Hurtado lanzó el último disparo de la derecha judicial en la caza de brujas contra el fiscal general del estado

José García Abad

Donde más alto ha disparado parte de la alta magistratura contra el Gobierno ha sido el ataque de Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el máximo representante del ministerio público. 

Hurtado ha citado a Garcia como imputado el próximo día 29 al considerar “apuntalados” los indicios contra él por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, Carlos Neira,  dirigido a la presidencia del Gobierno. 

Se refiere el juez a una nota emitida por el fiscal general con el objetivo de desmentir un bulo lanzado por el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez que había tergiversado el hecho de que fue el novio de la presidenta  quien había reconocido la comisión de un delito fiscal y de falsificación de documentos en referencia al tráfico ilegal de mascarillas frente al covid a cambio de reducir su condena. 

Sostiene Hurtado que dicho correo lo filtró el fiscal general a El Plural que lo publicó el 14 de marzo de 2024, de donde voló a Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto, según el juez, de que hiciera uso de él con una clara finalidad política. El magistrado del Supremo atribuye a García Ortiz un “papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.   

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) denunció el “ataque directo” contra la “institución del Ministerio Fiscal” que ha perpetrado Ángel Hurtado que califica de “auténtica caza de brujas”, sostenida sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”.

Orden de la “fachosfera”: “Disparad contra García Ortiz 

El fiscal general del Estado desde el 1 de agosto de 2022 ostenta el récord, después de Sánchez, del odio de la derecha, y de forma especialmente virulenta de la derecha política, judicial y su acompañamiento mediático, de los que se ha ganado el término de “fachosfera”. 

Qué ha hecho para merecer tamaño ensañamiento, este hombre tranquilo, amable, dialogante, nada sectario y con una brillante hoja de servicios, entre otros como fiscal del macroproceso del hundimiento del ‘Prestige’, en el año 2005; que fue  el candidato al Consejo Fiscal más votado de la historia con  956 votos; que puede presumir de estar entre los más independientes de los que ocuparon este importante cargo, que recibió de manos del fiscal general Eduardo Torres Dulce, nombrado por Rajoy, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que premia «hechos distinguidos o servicios relevantes en el campo del Derecho».

Especialista en incendios desde que ocupó el cargo de fiscal de medio ambiente en Galicia, asume con tranquilidad y buen talante, el que le quema día a día en su despacho la calle Fortuny de Madrid, sede del Ministerio Fiscal, con implacables descalificaciones e insultos. 

Nacido en Lumbrales (Salamanca) el 16 de diciembre de 1967, padre de dos hijos con su pareja, la fiscal especializada en violencia de género Pilar Fernández. Álvaro fue salmantino de nacimiento pero vallisoletano de adopción. Como suele decirse uno no es de donde nace sino donde pace.

Fue estudiante en Valladolid donde se licenció en Derecho y vivió hasta los 28 años, en 1995, cuando se trasladó a Madrid hasta que ingresó en la carrera fiscal en el año 1998 como fiscal de Sala. Fue fiscal coordinador de la entonces Adscripción de Menorca de 2000 a 2002., En 2002 fue destinado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde fue nombrado Fiscal Especial Coordinador de Incendios de la Comunidad Autónoma desde octubre de 2004; Posteriormente es nombrado Fiscal delegado de Medio-ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales, desde 2007 a nivel provincial y autonómico hasta marzo de 2021; fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)  entre 2013 y 2017; en 2021 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado por Dolores Delgado, de quien se le consideraba “fiel escudero”,  fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, paso clave para alcanzar en 2022 el cargo que actualmente desempeña.  El 27 de diciembre de 2023 fue renovado en su cargo por decreto a lo que se opuso el CGPJ por ocho votos en contra y siete a favor. 

Artillería pesada contra el FGE 

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria, marcó la pauta a seguir al recurrir ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Garcia Ortiz como fiscal general del Estado, por “inidóneo”. Le acusa la APIF de “desviación de poder” cuando promocionó a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal, como fiscal de la Sala Quinta, (militar), del Tribunal Supremo y propuso que fuera la responsable de  Memoria Democrática y Derechos Humanos. 

La APIF añade la acusación a García Ortiz de privar al Consejo Fiscal de emitir el dictamen solicitado por el Senado de España sobre la Proposición de Ley de Amnistía. A esta asociación le sobra lo de “independiente”. 

Por su parte la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria, no se cortó en expresar su ideología en una cena a puerta cerrada con Feijóo el 18 de abril de 2023 en el hotel Claridge de Madrid. Los fiscales expresaron su deseo de queel PP ganara las elecciones generales y aplaudieron con entusiasmo ante la promesa del dirigente popular de que no renovaría el Consejo General del Poder Judicial CGPJ. 

