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Habría que cerrar el Consejo General del Poder Judicial

Sede del Consejo General del Poder Judicial – Foto Europa Press

por José García Abad
11 diciembre 2023

La pretensión del PP de que en el CGPJ los jueces elijan a los jueces me parece una aberración. En realidad me parece una aberración la propia existencia del CGPJ que en puridad no representa al poder judicial. En mi modesta opinión el poder judicial lo ejerce cada juez en su juzgado, desde el juzgado de guardia hasta el Supremo y no un aparato clonado con el gubernamental o el parlamentario. 

Pero lo que me parece la mayor aberración es que la alta magistratura trate de imponerse sobre las decisiones del gobierno. El mayor divulgador de la expresión “Gobierno de los jueces” en sentido crítico fue el profesor de Derecho Comparado francés Lambert Edouard en su libro “El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados unidos la experiencia americana del control judicial de la constitucionalidad de las leyes”, publicado en 1921. 

Edouard concluye: «en Inglaterra y en Francia, la ruptura del equilibrio se ha producido en provecho del poder legislativo, que ha sometido bajo su norma a los poderes coordenados y ha instaurado así el gobierno parlamentario. En los Estados Unidos, la alteración del equilibrio se ha producido en favor del poder judicial. que ha sometido a los otros dos a su control y ha establecido de esta forma un régimen de gobierno de los jueces.

Edouard veía en la deriva que había tomado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos la consecuencia prácticamente inevitable del control judicial de las leyes. Para el profesor francés dicho control no era un freno a la arbitrariedad del ·gob1emo sino al desarrollo social. Apela Edouard al profesor Gilbert E. Roe en 1913 el libro Our judicia oligarchy (Nuestra Oligarquía Judicial) quien declaró que no se debía dudar en llamar al sistema gubernamental de los Estados Unidos la «aristocracia de la toga».

Más recientemente, en 2018, Jeremy Waldron publicó “Contra el Gobierno de los Jueces” en Siglo XXI Editores en el que sostiene: “Mientras que la elección de representantes y luego el procedimiento legislativo tienen mas o menos a todos por igual, el control judicial consiste en un puñado de jueces no elegidos por el pueblo que toman decisiones que lo afectan profundamente. Y dado que sus miembros también tienden a estar en desacuerdo, los tribunales adoptan esas decisiones por mayoría, aunque no está claro por qué, dado que no representan directamente a nadie”.

Waldron arremete contra un argumento esgrimido por algunos defensores del control judicial, y que se presta para un uso abusivo: el temor a la tiranía legislativa. Previene Waldron contra ello, contra que quienes deciden sean quienes se beneficien o perjudiquen con la decisión pero llega a la conclusión de que “en caso de que las elites políticas en general mostraran menos respeto por la minoría que la ciudadanía, la supremacía legislativa triunfaría sobre el control judicial, porque sería más fácil remover legisladores prejuiciosos que jueces prejuiciosos”. 

En España los prejuicios de los legisladores son muy variados debido a la composición del parlamento. Menos variados son los prejuicios de los jueces que son mayoritariamente conservadores, que pueden ser implacables con los políticos, pero no tanto con los señores del dinero, y a quienes les cuesta, por ejemplo, digerir que la evasión fiscal no es un pecado venial.

En España predomina el conservadurismo entre los jueces

Parece claro que la justicia española tiene unos límites marcados por el conservadurismo de los jueces, que, en su mayoría, no aplican la misma vara de medir a los delincuentes comunes que a los de cuello blanco, y que no terminan de considerar como muy graves los delitos fiscales. 

En opinión de Jiménez Villarejo, el primero que ocupó el cargo de fiscal anticorrupción, “la persecución del delito económico desde las más altas posiciones de poder es aceptada con dificultad por la Administración de Justicia, -jueces y fiscales- con las necesarias excepciones”. Considera significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Ministerio Fiscal, en varios procedimientos, se alinease objetivamente con los imputados y acusados en lugar de servir a los intereses generales. Y señala que el impulso de estos procesos fue posible gracias al ejercicio de la acción popular por los ciudadanos”. 

