El irrespirable ambiente de nuestro escenario político parece no dar tregua y en Moncloa se hacen cruces para que lo que queda de julio pase pronto mientras se encomiendan al mes de agosto como necesaria pausa para tanto estrés. No es por las vacaciones parlamentarias, que ya no garantizan tregua alguna, sino por el descanso estival de las salas de vistas y los juzgados, que acaban de dar el enésimo disgusto al presidente con la condena a su hermano por prevaricación, por lo que en el PSOE hablan de agosto como el mes en que el presidente tendrá tiempo y sosiego para hacer su reflexión sobre cuándo convocar las elecciones generales que todo el mundo espera. Hasta ese momento, sin embargo, la segunda quincena de julio estará jalonada de importantes citas que incidirán en la decisión presidencial. Una vez más, y ya van tantas que no llevamos la cuenta, Pedro Sánchez se la juega, esta vez, en su elección de fechas: ¿elecciones en febrero o marzo, antes de las municipales de mayo, o en julio apurando al máximo el mandato? Descartado a priori un superdomingo electoral, que haría coincidir las generales con las municipales y autonómicas, la apuesta de moda entre nuestros políticos no es quién ganará el Mundial de fútbol, sino si las urnas se abrirán en primavera o con los calores del verano próximo.
Para que Sánchez elija una fecha u otra tendrá que sopesar determinadas circunstancias que tenemos a días vista. La primera, después de conocida la condena de nueve años de inhabilitación a su hermano, será la sentencia de la justicia europea sobre la Ley de Amnistía que avalará su aplicación y permitirá el retorno a España de Carles Puigdemont, según confían en Moncloa. Será este jueves pero los tiempos del posible regreso del expresident catalán no están ni claros ni determinados. Sería de desear que, con la objetividad y templanza que da el tiempo, sea juzgada y condenada con la debida severidad por la historia la insólita operación de la alta judicatura española que ha impedido ejecutar una ley votada y aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados y que ha bloqueado durante años una decisión política crucial para el futuro de Cataluña y España. Y habrá que preguntarse qué se hizo tan mal para que los jueces españoles llegaran a tener tanto poder político.
De cómo resulte, en plazos y garantías para Puigdemont, la resolución del Tribunal de Bruselas podría depender la posición de Junts de cara a tensar más o menos la cuerda alrededor del cuello del Gobierno en lo que queda de año y, por tanto, será uno de los factores que Sánchez habrá de considerar en sus reflexiones electorales agosteñas. Nadie cuenta con un inesperado apoyo de los de Junts a los Presupuestos que el Gobierno presentará al Congreso tras el verano pero un posible regreso de Puigdemont a Cataluña antes de fin de año sí desestabilizaría a Feijóo en sus intermitentes acercamientos a los posconvergentes.
También revitalizaría el discurso anticatalanista de la ultraderecha crispando aún más un ambiente que, pese a resucitar la ofensiva contra el Gobierno sobre la ruptura de España, también podrían rentabilizar los socialistas a su favor como garantes del regreso de la convivencia política a Cataluña, con el president Salvador Illa como principal exponente. No olvidemos que en las últimas elecciones generales resultó crucial el voto catalán para que Pedro Sánchez pudiera reeditar el Gobierno de coalición y para que muchos analistas llegaran a concluir que fue Cataluña quien ‘salvó a Sánchez’ en julio de 2023.
Entre tanto, la orden es de que el Gobierno siga gobernando, o, al menos dé apariencia de hacerlo. Por ello veremos en próximas semanas presentación de proyectos sobre gasto público, los Presupuestos Generales para el 2027, el nuevo modelo de financiación autonómica y hasta un decreto ley sobre medidas de vivienda. Aunque poco o nada vaya a sobrevivir a la correspondiente votación, ni los españoles vayan a notar en sus vidas efecto alguno de las medidas que contienen, Moncloa y el PSOE esperan pilotar sobre ellas la campaña electoral que ya han iniciado.
El presidente deberá echarse a la espalda la adversa sentencia contra su hermano y lo que pueda ocurrir con el procesamiento de su esposa y si va finalmente a juicio con jurado popular como sigue insistiendo el juez Peinado. Con semejantes oprobios contra su familia más directa en la mochila Sánchez habrá de manejar los meses que quedan hasta que se decida a apretar el botón electoral. Este verano necesitará algo más de cinco días para reflexionar sobre cuál sería el mejor momento de activarlo, tanto para él como para todos los progresistas que atisban con espanto la llegada de la ultraderecha al gobierno de nuestro país.