Alberto Núñez Feijóo, apoyó la decisión de la APIF al declarar que Álvaro García Ortiz, tendría que haber quedado “inhabilitado” para el cargo tras haber sido “apercibido” por el Tribunal Supremo por desviación de poder en su propuesta para promover a la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala. 

Sobre el penúltimo proyectil disparado contra Garcia Ortiz en el caso ‘Tsunami Democràtic’ sobre si Puigdemont es terrorista, se ha explicado el fiscal general con claridad en una entrevista mantenida en Onda Cero con Carlos  Alsina el pasado martes, 13 de febrero.

“Es bueno no elucubrar cuando no sabemos lo que va a pasar” aseguró el fiscal general. Sobre la votación de los fiscales del Supremo en la que se votó por 11 a 4 a favor de que se juzgara a Puigdemont por terrorismo, el fiscal general del Estado ha explicado que la Fiscalía no funciona de una forma asamblearia y que como la discrepancia era entre dos jefes fiscales del Supremo, se decide que la teniente fiscal sea la que determine el criterio.

Aseguró que la fiscalía del Supremo no es una Fiscalía jerárquicamente por encima de la de la Audiencia Nacional y recordó que en el caso del ‘Tsunami Democràtic’, la responsabilidad es de la teniente fiscal. 

Sobre la causa de los 12 CDR en la que el fiscal Carballo sí ve indicios de terrorismo, el fiscal general del Estado ha afirmado que “es una acusación formal” y sí ve delito, en contra de lo que dijo el presidente del Gobierno sobre que ningún independentista sería juzgado por terrorismo, pero en este caso, son independentistas y están acusados de terrorismo.

Fue contundente al afirmar “que el Gobierno mete mano en asuntos particulares de la Fiscalía, quíteselo de la cabeza.”

Sobre la acusación que le hizo el primer fiscal del caso Vllarejo, Ignacio Stampa, de torpedear el caso, el fiscal general ha dicho que le desea lo mejor en su aventura editorial, pero que las causas a las que se refiere Stampa “han seguido, todos los juicios han continuado, se han juzgado otras piezas y están calificadas el resto de piezas…. quiebra por la base cualquier razonamiento de entorpecer”.

Ha calificado de insidia la acusación de que él ha modificado el criterio del fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, para que cambiase su criterio inicial en el que era partidario en un primer informe de investigar a Puigdemont por terrorismo. El fiscal general del Estado ha dicho que él no miente y que Álvaro Redondo se fue de su despacho con la misma tesis con la que entró.

Sobre por qué no quiso que el Consejo Fiscal no emitiese un informe sobre la ley de amnistía: “¿Por qué quiere el Senado que la Fiscalía haga un informe al Consejo Fiscal, para lo que no es competente? Esa será para mí la pregunta”. “Cuando un órgano no es competente, no debe hacerlo”. “No hay precedentes, nunca ha ocurrido”. “El Senado pide un informe y todavía no hay un texto que haya llegado al Senado. Nos extrañó la petición”.

Causas afectadas por la amnistía: “En el momento que se publicó en el boletín de las Cortes, nos dirigimos a Cataluña, a la Fiscalía del Supremo y a la Audiencia Nacional dimensionar y saber de qué casos estamos hablando. Nos criticaron por hacerlo”.

“La amnistía afecta a las causas vivas, pero también a las archivadas y ejecutadas”. “Hay muchas causas en muchos juzgados pequeños de Cataluña”.

 Su nombramiento se consulta con el CGPJ pero no es vinculante

El CGPJ aceptó el nombramiento de García Ortiz por 12 votos a favor y siete en contra. Los votos negativos fueron emitidos por los vocales propuestos en su día por el PP, los mismos que en enero de 2020 se opusieron a la designación de Dolores Delgado para el mismo cargo. En su renovación para el mismo del 27 de diciembre de 2023 el resultado fue, como hemos dicho, de ocho negativos frente a siete favorables. 

La Constitución señala en su artículo 124/4: “El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ”. Y la ley 50/1981 que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que el fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. 

La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español. El mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas tasadas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto.

Hace notar que actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Sigue en el cargo pues aunque la ley exige que sea consultada por el CGPJ su decisión no es vinculante. 

Rifirrafe en el Congreso de los Diputados

También es necesario ni vinculante la opinión del Congreso de los Diputados donde en julio de 2022 en su comparecencia ante la Comisión de Justicia.  la derecha atacó duramente y Garcia Ortiz respondió con similar dureza cargando contra los siete vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que intentaron bloquear su nombramiento, a los que acusó de montar “un tribunal de honor” contra él. 

