Escrito por 9:49 am Dossier

El informe del CES señala que la economía española mostró en 2022 un fuerte e inesperado dinamismo  

Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES) resume sus reflexiones sobre el informe de este organismo correspondiente a 2022 realizado desde el día 28 de septiembre de 2022, hasta el día 23 de mayo de 2023, de la siguiente manera:

La primera es que la actividad económica ha mostrado en 2022 un fuerte dinamismo, a la vez que el mercado laboral ha dado muestras de una resiliencia y mejora tanto cuantitativa como cualitativa, contrariamente a los pronósticos que de forma casi unánime anunciaban la llegada de una recesión económica. 

Este buen comportamiento inesperado está relacionado con dos factores que la Memoria analiza de forma exhaustiva. Por un lado, con la capacidad de las políticas económicas, laborales y sociales que se pusieron en marcha para mitigar los impactos de la pandemia y de la guerra de Ucrania sobre las familias y las empresas. 

La pandemia ha hecho que los Gobiernos, incluida la Comisión Europea, hayan cambiado la forma de gobernar la economía durante las crisis, con medidas orientadas a sostener a flote a las familias y a las empresas. Fueron medidas rápidas, eficaces y, en algunos casos, innovadoras. Estas medidas han sido decisivas para mantener la confianza de los hogares y las empresas, y con ella la actividad económica y el empleo. 

El otro factor que está detrás de este dinamismo ha sido, en opinión de Antón Costa, la cultura de diálogo social bipartito y de consenso entre organizaciones sindicales y empresariales que existe en España. Esta cultura de consenso ha sido determinante para hacer frente a los retos que ha planteado la concatenación de calamidades que estamos viviendo. 

Sin ella no puede entenderse el comportamiento de la economía y el empleo en España durante estos años. Primero la pandemia y la guerra de Ucrania y, después, el resurgir de la inflación, han dado un nuevo impulso a esta cultura de diálogo y consenso social, con más de catorce acuerdos sociales de gran relevancia. 

Es difícil exagerar la importancia de esta cultura de diálogo social y concertación. Constituye un activo inmaterial de importancia crucial al incorporar un elemento de paz social que ha sido decisivo en este bienio y que lo será aún más en los próximos años para afrontar los grandes desafíos relacionados con la doble transición digital y verde, así como para lograr que esta transformación productiva venga acompañada de una paralela transformación de la fuerza laboral. 

La enseñanza que ofrecen las medidas paliativas y el diálogo social es que cuando existen reglas de reparto justo de los costes de las crisis, las recesiones son más cortas y menos graves y la recuperación es más rápida, equilibrada y sostenible. 

Este dinamismo económico no ha evitado que muchas personas y hogares continúen pasando frío. Los datos que ofrece la Memoria son reveladores. 

Los datos sobre aumento de la pobreza son impactantes. Una pobreza que es aún más sangrante y moralmente inaceptable cuando afecta a los niños que viven en los hogares pobres y a los que la pobreza les niega el principio de igualdad de oportunidades. 

Esta pobreza es, en primer lugar, una afrenta a la dignidad de las personas que la sufren, impidiéndoles llegar a ser en la vida aquello que tienen motivos para desear ser. Una sociedad desarrollada, democrática y decente no puede aceptar la realidad de esta pobreza. 

Pero si este argumento moral no fuera suficiente, hay otro argumento económico poderoso para erradicarla: la pobreza es un despilfarro de recursos humanos y una pérdida de dinamismo económico. 

La consecuencia para la economía es una pérdida elevada de productividad y de crecimiento potencial. Hoy sabemos que invertir en erradicar la pobreza, especialmente la pobreza de la primera infancia, tiene unos retornos económicos superiores a los de, por ejemplo, cualquier otra inversión en infraestructuras.

De ahí que el Pleno del CES haya aprobado la constitución de una comisión de trabajo específica para analizar las causas y consecuencias de la falta de inversión en la primera infancia. 

La tercera reflexión que hizo el presidente del CES es que los datos de esta Memoria 2022 parecen apuntar a un cambio en algunas de las pautas tradicionales del crecimiento económico y del empleo en España. El ciclo recesión-recuperación pospandémico ha sido menos bipolar, maníaco depresivo, que el que acostumbraba a manifestar la economía española en anteriores crisis.

