José García Abad
Juan Carlos tenía el asunto de sus “negocietes” muy racionalizado, como cuando le confesó a un asesor de Prensa: “Eso de la ejemplaridad es una chorrada. Es imposible ejercerla en estos tiempos en que todo se sabe, así que yo me dedico a ser ejemplar con mis viajes, ayudando a los empresarios en sus negocios y demás…”. Un servicio valioso, que sería más ejemplar si él no se lo hubiera cobrado con la percepción de comisiones.
Un personaje importante en el gobierno de la nación me reconocía que sí, que el rey cobraba, pero también cobraban y siguen cobrando otros personajes del máximo nivel, de cuyos chanchullos, hábilmente camuflados, no se ha sabido nada.
En realidad, la retribución por la gestión prestada es la coartada habitual para las corrupciones de tantos cargos políticos de uno u otro partido. Es la explicación que sirvió a Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, para justificar los contratos que ella consiguió por ser quien era, así como los ingresos recibidos por su esposo.
También es la justificación de la que el propio monarca se sirvió cuando se negó a aceptar la norma que preparaba el gobierno de Felipe González prohibiendo la recepción de regalos por los altos cargos del Estado, una norma que finalmente aprobó Felipe VI.
En el fondo, tanto el rey como la reina estaban convencidos de que se lo merecían debido a los servicios prestados al país. Juan Carlos, blindado constitucionalmente y con una prensa comprensiva, y en gran medida cómplice, se fue animando en sus “negocietes” ilegales, actuando cada vez con el mayor descaro.
Ciertamente, el rey cumplió un papel muy importante en la transformación de la dictadura en monarquía parlamentaria, renunciando a los poderes omnímodos que heredó de Franco y aprovechando la petición que hiciera este a sus generales en su testamento de que guardaran con Juan Carlos la lealtad que habían mantenido con él.
Es una pena que este servicio del rey al país se viera oscurecido por los chanchullos del monarca, en los que, por cierto, tienen parte de culpa los sucesivos presidentes del Gobierno que no cumplieron con su obligación de vigilancia.
Ahora Juan Carlos cuenta con un “partido”, el de quienes le defienden a ultranza, denominando dichos chanchullos, presuntamente delictivos, como “errores” disculpables por sus servicios al país, que nadie discute. Un partido en el que predominan figuras guerristas, los más republicanos.
Desde luego, la abdicación del monarca ofrece muchos puntos ocultos. Es uno de los enigmas que permanecen, junto al comportamiento del monarca ante el golpe de Estado de 1981, que sigue gozando de la condición de secreto de Estado y del que vamos sabiendo aspectos parciales.
En el fondo del ominoso silencio mantenido durante tantos años por tanta gente, late la presunción de que la ciudadanía, en general, no quiso enterarse del asunto.
Un ominoso silencio hasta fechas recientes
Lo cierto es que, tras la aprobación de la Constitución de 1978, en la llamada Transición, se hizo un ominoso silencio respecto a la conducta del rey, más allá de sus asuntos amorosos que eran celebrados. Sin embargo, estos acontecimientos de cama llevaron implícitos comportamientos poco ejemplares con tufillos de corrupción económica, especialmente en los asuntos relacionados con Bárbara Rey y sobre todo Corinna Larsen, que fue testaferro y socia del rey y que a punto estuvo de ser reina de España.
La Justicia no se ha ocupado de las responsabilidades defraudatorias de Don Juan Carlos hasta la tibia actuación de la Fiscalía del Tribunal Supremo que archivó el comportamiento fiscal de Don Juan Carlos después de la abdicación, pero emitiendo una resolución que dejaba al personaje por los suelos.
Con bragueta de oro pagada por el estado
Habitualmente se señala que fueron muchos los que se enteraron por primera vez de la conducta del monarca por sus devaneos amorosos, mucho antes de que se conociera su conducta en el mundo de los negocios cobrando comisiones ilegales.
Sin embargo, me permito precisar que la conducta sexual de Juan Carlos I no era gratis ni inocua, sino que llevaba implícita altos costes para el Estado además de enredos políticos. De hecho, puede decirse que la relación con sus amantes, desde Marta Gayá hasta Corinna Larsen, fue uno de los motivos que desencadenaron la abdicación de Juan Carlos I.
