Inmaculada Sánchez
Hace tiempo que ningún agosto supone ya un parón en la vida del país pero el que despedimos en unos días va a marcar como ningún otro la tensión política del resto del año. La ola de asfixiante calor, con los históricos incendios que la han acompañado, no es sólo una más en la serie de catástrofes que parecen haberse cernido sobre nuestra existencia en los últimos tiempos. Es una consecuencia concreta y directa del cambio en el clima que nuestro depredador sistema productivo y económico está causando en el planeta, con España situada en una de las zonas de mayor impacto. Al Gobierno de Sánchez se le calienta aún más el otoño con nuevas urgencias, pero todavía mantiene a los socios de su lado mientras la funesta gestión de las emergencias de sus presidentes autonómicos y el contagio del negacionismo de Vox siguen haciendo estragos en el discurso de Feijóo.
El sofocante agosto no ha dado tregua alguna, como tampoco se la ha permitido esta semana de arranque del curso político. El primer Consejo de Ministros tras las vacaciones ha tenido que declarar zonas catastróficas a los territorios más afectados por las llamas cuando todavía distintos incendios aún están sin controlar en la zona noroeste del país. Cuatro ministros están compareciendo en el Senado desde el martes para dar cuenta de la gestión del Gobierno ante la situación y para bregar con el PP, que lo acusa de haber escatimado recursos a las autonomías afectadas.
La primera cita parlamentaria, no obstante, ha devuelto a la realidad a los de Génova. La reunión de la Diputación Permanente del Congreso, solicitada por el PP para forzar las comparecencias urgentes del Presidente y de varios miembros de su Ejecutivo a fin de exigirles cuentas sobre incendios, corrupción o ‘crisis’ migratoria y ferroviaria, se ha saldado con todas y cada una de ellas denegadas por los votos en contra de los socios de Sánchez. Ni un país en llamas remueve al bloque de la investidura, confirman con desconsuelo en el PP, aunque su irritación está más conectada con las manifestaciones contra sus presidentes en Galicia y Castilla y León, que con sus habituales derrotas en el parlamento.
El fantasma de la DANA de Valencia y del lastre de Mazón se pasea por el despacho de Feijóo pero no parece que le esté haciendo recapacitar sobre la ofensiva desplegada contra el Gobierno a cuenta de los incendios. La desesperación de los principales afectados se está dirigiendo, al menos por el momento, a los gobiernos autonómicos, responsables de la prevención y extinción, acusando a Rueda, en Galicia, y, sobre todo a Mañueco, en Castilla y León, de recortes, imprevisión e ineficaz gestión en lo inmediato.
La respuesta a este descontento ha seguido desde Génova la estrategia ya perfectamente asentada tras el congreso de julio: al Gobierno, ni agua, ni colaboración, ni lealtad institucional, ni propuestas alternativas. Aunque estemos ante situaciones de emergencia nacional. El discurso se ha simplificado aún más, si cabe. Todo es culpa de Sánchez y todo va mal desde que gobierna. El bulo de una histórica confluencia de pirómanos para explicar el número y extensión de los fuegos completa el cuaderno de batalla. El contagio del negacionismo de Vox, que ninguna oleada de incendios, por histórica y catastrófica que resulte, es capaz de siquiera matizar, amenaza con terminar arrastrando al PP a terrenos todavía más insospechados.
El rechazo al reparto de menores migrantes es otro de los caminos en el que los populares van tras la huella de los de Abascal. Aprobado y decidido el reparto de los que se hacinan en Canarias entre autonomías de la península el PP sigue criticando la medida mientras mantiene los recursos ante el Constitucional de la ley que obligará a los gobiernos regionales a asumir su cuota. Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que activa los traslados, a los que los gobiernos afectados ”no se podrán negar”, según el ministro Ángel Víctor Torres, pero sobre los que hay dudas respecto a la rapidez para su implementación.
El guión de Moncloa, por su parte, intenta que el Gobierno retome el control de la agenda política repicando que este septiembre arranca ‘la segunda parte de la legislatura’, con sus dos años todavía por delante. Y anuncia que presentará ante las Cortes el proyecto de Presupuestos Generales, aunque la ministra portavoz, Pilar Alegría, ya haya matizado este martes que hay mucho que negociar y que habrá que ir “partido a partido”.
Entre tanto, el juez Peinado continúa su investigación contra la esposa del presidente y la ha vuelto a citar tras ampliar el número de delitos imputables mientras el Supremo retoma el caso Cerdán en todas sus posibles derivadas. El terreno de juego sigue siendo incierto y peligroso para el Gobierno pero el mantra del ‘hay que resistir’ continúa sirviendo de sostén a la legislatura. Si este agosto ha sido el más tórrido de la historia, septiembre y los meses que le siguen no lo van a ser menos a efectos políticos. En verdad, como casi todos los meses desde que gobierna Sánchez.
