Resumen del documento de Francisco Márquez de la Rubia para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 01/2026. Enlace web IEEE
“El Estado es hegemonía acorazada de coerción.» A. Gramsci
La operación política y militar de los Estados Unidos contra Venezuela —caracterizada por acciones cinéticas limitadas, la captura de Nicolás Maduro y el posterior control y gestión del crudo venezolano bajo una tutela estadounidense de facto— constituye un punto de inflexión histórico para la seguridad hemisférica y el orden internacional liberal.
No se trata de un episodio aislado ni exclusivamente bilateral, sino de un acontecimiento con profundas implicaciones sistémicas para América Latina y para la arquitectura global surgida tras 1945 especialmente en lo que atañe a organizaciones multilaterales como Naciones Unidas.
A diferencia de crisis previas, esta intervención combina tres elementos inéditos: uso directo y unilateral de la fuerza, judicialización extraterritorial del liderazgo político, e intervención para la administración de recursos estratégicos.
Como apunta el general director del IEEE, GB Víctor Bados: “Nos adentramos así en un escenario global donde resurgen los elementos hobbesianos del estado de naturaleza: la anarquía internacional, la primacía de los intereses nacionales, la fuerza como argumento y los realineamientos imprevisibles”.
La intervención en Venezuela puede leerse como un acto puro de decisión soberana: no se justifica en la norma, sino que la reemplaza. Este giro no es coyuntural. Forma parte de una reconfiguración más amplia de la política exterior estadounidense que se desancla del orden liberal internacional y avanza hacia una lógica de hegemonía regional, esferas de influencia y transacciones geoeconómicas. Venezuela aparece en este marco, como laboratorio de la seguridad hemisférica y como primer escenario visible de un nuevo nomos continental.
Durante más de dos décadas Venezuela fue objeto de intervenciones sostenidas por parte de actores como China, Rusia e Irán: endeudamiento estructural, captura de activos estratégicos, penetración en sectores de defensa, seguridad e inteligencia. Estas intervenciones de China, Rusia o Cuba raramente generaron una defensa apasionada de la soberanía venezolana. El problema no es exclusivamente la intervención como fenómeno, sino quién la ejerce.
Venezuela como epicentro de la seguridad hemisférica
Aunque Venezuela posee reservas petroleras significativas, su peso real en la producción global es limitado. Reducir la operación estadounidense a una motivación puramente energética resulta analíticamente insuficiente. Desde este punto de vista, el petróleo constituye un beneficio secundario, sin duda importante pero no el motor principal.
El núcleo estratégico reside en la afirmación de una hegemonía hemisférica renovada. La lógica que guía la operación se acerca más a una actualización de la Doctrina Monroe que a una “guerra contra las drogas”.
El objetivo central es excluir la influencia de potencias extrahemisféricas —China, Rusia, Irán— y reordenar el espacio americano bajo primacía estadounidense. Aun cuando en ella se habla de “reclutar amigos y ampliar alianzas en las Américas” parece ahora claro que esa invitación a la amistad puede llegar a punta de pistola.
El poder duro que se despliega no es exclusivamente militar. Es fundamentalmente geoeconómico: control de flujos energéticos, influencia sobre mercados regionales, acceso a minerales críticos, puertos, infraestructuras y cadenas de suministro. A todo ello le acompaña la reedición de la “diplomacia de la cañonera” esta vez en forma de Flota poderosa en las orillas.
La intervención en Venezuela continúa una etapa de diplomacia coercitiva basada sobre todo en intereses materiales y nada en valores que inauguró hace ya hace unos meses el presidente de los EE.UU. con sus “beautiful tariffs”. La captura de un jefe de Estado en ejercicio y la administración externa de activos estratégicos venezolanos erosionan de forma profunda uno de los pilares normativos
La ruptura del principio de no intervención
Este principio no solo ha sido una regla jurídica, sino también un instrumento de autoprotección colectiva de Estados estructuralmente más débiles frente a grandes potencias. El precedente venezolano introduce una ambigüedad peligrosa: la intervención deja de ser concebida como una anomalía excepcional para convertirse en una opción estratégica legítima cuando concurren colapso institucional, criminalización del Estado o alineamientos geopolíticos adversos.