Comparado con la recesión de 2008, ahora la recesión ha sido más corta y la recuperación más rápida. Además, el crecimiento que estamos viendo es más equilibrado en sus fuentes, demanda interna versus demanda externa, y más inclusivo en términos territoriales, entre campo-ciudad y en género y edad. 

Algo similar está ocurriendo con las pautas de comportamiento del empleo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, bajo la nueva reforma laboral consensuada, por primera vez, por los agentes sociales. 

Es aventurado sugerir que estas nuevas pautas de crecimiento más equilibrado e inclusivo y de empleo más resiliente y de mayor calidad vayan a mantenerse en el futuro. Pero tampoco hay por qué descartarlo. 

Algunos aspectos relevantes del informe

Los avances en igualdad entre mujeres u hombres en la Unión Europea en las últimas décadas son innegables, si bien insuficientes para contrarrestar las desigualdades estructurales existentes entre hombres y mujeres. Los datos aportados por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género muestran progresos desde el año 2010 del Índice de igualdad de género (IIG) para la Unión Europea. 

Con todo, son avances lentos, habiéndose logrado una mejora de tan solo 5,5, puntos desde 2010, lo que supone que, de mantenerse ese ritmo de mejora (un punto cada dos años), la igualdad entre hombres y mujeres no se alcanzaría en la Unión Europea hasta dentro de tres generaciones, y ello sin tener en cuenta el impacto de la pandemia, que ha sido negativo, lo que supone un cambio de tendencia en la que venía siendo una trayectoria progresivamente favorable hacia la igualdad. 

No en vano, en 2020 se han producido por primera vez en la última década retrocesos en algunos de los ámbitos principales del IIG, como en la participación laboral, la esfera de los conocimientos de las mujeres, el tiempo dedicado a los cuidados o el acceso y estado de salud; mientras que otros ámbitos apenas han registrado mejoras o muy leves. 

De hecho, de no haber sido por los avances registrados en la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas, el índice habría experimentado una disminución. Con todo, subsisten diferencias importantes entre los distintos Estados miembros, tanto en los niveles de igualdad alcanzados en el índice de igualdad de género, como en el ritmo en el que se están produciendo los avances en la última década. 

España destaca en la igualdad de género salvo en el ámbito político

España, a este respecto, destaca en ambos: su puntuación en el índice (74,6) la sitúa seis puntos por encima del promedio europeo (68,6) y en el sexto puesto de la UE-27 (gráfico 57). Atendiendo a los ámbitos más específicos del índice de igualdad de género, España está muy por encima del promedio europeo en los aspectos referidos a la salud en todas sus vertientes (estado, acceso y hábitos saludables), así como al acceso al poder, sobre todo en el ámbito político. Los peores resultados, en cambio, se registran en tiempo dedicado a los cuidados y actividades sociales, así como en el monetario, esto es, recursos financieros y situación económica. 

A pesar de la pandemia, España ha logrado seguir avanzando de manera positiva en el cómputo global del índice, si bien se observan algunos retrocesos en el ámbito del trabajo, concretamente en la participación laboral de las mujeres, en el ámbito del poder, con un ligero retroceso en el ámbito político, y en el de la salud que, aunque se mantiene en niveles elevados, registra un descenso en el estado de salud de las mujeres respecto a los hombres y en el acceso a la sanidad 

La prosperidad económica y social de la Unión Europea, y de España en particular, depende en buena medida de que sigan produciéndose avances en igualdad de género, habida cuenta de los lentos e insuficientes progresos que se han producido en la última década, y de la fragilidad de los mismos, tal y como ha puesto de manifiesto la pandemia. Además, los avances en materia de igualdad de género deben ser generalizados en el conjunto de la región, mediante una mayor convergencia al alza entre los Estados miembros, contando para ello con las importantes iniciativas comunitarias que se han adoptado en los últimos años en el marco de implementación y desarrollo del Pilar social, como la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la Estrategia para la igualdad de género 2020-2025, o la Estrategia Europea de Cuidados. España ha logrado mejoras muy destacados, si bien debe seguir avanzando para lograr una sociedad más igualitaria, justa y cohesionada. 

