Inmaculada Sánchez
En estos tiempos en los que todo lo malo que suceda en nuestro país es atribuible a Pedro Sánchez, al que se puede acusar hasta de la muerte de Manolete, permítanme reivindicar una de las iniciativas más importantes de este Gobierno justo en la semana en que la derecha le va a asestar un duro golpe en el Congreso impidiendo la prórroga de algunas de sus medidas. Hablo del escudo social, una definición acuñada por el Ejecutivo de coalición y ya instalada en nuestro vocabulario político, bajo el que se reúnen medidas protectoras para los más vulnerables pero que también favorecen a una mayoría social del país.
Resulta sorprendente lo poco que se reconoce el diligente esfuerzo del Gobierno y sus socios de izquierda por construir y mantener, a lo largo de las duras legislaturas que vienen afrontando, un edificio de protección social ante las sucesivas crisis que nos han golpeado en los últimos años, entre ellas, la de la pandemia y la derivada de la guerra de Ucrania. Conviene recordar también, para valorarlo en su justa medida, el absoluto desierto de ellas durante los años de la crisis financiera, bajo gobiernos del PP con Mariano Rajoy al frente, en los que numerosas familias se quedaron sin casa, sin recursos ni ahorros y a la intemperie financiera y laboral.
Tan eficaz está resultando la deshumanización del presidente, el acoso judicial y el mar de bulos y desinformación propagados por la derecha y ultraderecha contra él, que no está de más hacer un breve repaso de los principales ladrillos de uno de sus mayores logros, este escudo por el que todavía las fuerzas progresistas han de fajarse en el Parlamento para mantener, dadas las ajustadas mayorías del hemiciclo. El primero y más relevante lo constituye la revalorización de las pensiones conforme al IPC, consagrada por ley a propuesta del Gobierno y aprobada en el Congreso en 2021. Mientras todo el hemiciclo se apunta ahora a no tocar tamaña conquista para los pensionistas pocos recuerdan su escasa antigüedad y al responsable de la misma.
Otra pieza fundamental de amparo público fueron los ERTEs que el Gobierno impulsó y rediseñó para que no se perdieran miles de empresas y puestos de trabajo durante y después de la pandemia. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo estaban ya recogidos en el Estatuto de los Trabajadores pero sólo eran usados puntualmente por la industria automovilística nacional para hacer parones estratégicos de producción.
El Ejecutivo amplió entonces su alcance perdonando la cuotas a la Seguridad Social de los empresarios y permitiendo a los trabajadores cobrar el paro sin tener el tiempo de cotización suficiente y sin que lo ‘gastaran’ para sus derechos futuros. Tan tremendo dique de contención con millones de fondos públicos permitió el retorno a la actividad de una mayoría de empresas que la pandemia había cerrado. Volvamos a comparar: la crisis financiera de 2008, por el contrario, disparó el paro en nuestro país al 26,9 por ciento.
Otra de las vigas maestras del escudo es también uno de los mayores triunfos que puede apuntarse este Gobierno: la histórica subida del Salario Mínimo Interprofesional. Desde 2018 en que Pedro Sánchez llega a la Moncloa el SMI ha subido nada menos que un 65,9 por ciento, pasando de los 735,90 euros mensuales en que lo mantenía Rajoy a los 1.221 en los que ha quedado este 2026 tras la última subida aprobada. Estos consecutivos ascensos han beneficiado a millones de empleados de las categorías más bajas y los sectores más precarizados, mayoritariamente mujeres, pero también a otros muchos. El SMI es referencia para no pocas ayudas públicas, desde las indemnizaciones que paga el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) a algunas prestaciones del SEPE o de ayuntamientos u otras entidades e, incluso, como dato negociador para algunos convenios.
Aún habría que citar más novedades en el catálogo de protección pública ampliado por este Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital que, aun con dificultades de implantación y gestión en sus primeros años, se ha consolidado como una base de nuestro Estado del Bienestar difícilmente revertible. También se vienen renovando anualmente diversas ayudas para colectivos vulnerables desde que la guerra de Ucrania disparase el coste de la energía y desbocara la inflación, como la suspensión de determinados desahucios o la prohibición del corte de agua o luz a familias sin recursos. Más amplio abanico de beneficiarios tiene el bono social eléctrico o las subvenciones generales en el transporte público.
Estas últimas medidas, consideradas temporales y que requieren renovación anual, son las que este jueves pasarán revista a las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados. La exigua e inestable mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez en La Moncloa no conseguirá su aprobación por el rechazo de Junts a la prórroga de la limitación de los desahucios a la que los de Puigdemont acusan de promover la okupación de viviendas. El PNV apoyará la prórroga tras negociar con el PSOE que se excluyera de la medida a los propietarios de una o dos viviendas pero los posconvergentes, en feroz competición con la ultraderecha catalana de Aliança, no han dado su brazo a torcer y sumarán sus votos negativos a los del PP y Vox, si no hay sorpresas de ultima hora.
El Gobierno y sus socios no se cansan de repetir, muchas veces en vacío, los logros alcanzados para una mayoría de ciudadanos con esta protección social y esta semana los volveremos a escuchar en el debate parlamentario del decreto. Posiblemente no hagan mella en el relato instalado por la derecha de un gobierno en descomposición y un presidente corrupto y maligno pero, al menos, no neguemos ni olvidemos que ha hecho cada cual en nuestro país en estos últimos y aciagos años.