El popular Luis Santamaría le reprochó que hubiera sido la “mano derecha, mano izquierda y alter ego” de Delgado y le acusó de mantener una “actitud de complicidad y colaboración con ETA en la prescripción de los delitos. “Les pido respeto a las víctimas, estas cosas no hacen más que aumentar su dolor”, les replicó el fiscal, quien aseguró que no se ha dado “directriz de ningún tipo” en este caso, como ha manifestado también la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde una reforma legal de 2010 se ha venido aplicando el criterio de que los plazos de prescripción cuentan a partir de la comisión de los hechos delictivos y no desde la detención de sus presuntos autores, como alegan los que pretenden reabrir el caso.

Por su parte el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, le atacó afirmando que García Ortiz había participado en unas jornadas organizadas por el PSOE gallego con un discurso de izquierda radical a lo que respondió el acusado de que se trataba de un debate sobre incendios forestales en el que participó junto a otros expertos y que en su día se le abrió un expediente por este motivo que concluyó en archivo porque contaba con el permiso previo de la inspección fiscal para acudir al acto. 

La izquierda y los nacionalistas —ERC y el PNV se ausentaron— no pusieron objeciones a los méritos del futuro fiscal del Estado, aunque se interesaron por otro asunto controvertido, las relaciones de su antecesora con el comisario José Manuel Villarejo. 

Uno de los asuntos que salió a colación fue el relevo del fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, que investigaba las actividades del policía jubilado. Al asunto entraron también Ciudadanos e incluso Vox, a pesar de que este partido fue el promotor de una denuncia contra el propio Stampa. García Ortiz explicó que Stampa se encontraba en comisión de servicios y que su plaza fue otorgada a otro por decisión de todo el Consejo Fiscal. 

Para desmentir que haya habido ningún trato de favor a Villarejo, enfatizó que bajo el mandato de Delgado se presentaron contra el comisario tres escritos de acusación que suman peticiones de 117 años de cárcel. Superado el trámite parlamentario  García Ortiz afirmó: “Creo que en mi trayectoria he cumplido sobradamente con mis obligaciones profesionales. Llegar a fiscal general del Estado será un honor increíble para alguien que ama esta profesión”.

La independencia del fiscal general, pieza clave

Los distintos gobiernos han intentado utilizar a su favor a los respectivos fiscales generales que nombraron ellos. Aunque el fiscal general deba el cargo al presidente del Gobierno no hay razones, al menos morales, que obliguen a este a ser un mandado de quien le nombró pero desgraciadamente no siempre ha sido así en la historia de nuestra democracia. 

“Mi gestión como fiscal general del Estado – me dijo Cándido Conde-Pumpido cuando era magistrado del Supremo, actualmente presidente del Constitucional, transcurrió con plena independencia. José Luis Rodríguez Zapatero fue muy respetuoso con mi tarea. Me dijo desde el primer momento que era libre e hizo algo más: renunció a la facultad que tenían entonces los presidentes de poder cesarme”.

Quienes les precedieron en el cargo disfrutaban un mandato de una semana pues, cada viernes, el Consejo de Ministros podía cesarlo como si fuera un director general. Leopoldo Torres hombre de mucho peso jurídico y político que había sido vicepresidente primero del Congreso de los Diputados cuenta que al regreso de un viaje oficial, le esperaba al pie del avión el fiscal general de Málaga quien le dijo: “Leopoldo, he venido a recibirte por cortesía pero mientras estabas en el avión el ministro te ha cesado”. El ministro de Justicia era entonces Tomás de la Quadra.

Juan Cesáreo Ortiz Úrculo el primer fiscal general nombrado por José María Aznar  contaba que con motivo de unas incidencias en el caso Banesto tuvo que recriminar a Ignacio Gordillo, el fiscal de la Audiencia Nacional integrante del grupo que denominó la prensa de los “indomables” en el que se integraban Dolores Márquez de Prado, y Eduardo Fungairiño, entre otros, en franca rebelión contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda.

En una tensa conversación entre Úrculo y Gordillo este le dijo al fiscal general del Estado: “Tu dime lo que quieras pero en este momento hay un motorista que te trae un sobre con tu cese. Y efectivamente Úrculo recibió a un motorista que le traía el cese de parte del señor Aznar. 

Ahora no se le puede mandar el motorista como hiciera Aznar con Úrculo pues el fiscal general es nombrado por cuatro  años y no se le puede cesar antes de que concluya este periodo. 