Conclusiones

El proceso de convergencia en el bienestar y las condiciones de vida ha sufrido vaivenes y se ha visto interrumpido y reanudado, no sin secuelas, a lo largo de las tres que han afectado a la Unión Europea más recientemente (crisis financiera de 2008, COVID 19 en 2020 y consecuencias de la invasión de Ucrania en 2022). 

Así, la crisis financiera mundial y de la deuda soberana de la zona euro trajo consigo importantes divergencias, suponiendo importantes en el bienestar de la población especialmente en los países del sur que fueron objeto de rescate, acrecentándose las brechas entre regiones y las desigualdades sociales. 

A continuación, se reanudó el proceso de convergencia —aún lastrado por las consecuencias sociales de la anterior crisis que arrastraban todavía algunos países— que se vio frenado nuevamente por el impacto de la pandemia por COVID-19. 

La gestión por parte de las instituciones europeas de este nuevo shock, radicalmente diferente del anterior trajo consigo un avance a nivel de la convergencia en las políticas sociales y su mayor enfoque en el sostenimiento de hogares, trabajo y tejido empresarial. 

Aun así, nuevas divergencias se produjeron por la especificidad de la incidencia geográfica de la pandemia y sus oleadas, la distinta entidad presupuestaria de los paquetes de ayuda nacionales y las diferencias en su orientación, duración e intensidad de las ayudas. 

La convergencia hacia los objetivos sociales que se marcó la propia Unión Europea para 2030 sigue siendo un desafío para la gran mayoría de los países miembros. Si además se toman en consideración los objetivos ambientales, el trecho que queda aún por recorrer es muy considerable. 

En una panorámica global, considerando los resultados de las distintas fuentes, España cuenta con importantes fortalezas en el terreno del bienestar, entre las que destaca una de las esperanzas de vida más largas del mundo, avances considerables en el terreno de la igualdad entre mujeres y hombres especialmente en la participación política a pesar de la persistencia de brechas de género, una elevada proporción de población con educación terciaria o la alta escolarización de menores de tres años.

España más vulnerable al cambio climático

Sin embargo, el gran número de hogares con bajos ingresos que se sitúan en riesgo de pobreza, situación especialmente grave en el caso de las familias con niños; la persistencia del problema del fracaso y abandono escolar temprano y los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda comprometen el nivel de bienestar global y su convergencia con los países con mejores resultados. 

España presenta una especial vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático, cuyo impacto en el bienestar individual y colectivo es cada vez más evidente por lo que resulta imprescindible la incorporación de esta perspectiva a cualquier aproximación a la convergencia social desde un enfoque integral del bienestar y la calidad de vida. 

Desde el punto de vista de los indicadores que miden la convergencia en términos de calidad del entorno y medio ambiente, pese a los avances registrados en términos de consumo final de energía o pérdida de años por exposición a partículas PM2,5, España debe aumentar el esfuerzo para reducir la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en el hogar, reflejo del aumento de pobreza energética, así como la proporción de hogares con problemas de ruido, cuestiones vinculadas a la desigualdad social y a la transición energética justa, puesto que afectan más a la población con menor nivel de ingresos. 

A pesar de un creciente apoyo a las políticas de protección del medioambiente, queda recorrido para trasladar la conciencia ambiental a la vida cotidiana. Así, destaca la necesidad de aumentar la tasa de reciclaje de residuos municipales, para los que España con un 36,7 por 100 en 2021 permanece a la cola de los países europeos (cuya media alcanzó ese año un 49,6 por 100). Finalmente, en la antesala de la presidencia española del Consejo, la heterogeneidad y diversidad de situaciones imperante en los países de la Unión Europea hace necesarios nuevos instrumentos para conocer e impulsar la convergencia social, favoreciendo una aproximación a la misma a través de un nuevo marco europeo de indicadores que refleje la concepción multidimensional del bienestar, más allá del PIB, integrando los indicadores sociales y ambientales tal y como preconizan las instituciones europeas.

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