Una historia fantástica. un proceso de 13 años en el que los jueces taparon la mayor corrupción del rey
Supongo que los historiadores asombrarán al mundo narrando una historia propia de la ciencia ficción. Una narración de política ficción más inverosímil, más fantástica que las más enrevesadas narraciones de Isaac Asimov, Ray Bradbury o Úrsula K. Le Guin.
Los hechos sucedieron en un extraño país que cuando se inicia esta historia, en 1992 disfrutaba de acontecimientos fastuosos: la apoteosis de un rey feliz, Juan Carlos I, junto a su jefe de Gobierno, el presidente Felipe González, presentaban al mundo la Exposición Universal de Sevilla; la Cumbre Iberoamericana de Madrid; la Conferencia de Paz para Oriente Medio y los Juegos Olímpicos de Barcelona, entre otros acontecimientos deslumbrantes.
En aquel glorioso momento se había desencadenado la llamada “guerra del golfo”, una connotación, nada personal, meramente geográfica, en la que Estados Unidos y sus aliados luchaban por expulsar de Kuwait a Sadam Hussein que había invadido el emirato, restituyendo en el mismo a la familia Al Sabah.
Cuando el emir y su familia fueron expulsados del emirato se llevaron, o tenían ya en el exterior, una cantidad enorme de dólares en KIO. El fondo de inversión que administraba a la sazón Fouad Khaled Jaffar había nombrado delegado en España al empresario catalán, Javier de la Rosa, denominado en los ambientes financieros con sus iniciales, JR, que disponía de una enorme cantidad de dinero.
Un agujero de 100.000 millones de pesetas
Pues bien, cuando fue desalojado Sadam Hussein del rico emirato petrolero, el emir nombró un nuevo equipo en la gestión de KIO encabezado por Mahmout al Nouri que se encontró con un agujero de 100.000 millones de pesetas y unas pérdidas de 500.000 millones de pesetas, mientras que De la Rosa acusaba al grupo kuwaití de no haber enviado la prometida aportación de 100.000 millones de pesetas para evitar la quiebra.
Mahmout al Nouri procedió contra su antecesor y contra Javier de la Rosa en la Corte de Londres por lo mercantil y en los tribunales españoles, la Audiencia de Barcelona, la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo por lo penal.
La Corte Comercial de Londres, condenó a Javier de la Rosa y a otros ex directivos de KIO en junio de 1999, acusados de conspiración y fraude a pagar 100.000 millones de pesetas al grupo kuwaití.
Once meses más tarde, en España, la Audiencia de Barcelona condena a De la Rosa por primera vez por la vía penal por intentar estafar a KIO en más de 50.000 millones de pesetas.
De la Rosa explica que el dinero era para el Rey
La cosa, en el fondo, era muy sencilla. Javier de la Rosa, dijo, traducido de la jerga jurídica al lenguaje de la calle: “Oigan, yo no he robado nada. Lo que he hecho, cumpliendo el objetivo encomendado por mi jefe kuwaití, es utilizar el dinero del fondo para que el rey Juan Carlos influyera en favor de la restauración del emir. Lo que hice dándole a su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, cien millones de dólares”.
Obviamente esta “donación” sería también delictiva, pero de una calificación diferente a la apropiación indebida y, de pasada, apoyaba la política del financiero catalán de “vender” sus buenas relaciones con el rey de España, como explicitaremos más adelante.
La cosa era conceptualmente sencilla también para los jueces, pero muy comprometida, pues quedó probado que, en efecto, Javier de la Rosa había entregado los cien millones al administrador del rey. Lo que había que dirimir era si el dinero entregado por de la Rosa a Prado se lo había entregado este al monarca o si se lo había embolsado el administrador.
Manuel Prado “falsificaba” cartas de SM en las que pedía dinero o apoyaba determinados negocios. Cuando se recibía en la jefatura de la Casa la respuesta a tales cartas de las que no existía constancia oficial y el titular de la misma inquiría sobre las mismas al Rey, la respuesta siempre era la misma: “Ah, no te preocupes, las ha mandado Manolo”.
