La alergia del Partido Republicano a lo público es legendaria. Toda la tradición política y literaria del periodo épico de la construcción nacional se apoya en un individualismo rampante, que lleva a los constituyentes a considerar la seguridad personal como un asunto privado, de tal modo que la famosa Segunda Enmienda, incluida en la Carta de Derechos Humanos, dispone textualmente que “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una Milicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. También es muy expresiva la Cuarta Enmienda: “No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra allanamientos e incautaciones fuera de lo razonable, y no se expedirá ningún mandamiento judicial para el efecto, si no es en virtud de causa probable, respaldada en juramento o promesa, y con la descripción en detalle del lugar que habrá de ser allanado y de las personas o efectos que serán objeto de detención o incautación”.
Pese a todo, la burocracia federal —estatal— ha crecido y crece constantemente, bien porque al incrementarse el estado de bienestar —los servicios públicos que se prestan al ciudadano— crecen las organizaciones y aumentan las plantillas, bien por un efecto meramente vegetativo, según un fenómeno conocido como Ley de Parkinson. Esta ley, formulada con sabio sentido del humor por el historiador británico Cyril Northcote Parkinson en 1955, sostiene que “el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización” y que las organizaciones tienden a crecer en tamaño y complejidad independientemente de la cantidad de trabajo que realmente necesiten hacer.
el presiente electo de los Estados Unidos ha entregado a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy la tarea de dirigir un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)
Así las cosas, los republicanos no desisten de su tendencia característica, y esta vez han orquestado una vasta operación para combatir esta inclinación insana de lo público: el presiente electo de los Estados Unidos ha entregado a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy la tarea de dirigir un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reducir el tamaño del gobierno federal. Todo el mundo conoce a Elon Musk y Ramasvamy (Cincinnati, Ohio, 1985) es un intelectual de origen indio, con buena formación universitaria, que se ha especializado como activista antiwoke. Es autor de Woke, Inc. (2021), Nation of Victims: (2022) y Capitalism punishment (2023). El pasado día 12 de noviembre de 2024, el presidente electo Donald Trump anunció su intención de formar dicho departamento bajo el liderazgo de los dos elegidos, llamándolo el Proyecto Manhattan del siglo XXI. Trump anunció que el trabajo del departamento “concluirá” a más tardar el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.
A primera vista, hay pocas objeciones que hacer a una propuesta para incrementar la eficiencia de las administraciones públicas, pero a nadie se le oculta que tras esta iniciativa se oculta un designio de mucho mayor calado sobre el tamaño del Estado. Trump no solo quiere una administración federal más eficiente sino también avanzar hacia un estado mínimo. De hecho, Musk ya ha declarado que quiere recortar 2 billones de dólares de un presupuesto federal de 6,5 billones (millones de millones).
Por lo que se ya se conoce, uno de los objetivos será actuar sobre el departamento de regulación de la Oficina de Administración y Presupuesto para la reducción “masiva” del número de normas. A partir de unas sentencias judiciales —West Virginia v. EPA y Loper Bright— que restringen el estado administrativo, se podrían eliminar numerosas normas que extienden indebidamente el alcance de determinadas leyes.
Otro de los objetivos sería reducir el número de empleados federales (Biden ha añadido 120.000 más a los que encontró), para lo que se modificaría el llamado Anexo F, en el sentido de que los empleados federales de alto nivel serían considerados cargos de confianza y podrían ser destituidos como si fueran cargos políticos. Evidentemente, esta medida es opinable ya que la estabilidad de los funcionarios es indispensable para asegurar su neutralidad.
Pero la DOGE es más ambiciosa aún y va a entrar en terrenos ideológicos. Una de las medidas anunciadas es agilizar la concesión de permisos con “exclusiones categóricas” de las revisiones ambientales en virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental, claramente conservacionista. Biden proporcionó tales exclusiones para proyectos de energía verde. Pero la DOGE podría retirar la protección ambiental para actuaciones con impacto bastante más potente, como oleoductos y gasoductos. El famoso oleoducto de Alaska está en juego.
Por último, aunque no se espera que Trump se atreva a tocar la Seguridad Social y Medicare, ya se planean medidas contra el fraude en determinados subsidios y se meditan ciertos cambios en Medicaid que permitan reducir el gasto, cuando lo necesario sería incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la sanidad para avanzar hacia la universalización de un servicio público que en USA es claramente deficitario.
Es evidente que el liberalismo de los conservadores del Partido Republicano no solo pretende la eficiencia sino también la desprotección de los sectores más desfavorecidos, que necesitan ayudas públicas. Es una opción que siempre ha pretendido la derecha americana, pero sería más decente no utilizar eufemismos ni tergiversaciones: con el fichaje estrella de Musk no solo se busca más eficiencia sino también avances hacia el estado mínimo, hacia el liberalismo rampante y salvaje, hacia el fin de la solidaridad y de la redistribución.
Antonio Papell