Opina Jiménez Villarejo que los jueces no solo no valoran como infracciones penales conductas presuntamente delictivas que han puesto en peligro o lesionado el orden económico constitucional, sino que las justifican apelando al valor intrínseco del mercado. 

Son jueces, no ya conservadores, a lo que no habría nada que objetar, sino que no han asumido los valores constitucionales sobre los límites a la economía de mercado. Y, en consecuencia, más allá de su intencionalidad, se alinean objetivamente con los intereses de quienes han adoptado decisiones que profundizan la desigualdad de nuestra sociedad y crean obstáculos para una más justa distribución de la riqueza. “Son ejemplos – concluye Jiménez Villarejo – de como los Tribunales   no contribuyen, como les exige el artículo 9.2 de la Constitución, a que la igualdad sea más real y efectiva de lo que es actualmente. La consecuencia es que, para estos jueces, los imputados y acusados en estos procesos están por encima del alcance de la ley·.

Alguna fórmula de institucionalización 

Personalmente soy partidario, como he indicado, de que el poder judicial sea el ejercido por cada juez en su juzgado, a lo que habría que aplicar alguna forma de institucionalización que no desnaturalizara su esencia. Pero entiendo que la cuestión es muy compleja y exigiría una revisión institucional. 

Predomina la idea de que es preciso un órgano independiente que haga los nombramientos, que establezca la disciplina etc. Si ello depende del ministro de Justicia; – razonan los que sostienen la fórmula vigente – si el ministro nombra a los jueces, los sanciona o los asciende, determina quién va al Tribunal Supremo; si un juez teme que puede ser represaliado por dictar una sentencia contraria al Gobierno en un proceso contencioso administrativo, probablemente no actuaría con libertad. Sería el Gobierno quien mandaría en la Magistratura, eliminando a Montesquieu (Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu.1689-1755) que se inventó el sabio principio de la división de poderes. 

Por cierto, hay que ver con la alegre ignorancia con que se apela a Montesquieu que nunca optó por la creación de algo parecido al CGPJ. Si Montesquieu levantara la cabeza se indignaría al ver como ese extraño artilugio lleva cinco años con su mandato caducado cuando el ilustre pensador propugnaba la extrema limitación en el ejercicio de sus funciones de los dirigentes de los tres poderes del Estado. “En toda magistratura – sostiene en su libro “Del espíritu de las leyes” – hay que compensar la magnitud del poder con la brevedad de su duración. La mayoría de los legisladores han fijado en un año esta duración. Más larga, sería peligrosa; más corta, sería contra la naturaleza de la cosa en sí”.

Hay que reconocer a los jueces de juzgados ordinarios su diligencia y, a veces valentía, con que instruyen o juzgan los casos de corrupción, con frecuencia sin la disposición de medios personales y materiales para juzgar casos muy complejos, pero cabe preguntarse si luce con tanta brillantez el comportamiento de las altas instancias judiciales o para judiciales: el Consejo General del Poder Judicial; el Tribunal Supremo; el Tribunal Constitucional; el Tribunal de Cuentas del Reino o la fiscalía general del Estado.

En general, el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional, a donde recalan finalmente numerosos casos de corrupción, no se deja presionar fácilmente, aunque algunos casos, muy pocos, se han dado en sentido contrario. Otra cosa es que el Supremo, debido a su alta responsabilidad, tenga extremo cuidado en no perjudicar a importantes compañías españolas de gran prestigio internacional, porque repercutiría en los intereses económicos del país. 

Uno de los casos más llamativos fue el del Banco Santander, que ocasionó, nada menos, que una doctrina suprema: “La Doctrina Botín”. Quizás la importancia del personaje aconsejara al alto tribunal estimar que la acusación popular no estaba facultada para sentar a nadie en el banquillo cuando ni el fiscal ni la parte perjudicada mantenían la acusación. Emilio Botín había llegado a un acuerdo con sus acusadores, los perjudicados y ni la Agencia Tributaria ni la abogacía del Estado se personaban en el caso. La Doctrina Botín tuvo corta vida porque un par de meses después surgió el caso Atutxa que acuñó una sentencia contradictoria.

