. Companys último se lanzó contra al fiscal reprochándole que no había pedido para él la pena de  muertes para humillarle. (Véase mi libro: Cataluña, diez horas de independencia”) 

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