La operación profundiza la fragmentación política de América Latina. Los gobiernos se han dividido entre quienes (mayoritariamente en número) aceptan tácitamente la lógica de la hegemonía hemisférica (o incluso la apoyan calurosamente desde el cono Sur) y quienes la rechazan en nombre de la soberanía y el antiimperialismo (menos en número pero importantes por su peso específico).
Esta polarización no se traduce en bloques coherentes, sino en alineamientos fluidos, oportunistas y frecuentemente contradictorios. El resultado es un debilitamiento adicional de los mecanismos regionales de concertación.
Organismos ya debilitados como la OEA o la CELAC carecen de capacidad para articular respuestas colectivas, lo que refuerza una dinámica de bilateralización de la política exterior y aumenta la dependencia de cada Estado respecto a potencias externas y muy concretamente de su vecino del Norte.
Específicamente en el caso de Cuba habrá muy probablemente drásticas repercusiones: la intervención estadounidense o, más decisivamente, el corte del apoyo venezolano tendrá un impacto profundo sobre el régimen cubano al privarle de su principal sostén externo desde comienzos del siglo XXI.
En el plano político-estratégico, el colapso del eje Caracas–La Habana reducirá drásticamente el margen de maniobra internacional de Cuba, aumentará su vulnerabilidad frente a la presión de EE. UU. y podría empujar al régimen hacia un mayor cierre autoritario como mecanismo temporal de supervivencia, al tiempo que se incrementarán las tensiones sociales internas en un contexto de agotamiento estructural del modelo como paso hacia un probable colapso total.
Venezuela deja de ser un pilar de la arquitectura china
La reconfiguración del poder en Venezuela genera externalidades de seguridad que trascienden sus fronteras. La posible fragmentación del aparato coercitivo y la disputa interna por rentas ilícitas incrementan el riesgo de expansión de economías criminales, tráfico de armas, narcotráfico y control de corredores estratégicos.
El control de flujos energéticos, infraestructuras críticas, puertos y cadenas logísticas adquiere centralidad estratégica. En ese sentido la gestión de la producción petrolera venezolana impuesta por los EE.UU. pondrá en cuestión la exportación de crudo a China que es el principal socio comercial. En 2025, el 78% de las exportaciones se dirigieron al país asiático, casi 480.000 barriles diarios y el 4,5% de las importaciones chinas.
Desde la perspectiva china, Venezuela había funcionado como un nodo estratégico para la conversión de financiación en influencia energética y política mediante esquemas de deuda respaldada por petróleo. La intervención estadounidense desarticula este mecanismo: el acceso privilegiado a los recursos venezolanos queda comprometido y activos considerados estratégicos pasan a convertirse en pasivos expuestos a control externo. Venezuela deja así de ser un pilar funcional de la arquitectura china en el hemisferio occidental.
El aumento de controles financieros, aseguradores y marítimos elevará los costes de transacción para las economías latinoamericanas, especialmente para aquellas más abiertas y dependientes del comercio exterior. A medio plazo, esta dinámica puede acelerar procesos de alineamiento económico forzado, reduciendo aún más los márgenes de autonomía de los Estados de la región.
Es previsible una reconfiguración selectiva de la estrategia china. Pekín no se retirará de la región (préstamos a Chile, Perú y Argentina, puerto de Chancay, Brasil socio clave,…), pero reducirá su exposición en Estados inestables o abiertamente confrontados con Estados Unidos, al tiempo que reforzará su presencia en países más previsibles y capaces de gestionar la competencia entre grandes potencias.
Esta diferenciación incrementará las asimetrías estratégicas en América Latina. Finalmente, aunque China reforzará su discurso en defensa de la soberanía y la no intervención, su respuesta será previsiblemente prudente y contenida. Pekín evitará la confrontación directa con Washington en el Hemisferio occidental y priorizará la protección de sus activos existentes.
Implicaciones para Colombia
Colombia constituye el caso más sensible y estratégico de toda la región ante la operación estadounidense en Venezuela. Su posición geográfica, su historia de conflicto armado interno y su relación estructural con Estados Unidos convierten cualquier alteración del equilibrio venezolano en un factor de impacto directo sobre la seguridad y la estabilidad colombianas.
La frontera colombo-venezolana —más de 2.200 kilómetros, extensos tramos selváticos y fluviales, débil presencia estatal y economías ilícitas consolidadas— se reafirma como uno de los espacios geopolíticos más inestables de América Latina.