Me imagino que a Sabino Fernández Campo se le pondrían los pelos como escarpias ante las actividades del denominado “jefe de la Casa bis” o Jefe de la Casa de la Moneda”, Manuel Prado y Colon de Carvajal , que actuaba sin ningún control oficial en nombre de los intereses pecuniarios del monarca, recurriendo a una contabilidad también “bis”. La irresponsabilidad del monarca podría caer sobre su descoronada cabeza.
Los jueces no hicieron lo que debían
En ese momento, los jueces tenían que haber suspendido el proceso al ser Juan Carlos irresponsable judicialmente. Los jueces no se atrevieron a tomar esta decisión, quizás porque habría generado duda sobre la honradez del rey. Así que, sin mencionar a Su Majestad, se limitaron a establecer las responsabilidades penales de ambos personajes, De la Rosa y Prado.
Ya no cabe duda de que la repentina abdicación de Don Juan Carlos tuvo que ver con este asunto, con las complicidades del monarca emérito con los negocios de su yerno e hija originados en el tráfico de influencias que facilitó pródigamente, según la difusión de correos realizada por el socio Diego Torres.
Salva al rey de responsabilidades penales “pero le deja como un sinvergüenza”
La Fiscalía salvó al rey de responsabilidades penales, pero emitió un informe demoledor al especificar ocultaciones fiscales del Rey.
“La fiscalía del Supremo – me comenta José Antonio Martín-Pallín (La Coruña, 13 de junio de 1936), magistrado emérito del Tribunal Supremo, le ha hecho un traje de arriba abajo…le deja como un sinvergüenza”.
Cuando ingresan en la banca suiza Mirabau los 100 M de dólares – me explica Martín-Pallín – el banco les dice: “Lo siento mucho, señores, pero tenemos que saber de donde procede”. Los enviados de Juan Carlos, Arturo Fasana junto a Antoine Boisser aclaran: “Es una transferencia que procede del “Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita destinada a la sociedad panameña Lucum”.
El empleado necesita saber quienes son los beneficiarios de Lucum, a lo que Arturo Fasana indica que son: como primer beneficiario Juan Carlos I, y Felipe VI como segundo. El bancario insiste: “Tenemos que saber también la causa de la transferencia”. Fasana aclara con cierta chulería: “Pues ponga: “Donativo del rey de Arabia Saudita de acuerdo con las costumbres de ese reino con los jefes de Estado amigos”.
Las explicaciones que divirtieron al rey cuando su mandado se lo explicó partiéndose de risa no convencieron al fiscal jefe de Ginebra, Yves Bertossa, que investigó a Yves Mirabaud, presidente del banco Mirabaud & Cie por incumplir el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito. Quedó claro que sabían quienes eran los titulares de la cuenta, pero se ampararon en alegar que desconocían que podían considerar al rey Juan Carlos dentro del grupo PEP, los “clientes políticamente expuestos”. Por supuesto no recomendaron a los depositarios que lo comunicaran a la agencia tributaria española.
En el Limbo
“¿Está archivado definitivamente el asunto? – se pregunta el magistrado – No lo se, parece que está en el Limbo, pero en todo caso la Fiscalía del Supremo no tiene en España la última palabra. Solo puede hacerlo la sala II del Tribunal Supremo, para lo que la Acción Popular tiene un papel importante. Se ha producido un cierre en falso. Se formula una referencia clara a la existencia de delito fiscal, pero como la regularización elimina el delito pues no lo hay, igual que pasaría con cualquier otro ciudadano, antes de que se haya procedido una inspección”.
En última instancia se puede recurrir al Convenio internacional sobre privilegios e inmunidades de los jefes de Estado recogido en una ley orgánica firmado por Felipe VI en 2015, gobernando Mariano Rajoy.
Trasladar su residencia fiscal a Abu Dabi, evitando así el pago de impuestos
Ha quedado claro que su permanencia en el emirato, al exiliarse voluntariamente de España, no era algo provisional, una impresión reforzada por el hecho de que estrenará una casa esplendorosa que pone a su disposición el jeque del emirato, Mohamed Bin Zayed, en el barrio residencial de Al Bateen. Alí se reunió don Juan Carlos con todos sus muebles, cuadros, condecoraciones y recuerdos desde el que fue su domicilio durante medio siglo, el palacio de la Zarzuela.
