Inmaculada Sánchez
El PP de Núñez Feijóo parece no tener decidido aún qué pretende ser de mayor pero por el momento está dejándose arrastrar por Vox hacia un peligroso camino de desobediencia institucional. Sus numerosos gobiernos autonómicos están siendo utilizados como bastión de resistencia a las políticas aprobadas en el Congreso de los Diputados ya no sólo criticándolas sino poniendo palos en las ruedas para su aplicación. Lo vimos con la Ley de Vivienda, que únicamente se está aplicando en Cataluña, y ahora podríamos volver a verlo con el reparto de menores migrantes recogido en la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno acaba de pactar y que el PP rechaza de plano.
La deslegitimación del actual Gobierno de coalición ha sido una constante en el discurso del PP desde el minuto uno en que se vio fuera de La Moncloa tras haber ganado las elecciones generales de julio de 2023. Las reglas de la democracia parlamentaria bajo las que convivimos dejó a los populares en la oposición y su mal digerida frustración alumbró el machacón mensaje de que había que volver a las urnas porque los diferentes partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez no tenían la legitimidad necesaria para hacerlo, aunque legalmente pudieran.
Su insistencia al respecto cada vez que el Gobierno daba un paso era claro síntoma de que la derecha a la que se iban a enfrentar Sánchez y sus aliados parlamentarios en la legislatura no llevaba incorporados los mecanismos de ‘partido de Estado’ que en otros tiempos eran parte de la oferta electoral del PP. El aliento de los de Abascal en el cogote de Feijóo y de sus barones territoriales iba marcando el paso, pese a ocasionales distanciamientos de Génova.
El transcurso de los meses con la constatación de que el Gobierno se mantenía y las urnas se alejaban hizo decaer la repetida invocación a elecciones anticipadas pero no el mantra de la supuesta ilicitud de decisiones del Gobierno o del Parlamento, como la Ley de Amnistía, que ha visto mutilada su aplicación por una insólita resistencia judicial alimentada en la doctrina de la ilegitimidad. Autoritarismo, autocracia, vulneración de la separación de poderes… continúan en el vocabulario de oposición de los de Feijóo y aun con todo el daño que provocan a nuestro armazón institucional el PP parece decidido a dar un paso más, pasando de las palabras a los hechos, en cuanto su poder autonómico se lo permite.
La Ley de Vivienda, hasta ahora, ha sido el principal exponente de esta suerte de ‘insumisión’ a la legalidad vigente. Encabezados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni una sola de las autonomías gobernadas por el PP ha declarado zonas tensionadas en sus territorios impidiendo que se apliquen las restricciones a los precios previstas en la ley, aprobada en 2023. Las competencias autonómicas en materia de vivienda han permitido así a los barones populares dejar en papel mojado una de las principales leyes sociales del Gobierno, pero también han herido gravemente la colaboración y lealtad entre administraciones, tan necesarias en situaciones de mucha mayor gravedad, como la pandemia del Covid, en su momento, o la más reciente Dana de Valencia.
Esta semana el PSOE ha conseguido pactar con Junts la modificación de la Ley de Extranjería que convierte en obligatorio el acogimiento por autonomías de los menores migrantes que se hacinan en Canarias y las críticas del PP ya se han deslizado hacia una posible desobediencia. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, aseguraba este martes que, aunque el PP no incumplirá la ley, “si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de estos menores, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar”. El mecanismo ‘legal’ que barajan en el PP, aunque Tellado no lo verbalizara, es retrasar o bloquear los datos requeridos sobre menores acogidos para obstaculizar la operativa del reparto.
Si, tras Mazón, otros gobiernos autonómicos presididos por el PP pactan sus Presupuestos con Vox asumiendo sus posiciones en migración o cambio climático, el negacionismo global habrá dado un salto de gigante en España. Las leyes se pondrán cada vez más en cuestión y faltará menos para negar la ley misma.
