Inmaculada Sánchez
Pedro Sánchez ha utilizado un ocurrente juego de palabras para definir la estrategia de la oposición: “Ustedes, con el bulo, nosotros, con el BOE”. Respondía a Alberto Núñez Feijóo, en la última sesión de Control al Gobierno del año, y a sus acusaciones sobre las múltiples causas judiciales abiertas contra su entorno político y familiar. El PP ha fiado su ofensiva a los paseíllos en los juzgados de la mujer del presidente o el exministro Ábalos, a las delaciones sin pruebas de delincuentes confesos y a las querellas de la ultraderecha acogidas con entusiasmo por determinados jueces. Una fuerte apuesta que Sánchez pretende neutralizar con su poderío para gobernar y legislar. Pero para publicar en el BOE sigue necesitando tanto de Junts como de Podemos.
En el PP parecen haberse olvidado de Cataluña y de la cesta de la compra como munición contra el Gobierno. Ni siquiera en la reciente Conferencia de Presidentes en Santander, con mayoría de sus barones autonómicos frente a Sánchez, levantaron más que levemente la bandera de la unidad de España frente a la ‘rendición’ de Moncloa al separatismo catalán, ahora representado por un ‘entregado’ Illa. Sólo la indómita Isabel Díaz Ayuso, secundada por el previsible Emiliano García-Page, volvió a cabalgar sobre territorio catalán, el único que antaño resultaba fértil políticamente para los de Feijóo. El resto prefirió dejar para el nuevo año una batalla que cada vez se acerca más a un reparto de los dineros que a la ruptura de unidad patria.
Con la inflación controlada, el empleo batiendo récords y hasta ‘The Economist’ situando a España como la mejor economía de toda la OCDE del año, en Génova se han encomendado a las salas de los juzgados. El caso Koldo-Ábalos está dando mucho más juego desde que el comisionista de la trama, Enrique de Aldama, intenta involucrar a cuanto ministro y dirigente socialista se tercie para beneficiarse de una supuesta colaboración con la justicia. Que no haya aportado ni una sola prueba solvente no es óbice para que toda la cúpula del PP dé por buenas sus acusaciones y las repique día tras día como ciertas. De la misma manera que con las investigaciones abiertas contra la mujer y el hermano de Sánchez, que no han logrado todavía avance procesal ni probatorio alguno respecto a las acusaciones de unas querellas que pretenden relacionar su vida profesional con sus lazos familiares con el inquilino de La Moncloa.
La respuesta desde el PSOE y el Gobierno a tamaña ofensiva ha ido creciendo a la vez que sus críticas a los jueces, antes más cautas y veladas, hoy abiertamente manifiestas, hasta incorporar incluso denuncias por prevaricación. Para desgracia de los socialistas, los tiempos judiciales y las prerrogativas de los instructores limitan la efectividad de estos contraataques y los estrategas de Moncloa pretenden reforzarlos con ese BOE al que se refería este miércoles el presidente. Mantener viva la legislatura los tres años restantes y que la ciudadanía compruebe lo rentable que le resulta este gobierno para su vida real, es el mantra actual de los socialistas.
Mucho tendrán que enderezar, sin embargo, las relaciones con sus socios en el año que estamos a punto de estrenar para cumplir semejantes planes. No sólo los de Puigdemont han vuelto a tensar la cuerda con su simbólica petición de una moción de confianza al presidente, o con su puntual alianza con el PP en recientes votaciones del Congreso sino que la cuadratura del círculo de los Presupuestos vuelve a zozobrar por el vértice fiscal.
Los populares han conseguido el apoyo de PNV y Junts para hacer inviable la prórroga del impuesto especial a las eléctricas, lo que pone en serio peligro el acuerdo de Podemos o ERC para los Presupuestos del 25. Se puede gobernar sin ellos, como defienden desde el Ejecutivo, pero con menos recursos y menos posibilidades de que el ciudadano note la presencia de ese ‘Gobierno benefactor’ al que apela Sanchez.
Parecidos peligros acechan a otras medidas progresistas, como la anunciada reducción de jornada laboral, a la que pueden oponerse también nacionalistas vascos y catalanes, o el control de los alquileres, bloqueado en las autonomías que gobierna el PP. En puertas está una nueva subida del SMI, prerrogativa exclusiva, ésta sí, del Gobierno, pero habrá que incorporar más decisiones de calado para que el BOE sea de verdad un arma efectiva para combatir al bulo.
