José Sanuy
Este fue el eslogan que exhibían junto al subtitulo: “Ni para sus trabajadores ni para sus clientes” en la movilización organizada por la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT) que arrancó el pasado 28 de noviembre coincidiendo con el Black Friday, con el apoyo de los sindicatos LAB, SB e Intersindical Valenciana desde la sede de Recursos Humanos de El Corte Inglés, en la calle Hermosilla nº 112, hasta las tiendas de la calle Goya.
Asegura la CGT que “a pesar de las movilizaciones que han tenido lugar meses atrás y de haber conseguido algunas victorias sindicales la dirección empresarial no ha adoptado las mejoras prometidas y continúa valiéndose de la complicidad de “sindicatos” afines, como Valorian o Fetico, o de la ineficiencia de otros como CC.OO. y UGT, para ignorar las reivindicaciones de las plantillas”.
“Menos personal=más espera”
El sindicato convocante respondía a la pregunta: “¿Cómo le afecta esto a usted como cliente: “Menos personal=más espera. Cada vez hay menos manos para atenderle (…) La plantilla está agotada (…) pedidos que no llegan, errores… y la atención acaba siendo con máquinas, no con personas (…) mientras se recorta personal y suben precios, el servicio que recibe empeora”.

La CGT da cuenta de “una realidad que se intenta ocultar: Trabajamos domingos y festivos sin pago extraordinario, hasta 11 días seguidos sin descansar, jornadas de 10 horas o más, salarios mínimos y sin incentivos, horarios imposibles para conciliar, plantillas reducidas: miles de tareas para muy pocas personas” y concluye: “Queremos ofrecerle el mejor servicio, pero así es imposible”.
Las primeras protestas en la historia de estos grandes almacenes
CGT, que ya convocó a principios de este año en pleno periodo de rebajas, las primeras protestas en la historia de estos grandes almacenes, denuncia que la situación de las personas trabajadoras sigue siendo casi la misma a la de hace casi un año. Las protestas de las plantillas de El Corte Inglés tuvieron, por parte del Gobierno, el respaldo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien declaró que Inspección de Trabajo realizaría una revisión de las jornadas laborales de estas personas.
Para la CGT esta actitud que la dirección de empresa mantiene es incompatible con los valores que desde la misma se empeñan en trasladar a la sociedad, con millones de euros invertidos en publicidad para maquillar la realidad que hay detrás. Por un lado la poca o escasa cultura sindical, entendida a través de la lucha por unas condiciones dignas y el monopolio por parte de organizaciones amables con la empresa, como Valorian y Fetico. Por otro lado, CGT señala la nula acción sindical por parte de otras organizaciones sindicales que viven a costa de vender una actividad y luego realizar otra totalmente alejada de los verdaderos objetivos que servirían para proteger y defender a la clase trabajadora, como CC.OO. y UGT.
CGT, a través de sus representantes, ha denunciado que la empresa que dirige Marta Álvarez mantiene unos sueldos precarios, estancados o sin evolución notoria, a pesar de que el nivel de vida continúa aumentando. Denuncia que Marta Álvarez se ha vanagloriado en algunas ocasiones de haber presentado unas cuentas con importantes beneficios. Sin embargo, El Corte Inglés ha destruido en los últimos años más de 16.400 puestos de trabajo.
Una gobernanza mejorable
Un informe de Standard & Poor’s elevó la perspectiva crediticia a positiva, pero señaló: “La estructura de gobierno es un factor moderadamente negativo en nuestro análisis de calificación crediticia” (…) “En comparación con una empresa cotizada de tamaño similar, el grupo cuenta con menos consejeros independientes”, la mayoría de consejeros “lleva muchos años en el consejo” (…) “la concentración del control y de la influencia podría estar menos alineada a la toma de decisiones corporativas en relación con los intereses a largo plazo de otras partes interesadas”.
En efecto, choca el vertiginoso cambio corporativo, de la presidenta de Marta Álvarez a su hermana Cristina Álvarez, cuatro consejeros delegados y de ejecutivos, con un gasto de 58 millones de euros de indemnizaciones de despido desde 2019 cuando Marta fue nombrada presidenta hasta el ejercicio de 2024, los últimos datos disponibles. No están incluidas las cuentas del despido del consejero delegado, el argentino Gastón Bottazzini que se produjo el 29 de octubre, un año y tres meses después de su nombramiento, ni la salida del ejecutivo Javier Catena recientemente despedido.

