Escrito por 6:40 pm Economía

Financiación autonómica y transparencia social

Jesús Lizcano Álvarez *

La transparencia social e información al ciudadano tiene importantes déficits que corregir en nuestro país, y entre ellos se encuentra la correspondiente a la financiación autonómica, respecto a la que se echa en falta una información clara, sencilla de comprender y debidamente actualizada, para que cualquier persona pueda conocer cómo se genera y se distribuye la muy importante cantidad de recursos públicos de y hacia las distintas Comunidades autónomas.

Vamos a referirnos en las siguientes líneas en clave esencialmente divulgativa y de transparencia social, y sin posicionamiento político alguno, a ciertos conceptos básicos relativos a la estructura distributiva de la financiación autonómica. 

 Vamos a recordar previamente que un cuadro o juego de suma cero es un proceso en el que la suma de una serie de componentes positivos es igual a la suma de una serie de componentes negativos, de tal forma que la suma total sea nula, es decir, sume cero. 

Si trasladamos el concepto anterior a la financiación autonómica, estaremos ante un cuadro o listado en el que la suma (por habitante) de las aportaciones netas positivas de unas Comunidades autónomas a los recursos públicos comunes (Fondo de Compensación Interterritorial) será igual a la suma de las aportaciones netas negativas de las restantes Comunidades autónomas, o lo que es lo mismo que la suma de unas y otras aportaciones (cada una con su signo) de las quince Comunidades autónomas que entran en este proceso (excluidas País vasco y Navarra, que tienen un régimen especial de concierto o cupo) sea cero. Este cuadro integral de la de la redistribución regional de recursos daría una imagen bastante aproximada del nivel de solidaridad interterritorial existente en España. Luego vendrá la interpretación, los juicios de valor, o los posicionamientos políticos en torno a esos datos fundamentales, a ese nivel de solidaridad, etc. En eso no vamos a entrar en estas líneas, solo vamos a incidir en lo importante que es el derecho a saber de los ciudadanos y que puedan así disponer de dicha información.

En cuanto a las características y requisitos de esta información, aparte de que los ciudadanos pudieran acceder de forma sencilla a la misma a través de una web pública y específica para ello, sería igualmente importante que se hicieran públicos los datos de los diez últimos años, para poder comprobar la evolución detallada de esa redistribución solidaria de recursos en dicho periodo. Además, sería importante que la citada información pública fuera verificada por alguna/s institución pública independiente, bien nacional, como la AIREF, o el Instituto de Estudios Fiscales, o bien europeo. 

En base a esta información se podrían hacer propuestas de cambios, conjeturas, etc., por parte de partidos políticos o de otras instituciones, aunque ello siempre debería ser con una total transparencia, para que la sociedad pueda conocer esas propuestas que afectarán al bolsillo de toda la ciudadanía. 

En todo caso, y si las propuestas implicaran aumentos de los recursos comunes a distribuir, como el Estado no dispone de una máquina de hacer billetes para aumentar la cantidad de dinero existente, y el Gobierno no tiene apenas margen presupuestario para gastar en nuevos recursos financieros comunes, ya que ello aumentaría el déficit y el endeudamiento, en contra de las normas vigentes europeas, no sería fácil encontrar nuevos recursos, y en todo caso habría que explicar preventivamente su origen presupuestario. 

De todas formas, cualquier nueva propuesta en este terreno tendría que seguir respondiendo a un nuevo resultado de suma cero, y se tendría que hacer pública previamente la nueva estructura de aportantes netos y receptores netos en el conjunto de las Comunidades autónomas, debiéndose evitar en todo caso las propuestas contrarias a este principio de transparencia y que trataran de realizarse de una forma opaca para la ciudadanía.

La publicación de la información antes descrita, en resumen, daría una muestra de una mínima transparencia social y democracia participativa, siempre tan necesarias y especialmente en estos momentos en que hay un debate abiertosobre este tipo de datos y diversas propuestas políticas e institucionales al respecto. 

*Jesús Lizcano Álvarez es Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y Director de la revista Encuentros Multidisciplinares

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