El Tribunal Constitucional está politizado
Ignacio Vasallo
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de la Ley de Amnistía sin entrar en los motivos políticos de esta ha vuelto a reavivar el debate sobre la politización de la justicia. El PP ha tenido su momento Casablanca. Igual que el capitán Renault exclamaba :que escándalo aquí se juega mientras recogía el sobre con su mordida ,los populares se escandalizan por una sentencia que no les gusta, tras cinco años de embolsarse los beneficios de no haber accedido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial
Alberto Núñez Feijoo, ha calificado de ilegal una sentencia que responde a un recurso presentado precisamente por su partido. No se trata ya de disentir de un fallo lo que es habitual, sino de asumir un papel por encima del máximo intérprete de la Constitución. Esa deslegitimación directa del Tribunal Constitucional por parte del principal partido de la oposición marca un nuevo escalón en el deterioro del clima institucional.
La prensa conservadora ha ido incluso más lejos. En ABC, Carlos Herrera ha llamado banda de prevaricadores a los magistrados que votaron a favor de la sentencia. El editorial del mismo diario critica al Constitucional por no haber esperado a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara sobre algunas cuestiones prejudiciales . Señala también que el informe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea sobre la ley es absolutamente demoledor , aunque ese informe no es vinculante, ni concluyente sobre la legalidad de la norma. Este mismo editorial concede además más valor a los votos particulares de la minoría conservadora del tribunal que a los argumentos de la mayoría progresista.
Las críticas se centran en la relación de algunos de los magistrados progresistas con el PSOE. Se omiten, sin embargo, las trayectorias de los magistrados conservadores con vínculos claros con el Partido Popular. Tampoco se alude a la filiación del director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que fue jefe de gabinete de dos comisarios del PP .
El Partido Popular parece descubrir ahora que el Tribunal Constitucional está politizado. Lo está, pero no es una sorpresa. Lo está porque así lo han querido los partidos políticos dominantes que durante décadas han pactado su composición, repartiéndose los puestos entre ellos y cediendo a veces una plaza a otro partido del que necesiten su apoyo parlamentario.
El PP ha contribuido activamente a ese diseño. Durante más de cinco años bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial por razones políticas, en contra de lo establecido por la Constitución. También participó en la elección de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, incluidos aquellos que ahora critica. La politización no es un accidente. Es el resultado de un sistema diseñado para ser controlado por las mayorías políticas, que ahora molesta porque quien controla es el otro .
El recurso presentado por el PP contra la Ley de Amnistía fue admitido por el propio Tribunal, y su resolución ha seguido los cauces procesales previstos. La sentencia ha sido aprobada por seis votos frente a cuatro. El Constitucional no necesita unanimidad para tomar decisiones, como no lo necesita el Supremo ni ningún otro tribunal colegiado. Sin embargo los populares defienden que la división interna deslegitima el fallo.
La oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil pueden y deben ejercer el control y la crítica, pero sin erosionar los pilares del sistema institucional. La campaña de descrédito actual contra el Tribunal Constitucional no solo apunta a sus integrantes, sino que socava la confianza ciudadana en la justicia en su conjunto.
Este deterioro no es nuevo, pero se agrava cuando la crítica deja de ser jurídica o política para convertirse en personal. Llamar prevaricadores a los magistrados equivale a acusarlos de delinquir. Es una forma de deslegitimación total, que rompe cualquier posibilidad de mantener el respeto institucional.
Los partidos han pactado históricamente el reparto de los órganos judiciales. Han aceptado como normal el cruce de nombres entre mayorías parlamentarias. Han consensuado candidatos que, en muchos casos, proceden directamente de sus filas. Cuando el PP controla el órgano, el sistema es válido. Cuando pierde el control, es ilegítimo. No hay crítica al modelo, sino a su resultado.
El debate sobre la Ley de Amnistía debe continuar en el plano político y en las instancias judiciales europeas, si así lo estiman oportuno los tribunales y las partes afectadas. Pero cuestionar la legitimidad de una sentencia porque no se comparte su orientación es una deriva peligrosa.
España necesita una reforma del sistema de elección de los órganos judiciales y del TC. También necesita que los partidos asuman su papel institucional con más sentido de Estado. Mientras eso no ocurra, el Tribunal Constitucional seguirá politizado. Pero no por los magistrados, sino por quienes lo han convertido en un campo de batalla más.