El problema de Torres Dulce – me dicen en fuentes próximas al Supremo – es que no se marchó, le echaron y él lo aceptó. El Gobierno se enfrentó con él por el asunto de Cataluña y Torres-Dulce aceptó renunciar. 

El Gobierno siempre puede presionar y dispone de una causa de cese que es el incumplimiento de las obligaciones que conlleva el cargo pero no es fácil agarrarse a este supuesto pues sería recurrible ante el Tribunal Supremo. Esa cláusula es inutilizable pues hay que demostrar el incumplimiento de dichas obligaciones Esta previsto para casos excepcionales. 

El Gobierno no le puede cesar fácilmente mandándole el temido motorista, pero puede hacerle la vida imposible. Es difícil resistirse al presidente de un gobierno que le dice al fiscal general que ha perdido su confianza en él. Pudiera darse el caso de que el fiscal general desafíe al presidente manteniéndose en el cargo, pero lo normal es que haga mutis por el foro dejando a quien le nombró el campo libre. 

La alta judicatura cogió su fusil. Jueces y parte contra Sánchez

Me refiero a una parte significativa de los jueces, a la aristocracia de la justicia ultraconservadora, magistrados y fiscales de los altos tribunales de justicia y del Consejo General del Poder Judicial, del llamado gobierno de los jueces, escorados a la derecha, que no aguantan al gobierno del país y que parecen tener una inquina especial a su presidente, Pedro Sánchez. 

No me refiero pues a la inmensa mayoría de los profesionales de la justicia que imparten lealmente esta, la justicia, desde sus juzgados; gente normal, mucha de ella de familias de clase media o baja que han trabajado duramente para ganar unas oposiciones nada fáciles. 

Me refiero, entre otros aspectos dolosos, a quienes tratan de arrebatar al Ejecutivo su potestad para elegir puestos de confianza. Como, por ejemplo, la facultad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de cesar “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. 

O a los nombramientos que hicieron Dolores Delgado en su cargo de Fiscal General del Estado, y su sucesor en el mismo de Álvaro García Ortiz en este caso por el Tribunal Supremo. La judicatura ha mostrado una especial inquina hacia Dolores Delgado, a la que, tras su dimisión del cargo de fiscal general del Estado, el Supremo anuló el nombramiento de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera  que realizó el Gobierno en octubre de 2022 . Como si el haber sido ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, y después fiscal general del Estado hasta julio de 2022 no fuera suficiente experiencia.

No tuvo en cuenta el Supremo que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo nombrado por Aznar fue ascendido a fiscal de sala a los pocos meses de dejar el cargo como ocurrió con Jesús Cardenal. La propia Delgado hizo lo mismo con su antecesora, María José Segarra, a la que ascendió a fiscal de sala a los pocos meses de dejar el cargo.

Y, más recientemente, el pasado 20 de noviembre: Estos son algunos de los mensajes publicados en X (antes Twitter) por el juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid:

“Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en la Moncloa”. “Era lógico que un mentiroso patológico como Sánchez Castejón eligiese al siervo mentiroso patológico Felix Bolaños al frente del ministerio de Justicia para que manipulase, omitiese las exigencias de Coe Greco y continuase la senda de ataque al Poder Judicial. RESISTIREMOS”.

Las asociaciones de jueces prostituyen el proceso

En España tenemos el problema, que no se da en otros países, la existencia de distintas asociaciones judiciales. En el resto de los países europeos, salvo en Francia donde no está permitida la sindicalización de los jueces, pero si pueden pertenecer a asociaciones profesionales. En, los demás países europeos solo hay una asociación profesional que defiende los intereses de todos los jueces. 

Aquí las asociaciones, llamadas “profesionales” pues los partidos están prohibidos, están muy identificadas con ellos: la Asociación Profesional de la Magistratura con el PP, y Jueces para la Democracia con el PSOE. Si pasamos de la elección parlamentaria a la elección por los propios jueces y son las asociaciones las que ponen a sus candidatos la justicia seguirá politizada.

Se están cumpliendo los malos augurios

Hoy, tantos años después de la Constitución, se están cumpliendo los malos augurios: que el poder judicial se convertiría en un sistema de cuotas. Es verdad que se han establecido contrapesos, como la exigencia de mayorías cualificadas, de tres quintos, para elegir a cualquier cargo discrecional, por lo que puede decirse que los nombramientos del Consejo son consensuados. De facto los que se han decidido durante el Consejo vigente han salido con mayorías amplísimas. 

Lo más conveniente es establecer un sistema que no deje participar a las asociaciones profesionales de la Magistratura en la constitución del Consejo. En puridad democrática deben hacerlo los representantes del pueblo en el Parlamento.