La caída o debilitamiento del control central en Venezuela incrementa los riesgos de desorden, competencia armada y captura territorial por actores no estatales. Departamentos como Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada enfrentan ya una presión creciente en términos de seguridad, gobernabilidad local y cohesión social al calor del fallido plan Paz Total del presidente Petro. La frontera deja de ser únicamente un problema policial o migratorio para convertirse en un desafío político integral que exige coordinación militar, inteligencia, aspectos sociales y diplomacia preventiva.
La posible fragmentación del aparato coercitivo venezolano abre oportunidades para que disidencias de las FARC, el ELN y redes criminales transnacionales amplíen sus áreas de retaguardia, consoliden corredores logísticos y refuercen sus economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustibles y armas).
El posicionamiento crítico del gobierno colombiano frente a la operación estadounidense introduce fricciones en una relación históricamente asimétrica pero funcional. Aunque no se anticipa una ruptura, sí es plausible un deterioro gradual del clima político que afecte ámbitos sensibles como la cooperación antinarcóticos, el intercambio de inteligencia y la asistencia militar.
Colombia queda atrapada en una tensión estructural: por un lado, su dependencia objetiva de Estados Unidos en materia de seguridad; por otro, la necesidad de preservar autonomía política y legitimidad regional. Esta ambivalencia puede traducirse en una política exterior errática o defensiva, con costes estratégicos acumulativos.
Las próximas elecciones presidenciales en Colombia añaden una capa adicional de incertidumbre. Venezuela puede convertirse en un elemento de instrumentalización política interna, polarizando el debate entre soberanía, seguridad y alineamiento internacional. En este contexto, cualquier deterioro de la situación fronteriza tendrá efectos directos sobre la estabilidad política interna y la agenda de seguridad nacional. Este asunto será sin duda el punto central de debate de los candidatos a la sede presidencial de Nariño.
Implicaciones para México
México enfrenta la operación estadounidense en Venezuela desde una posición distinta pero igualmente compleja. Su peso regional, su tradición diplomática y su interdependencia estructural con Estados Unidos limitan severamente su margen de maniobra.
La Doctrina Estrada y el principio de no intervención constituyen pilares históricos de la política exterior mexicana. Sin embargo, el caso venezolano pone de manifiesto los límites prácticos de este marco doctrinal en un contexto de hegemonía hemisférica reforzada. México se ve obligado a expresar su rechazo formal a la intervención sin romper con Washington, dado que su relación bilateral condiciona aspectos vitales como comercio, migración, seguridad fronteriza y estabilidad macroeconómica.
El resultado es una diplomacia de equilibrios, más reactiva que proactiva. La presidenta Sheimbaum debe hacer equilibrios dialecticos y diplomáticos que pueden verse definitivamente truncados caso de que los EE.UU. prosigan sus intervenciones contra el narcotráfico más allá del Río Grande tal y como ya han anunciado.
La retirada de Venezuela como proveedor energético de Cuba reposiciona a México como actor relevante en el suministro de combustibles a la isla. Esta situación expone a México a presiones indirectas por parte de Estados Unidos, que puede utilizar el precedente venezolano para endurecer el escrutinio sobre flujos energéticos regionales.
La Doctrina Estrada es un principio de política exterior formulado en 1930 por Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México. Sostiene que los Estados no deben pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de los gobiernos extranjeros, ya sea reconociéndolos o desconociéndolos, porque hacerlo implica una injerencia en los asuntos internos de otro paı́s. En lugar de “reconocer gobiernos”, los Estados simplemente mantienen, suspenden o modifican relaciones diplomáticas según sus intereses, sin emitir juicios polı́ticos.
La narrativa estadounidense de orden hemisférico puede traducirse en mayores exigencias de cooperación en ámbitos como control marítimo, supervisión financiera, lucha contra el crimen organizado y control de cadenas logísticas. Para México, estas demandas plantean dilemas de soberanía y gobernanza interna, especialmente en lo relativo al papel de sus fuerzas armadas y organismos civiles.
Escenarios prospectivos
La evolución de la situación venezolana y sus efectos regionales dependerán de múltiples variables internas y externas. A continuación, se presentan tres escenarios plausibles, no excluyentes, que permiten anticipar riesgos y oportunidades estratégicas.
