Escrito por 7:06 pm Política

El juez Peinado, ¿otro García-Castellón?

Inmaculada Sánchez

La inmisericorde ofensiva contra el gobierno de coalición progresista desplegada por la judicatura conservadora que puebla mayoritariamente nuestros juzgados parecía mostrar algún signo de fatiga, que no de rendición. El reciente acuerdo PSOE-PP para renovar finalmente el Consejo del Poder Judicial, sin que los de Feijóo se garanticen el cambio del sistema de elección que pretendían, podría verse como un indicio al respecto al que habrían seguido otras señales, como el obligado archivo del ‘caso Tsunami’ por el infatigable Manuel García-Castellón. Hay causas y jueces, sin embargo, que se resisten con uñas y dientes a aceptar determinadas realidades. Ahí tenemos al juez Juan Carlos Peinado -aprendamos ya su nombre- insistiendo en la investigación a Begoña Gómez, en citarla a declarar, en grabarla en video y hasta en detenerla si no asiste el lunes próximo a la declaración de un testigo.

A García-Castellón le ha costado años soltar la pieza del ‘caso Tsunami’ con la que pretendía encausar por terrorismo a Carles Puigdemont o Marta Rovira, entre otros, excluyéndolos de la Ley de Amnistía. Sería prolijo, y tedioso para el lector, enumerar el sin fin de actuaciones de este magistrado de la Audiencia Nacional para  mantener viva una instrucción por los altercados ocurridos en el aeropuerto de Barcelona y el paso fronterizo de La Junquera en octubre de 2019 en protesta por la sentencia del procés.

En contra del criterio de la Fiscalía, que siempre los valoró como “desórdenes públicos”, una calificación que habría hurtado el caso al simpar juez enviándolo fuera de la Audiencia Nacional, García-Castellón prolongó la investigación desde 2021 en base a la intención de “subvertir el orden constitucional” de los promotores de las movilizaciones con oportunísimas calificaciones de delito a políticos concretos cada vez que la negociación de la ley de amnistía delimitaba a sus futuros beneficiarios.

Ha tenido que ser un irrefutable auto de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional el que invalide una irregular prórroga dictada por el instructor y acote lo investigado hasta 2021, con tal escasez de pruebas e indicios que el juez no ha tenido más remedio que archivar la causa. Las consecuencias políticas son de alto voltaje. Marta Rovira ha anunciado que podría incluso retornar a España en unos días y es ella quien dirige las negociaciones con el PSC para la posible investidura de Salvador Illa. García-Castellón nunca ha dado puntada sin hilo.

Para el posible regreso de Puigdemont aún tenemos impedimentos como la imaginativa interpretación del Supremo de la malversación perpetrada el 1-O para excluirla de la amnistía, o la ‘trama rusa’ reabierta por el juez Joaquín Aguirre con la calificación de delito de ‘alta traición’ para negarle, también, el perdón previsto en la ley. A instancias superiores o al Tribunal Constitucional, en su caso, corresponderá la última palabra en la aplicación de una amnistia que ninguna otra ley habrá vivido tan llena de obstáculos.

Y es en este ambiente de superioridad de las togas en el que aflora otro magistrado con evidente interés en dejar huella. Si los independentistas empiezan a ver alguna luz judicial al final del túnel, la esposa del presidente aún tendrá que esperar: el titular del juzgado de instrucción n.º 41 de Madrid mantiene, al más puro estilo garcía-castellón, la investigación de una causa contra Begoña Gómez que la Audiencia Provincial ya le acotó y la Fiscalía europea le arrebató, al poder estar incursos fondos europeos.

Pese a todo ello y a las reiteradas exigencias de explicaciones de su defensa sobre el motivo de la imputación el juez Peinado insiste. Sus últimas decisiones, incluso, parecen destinadas a un objetivo concreto: la asistencia, para conocimiento público, de la esposa del presidente del Gobierno, en un juzgado respondiendo a preguntas del juez, aunque su investigación esté abocada a un final como el Tsunami de su homólogo en la Audiencia Nacional.

Así, ha denegado la solicitud de que la declaración de Gomez, prevista para el 19 de julio, no se grabase en video para preservar su imagen, y no sólo la ha citado también este próximo lunes para asistir al interrogatorio de un testigo de la causa, el empresario Juan Carlos Barrabés, sino que la ha advertido de su posible detención si no acude. Ello, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no obliga a un imputado a estar presente, sino solo a su abogado.

No nos engañemos, pues. Los envalentonados jueces de la derecha mantienen su ofensiva aunque el sistema imponga, al final, algunos tardíos controles. Quienes la imparten saben mejor que nadie que si la justicia llega tarde, ya no puede considerarse justicia alguna y que las consecuencias políticas, más que cualquiera otras, son irreparables. Manuel García-Castellón se jubilará el próximo septiembre, a punto de cumplir los 72 años de edad. A Juan Carlos Peinado aún le quedan dos para llegar a ella.

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