Escrito por • 12:51 pm• Política

González pide a Zapatero que devuelva sus joyas y oculta que Juan Carlos impidió que se prohibiera la recepción de regalos por los cargos públicos

José Garcia Abad

Tanto Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, como Felipe González, expresidente con el mandato más largo al frente de España y que, en teoría, sigue militando en el PSOE, han coincidido en aconsejar a su compañero procesado, José Luis Rodríguez Zapatero, que devuelva al patrimonio del Estado las joyas que guarda en su caja fuerte.

González afirmó, en un encuentro conducido por la periodista de Informativos Telecinco Ángeles Blanco, que Zapatero debe “devolverlas cuanto antes” y “explicar lo que tenga que explicar; es algo elemental”.

También pronosticó que la causa contra Zapatero por el hallazgo de las joyas seguirá adelante, ya que podrían incorporarse las conversaciones interceptadas por las autoridades de Estados Unidos a los gerentes de la aerolínea Plus Ultra. No obstante, si la causa se anulase, advirtió: “Se puede anular el procedimiento, pero lo que queda en la cabeza de la gente no se anula”.

González asegura que no se quedó con ningún regalo

Relató: “Cuando salí del Gobierno hicimos una larga lista y, en las galerías del Consejo de Ministros, colocamos en tres filas todos los regalos que tenían valor. Allí se quedaron”. Según subrayó, esos obsequios procedían en su mayoría de países árabes y “nunca de democracias ya consolidadas”. González los cifró en unos 70 regalos de valor.

Puntualiza:” Me consta que ministros de mi Gobierno que recibieron algún tipo de regalos de esta naturaleza los dejaron en sus ministerios”. No explica si hubo ministros que no los devolvieron y confiesa algo que le inculpa: “de los regalos no había una legislación”. 

No explicó si hubo ministros que no los devolvieron y admitió un hecho que lo compromete: “No había una legislación sobre los regalos”. De él dependía impulsarla y, con su amplio poder, acabar con una excepción en Europa: la ausencia de una prohibición clara sobre la recepción de regalos por parte de altos cargos del Gobierno y del Estado. Felipe González oculta por qué no cambió la ley, probablemente para proteger la imagen del rey Juan Carlos.

Lo más relevante es el origen de las joyas

La revelación sobre las joyas guardadas en una caja fuerte en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero tiene morbo. La prensa ha destacado el aspecto fiscal del asunto, que sin duda es relevante por sus posibles consecuencias. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo más importante es el origen de esas joyas —collares de diamantes, relojes de gran lujo y otros obsequios— que Zapatero habría recibido cuando era presidente. Si las aceptó y no las incorporó al patrimonio del Estado, como correspondía, el hecho sería además de ilegal, impresentable.

Sobre los obsequios recibidos por autoridades del Estado y la tardanza de España en legislar al respecto, como ya ocurría en los países de nuestro entorno, adelanté en exclusiva en La soledad del Rey que aquella demora se debió a la resistencia de Juan Carlos, gran receptor de regalos. Fue una de las pocas ocasiones en que el jefe del Estado contrarió un proyecto del Gobierno.

Todo comenzó cuando un jeque árabe llegó a España como los Reyes Magos de Oriente, con las alforjas llenas de presentes para los principales personajes públicos. Regaló valiosas joyas a la familia real, incluido el entonces príncipe Felipe, quien recibió una daga con la empuñadura incrustada de piedras preciosas. Don Felipe ordenó desmontarla y, con aquellas piedras, le hicieron una pulsera que regaló como tributo de amor eterno a Isabel Sartorius, su novia de entonces.

El rey se negó en redondo

A los ministros —gobernaba entonces el PSOE— el generoso príncipe les regaló un reloj de oro a cada uno. El Gobierno se planteó entonces regular este tipo de presentes. Un ministro fue el encargado de comentarlo con el rey, pero este se negó en redondo: “¿Qué queréis? Está uno aquí pringando todo el día y encima me pedís que rechace estos detalles…”.

Esta es la única objeción conocida en la que el rey Juan Carlos I se habría negado a estampar su firma en una ley. En realidad, el Gobierno no llegó a plantearla formalmente; de haberlo hecho, el monarca no habría podido negarse.

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