Escenario 1: Transición controlada bajo tutela externa En este escenario, Estados Unidos lograría articular una transición política relativamente ordenada en Venezuela, con apoyo selectivo de actores regionales, con una estabilización gradual y la sustitución progresiva del aparato estatal chavista. Incluso a medio plazo con la articulación de unas elecciones libres que configuraran una nueva etapa en la historia del país. Las externalidades negativas inmediatas —migración masiva, violencia transfronteriza— se contienen. No obstante, este escenario consolida un precedente estructural: la legitimación de intervenciones externas y la normalización de tutelas externas sobre Estados colapsados. A medio plazo, ello debilita aún más el principio de soberanía en América Latina y refuerza la lógica de hegemonía hemisférica estadounidense.
Escenario 2: Fragmentación prolongada y competencia armada Un segundo escenario contempla la incapacidad de consolidar una autoridad legítima en Venezuela, que derive en una fragmentación prolongada del poder. Actores armados preexistentes, redes criminales y élites locales competirían por territorios y rentas, generando altos costes de seguridad regional. Los EE. UU. serían renuentes a implicarse más decididamente en la seguridad interna de Venezuela. Este escenario impactaría especialmente a Colombia, al Caribe y a los países andinos, obligándolos a destinar mayores recursos a control fronterizo y seguridad interna. La región se vería atrapada en una dinámica de gestión permanente de crisis.
Los EE. UU. se enfrentarían al dilema de ver fracasada su operación o verse forzados a intervenir directamente y con presencia permanente en el país algo complicado con aún recientes en la memoria los fiascos de Irak o Afganistán, un Congreso y Senado refractarios y una opinión pública poco favorable a más aventuras externas.
Escenario 3: Escalada geopolítica y reequilibrio externo Finalmente, una reacción más activa de China o Rusia en otros espacios latinoamericanos en defensa de sus intereses podría intensificar la competencia estratégica. La coerción norteamericana sin la búsqueda de sinergias y el rechazo popular traducido en resultados electorales podría provocar el deslizamiento de algunos Estados hacia la esfera china. Sin confrontación directa, se produciría un reequilibrio mediante inversiones, acuerdos militares, control de infraestructuras críticas y presión diplomática. Este escenario reduciría aún más los márgenes de autonomía regional y consolidaría a América Latina como teatro secundario de una rivalidad entre grandes potencias.
Conclusiones
América Latina se enfrenta a un escenario en el que la norma ya no garantiza estabilidad ni previsibilidad. Esta pérdida de principios contribuye a explicar el desconcierto moral que hoy atraviesa la región.
Colombia y México ilustran dos formas distintas de vulnerabilidad estructural. Colombia aparece como frontera viva de la inestabilidad, expuesta a externalidades de seguridad, reconfiguración armada y tensiones internas entre soberanía discursiva y dependencia estratégica. México, por su parte, encarna los límites de la autonomía diplomática de una potencia regional profundamente interdependiente con Estados Unidos, obligada a gestionar presiones energéticas, securitarias y económicas sin margen real para la confrontación.
El desafío estratégico no consiste en restaurar un orden liberal que ya no existe y al que no se le espera una reedición, sino en desarrollar capacidades mínimas —institucionales, económicas y de seguridad— que permitan gestionar crisis, reducir externalidades y preservar márgenes acotados pero reales de autonomía estratégica.
En cuanto a NNUU, la organización, que vive sus peores horas, está actuando más como foro de debate y denuncia doctrinal que como mecanismo de restricción efectiva a la operación. Nos encontraríamos así en el interregno gramsciano. A. Gramsci sostiene en “Cuadernos de la cárcel” “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer; en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados.”
En este vacío de autoridad y legitimidad proliferan fenómenos “morbosos” como los denominaba Gramsci—conflictos prolongados, polarización extrema, instrumentalización del derecho internacional y retorno del poder duro— que no anuncian aún un nuevo orden, sino la incertidumbre propia de una transición histórica confirmando que lo viejo ya no gobierna y lo nuevo todavía no puede nacer.
Como dice Guillem Colom en su reciente Documento de Opinión IEEE (110/2025): “El regreso explícito de la política de poder (power politics) parte de la premisa de que la estabilidad del sistema internacional depende cada vez menos de instituciones y regímenes multilaterales y más de la capacidad de Estados Unidos para ejercer coerción efectiva, imponer costes estratégicos, limitar los beneficios de sus competidores y salvaguardar su soberanía frente a influencias externas.”