Acabar con las asociaciones judiciales

El problema que subyace es la militancia de hecho – tienen prohibido afiliarse a partidos – de muchos jueces a los que se les atribuye la etiqueta de progresistas o conservadores. Muchos jueces han cogido su fusil ideológico, un problema que tiene difícil arreglo legal. Solo cabe la esperanza de que sin renunciar a sus creencias, a las que tienen derecho como todos los ciudadanos, actúen en los juzgados con total independencia. Es un imperativo moral.

En opinión de José Asenjo, director de comunicación del CGPJ en España tenemos el problema, que no se da en otros países, de la existencia de distintas asociaciones judiciales. En el resto de los países europeos, salvo en Francia donde no está permitida la sindicalización de los jueces, pero si pueden pertenecer a asociaciones profesionales, en los demás países europeos solo hay una asociación profesional que defiende los intereses de los jueces. Aquí solo existía una la Asociación Profesional de la Magistratura; fue después cuando surgen las demás. Algunas de ellas están muy identificadas con los partidos: la APM con el PP, Jueces para la Democracia con el PSOE. Si pasamos de la elección parlamentaria a la elección por los propios jueces y son las asociaciones las que ponen a sus candidatos el ciudadano va a seguir esa politización.

En opinión de José Antonio Martín-Pallín (La Coruña13 de junio de 1936,magistrado emérito del Tribunal Supremo) se ha abusado de la Acción Popular, sobre todo por Vox, y antes, por Manos Limpias, pero tiene sus ventajas. La verdad es que mucho material llega desde fuera; son pocos los magistrados que han iniciado por su cuenta investigaciones de delitos políticos y es más que minoritaria la que procede de la fiscalía o de la Administración de Estado.  La mayoría son querellas de acciones populares como la del aborto. 

El más politizado es el CGPJ

El más politizado es el máximo órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ. 

Una cuestión peliaguda es, reitero, la naturaleza del  CGPJ y del nombramiento del presidente del Tribunal Supremo por este órgano. La Constitución establece que éste sea elegido por el CGPJ y así se hace formalmente, pero no de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna. Esta establece que el parlamento elige al Consejo y son los vocales los que eligen al presidente del mismo, pero en realidad son los partidos los que lo hacen y ello perturba su funcionamiento.

Es normal que los vocales del Consejo sean elegidos por el Parlamento y no por los jueces, que no deben determinar la composición de un poder del Estado como es el judicial. Lo más democrático es que lo determinen los representantes de los ciudadanos. 

Es absurdo, como ocurre ahora, que si una proporción enorme de los jueces es mayoritariamente conservadora y en cambio la sociedad española, a través de su representación en el parlamento, es mayoritariamente progresista, tenemos un CGPJ que ejerce una especie de contrapoder, un sector minoritario frente al conjunto de la sociedad. Los criterios que se lleven al Consejo tienen que ser los mayoritarios de la sociedad. Lo más conveniente es establecer un sistema que no deje participar a las asociaciones profesionales de la Magistratura en la constitución de este. En puridad democrática deben hacerlo los representantes del pueblo en el Parlamento.

El sistema puede funcionar bien si se cumple el espíritu de la Norma Suprema que establece que el Consejo será nombrado por sus vocales que, a su vez, eligen a su presidente Pero lo que sucede es que el Consejo que debe ser independiente es controlado por un presidente que en realidad no ha sido nombrado por el Consejo como dice la Constitución, aunque lo sea formalmente, sino pactado por los partidos. Eso es inconstitucional. 

La Constitución no dice que lo pacten los partidos, pero siempre se ha pactado. José Luis Rodríguez Zapatero se puso de acuerdo con Mariano Rajoy para poner a Carlos Divar, un nombramiento muy polémico y Mariano Rajoy se puso de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba para nombrar a Carlos Lesmes. Y como al Consejo se le ha dado un tinte muy presidencialista quien realmente toma las decisiones es el presidente.

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