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Antonio Papell
El fair play británico, patrimonio de la democracia parlamentaria más antigua del mundo, utiliza el término “leal oposición de Su Majestad” para referirse a la minoría que, con la mayoría de gobierno, sostiene la dialéctica política del país. Aquí, en cambio, hemos decaído hasta un estadio inferior en que el poder y la oposición se detestan sin matices, de forma que la tarea opositora no se reduce a la propuesta y la defensa de opciones alternativas sino que también y sobre todo procura destruir cuanto proyecte y construya el gobierno, aunque ello suponga un perjuicio para el país, una merma de riqueza, una menor cobertura social o una pérdida de patrimonio público, tangible o intangible.
Estamos viviendo el triste devenir de la dictadura venezolana, cuyo último episodio es el asilo concedido por España a Edmundo González, candidato conservador, presumiblemente el ganador de las últimas elecciones como se desprende de la cerrada negativa del régimen bolivariano a exhibir las actas que mostrarían físicamente el verdadero resultado de la consulta. Y el gobierno español, además de brindar residencia a González, afirma tácitamente su liderazgo, como los otros 26 países de la UE, al negarse a reconocer la improbable victoria de Maduro si este no ofrece las pruebas fehacientes, como la propia constitución venezolana exige. Pues bien: el PP ha forzado el reconocimiento parlamentario de la victoria del candidato conservador con el único objetivo de poner en evidencia al gobierno de Pedro Sánchez. Sin ver que, estando Maduro acorralado, este tomaría represalias que encastillan el aparato autoritario, no benefician a la sociedad venezolana y pueden causar un serio destrozo de las inversiones españolas en Venezuela (Repsol, Movistar, etc.), que en los últimos tiempos se habían intensificado.
Es evidente que semejante operación no se ha realizado por integrismo democrático ni por afecto al pueblo venezolano sino para obtener un rédito interno ante la opinión pública española. Y su materialización demuestra unas carencias éticas inquietantes ya que Génova ha tenido el atrevimiento de afirmar que el más perjudicado por las represalias comerciales de Venezuela será el expresidente Zapatero, quien tendría no se sabe qué negocios en el país americano. La insidia enlaza con la noticia “fake”, muy extendida en el submundo ultra de nuestro país, de que Zapatero ha sido obsequiado por el chavismo con una mina de oro. Ni a Trump se le habría ocurrido mayor disparate, que adorna a nuestras inefables derechas extrema y no tan extrema.
Pero este afán destructivo no se limita a cuestiones tácticas sino que alcanza a problemas vitales del país. El pacto PSC-ERC en Cataluña, muy semejante al que firmaron Aznar y Pujol en 1996, ha irrumpido en un momento en que urge llevar a cabo una reforma de la financiación autonómica, y en concreto de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que no ha sido revisada en quince años a pesar de que la propia norma exige la revisión quinquenal para adaptarla a la cambiante situación de las finanzas públicas. El Gobierno sugiere lo que razonablemente parece necesario: reformar la LOFCA en un marco multilateral, sobre la base de criterios de equidad, que no son difíciles de consensuar, de tal forma que se recupere la equidad perdida, sobre en todo en comunidades que están claramente infrafinanciadas como Valencia, Andalucía, etc. En ese esquema, se daría cumplimiento al acuerdo con Cataluña en términos que aseguraran la igualdad entre territorios. Pero el problema, cuya solución es vital para que los servicios púbicos funcionen, se ha reducido a una colisión de egos, a una batalla entre Feijóo y Ayuso, y a una pugna política que olvida el interés general. Diríase que a Génova le importa una higa el renacimiento necesario del estado de bienestar ya que lo único trascendente es atajar el camino hacia el poder, cuya carencia resulta insoportable a la derecha, que cree merecerlo por derecho divino.
El furor de la oposición es tan irracional que Génova ha renunciado también a nombrar al subgobernador del Banco de España para que quede clara su oposición al nombramiento del ministro Escrivá, quien ha emprendido un viaje muy parecido al que realizó De Guindos desde la vicepresidencia económica del gobierno a la vicepresidencia del BCE. Es claro que la negativa a influir en el BdeE perjudica sobre todo a la clientela del propio PP, que pierde una baza y renuncia a influir intelectualmente en una institución clave.
Lo grave del caso es que esta actuación de uno de los grandes partidos genera desafección democrática en la sociedad española y da alas a los radicalismos. El populismo y los extremismos no nacen por generación espontánea sino a raíz de las desviaciones de quienes incumplen su deber de lealtad constitucional, de corrección democrática y de fair play parlamentario.
Antonio Papell
