Inmaculada Sánchez
Begoña Gómez irá finalmente a juicio, pese a lo inverosímil del caso, y a su marido, el presidente del Gobierno, tanto Vox como también el PP le auguran el mismo destino ya sin disimulos. La ofensiva de la judicatura más conservadora contra este Gobierno no se fía de los halagüeños sondeos, que ya les fallaron en las últimas elecciones, y no piensa esperar sentada la cada vez más cercana convocatoria electoral. Esta vez no puede haber fallos. La crisis de Ceuta ha dado pie a señalar con el dedo acusador al mismísimo Pedro Sánchez, al que Feijóo y Abascal acusan sin rodeos de ‘traición’. Se invoca un recóndito artículo de la Constitución aunque también se confía en lo que dé de sí la cloaca de Santos Cerdán en los juzgados. Acusado de traidor o de corrupto, tanto da: el objetivo es lograr que el presidente sea imputado. Al igual que en otros tiempos el entonces director de ‘El Mundo’ Pedro J. Ramírez, comandando el llamado ‘sindicato del crimen’ contra Felipe González, se jactaba de “poner y quitar presidentes” del país ahora parecen ser los jueces quienes deciden elecciones.
Fue Luis María Anson, el conocido periodista entonces director de ABC, quien en una famosa entrevista reconoció posteriormente que el grupo de periodistas reunido en torno a la AEPI (Asociación de Periodistas Independientes, núcleo principal del ‘sindicato del crimen’) se había coordinado deliberadamente para elevar la tensión política en el país y, según sus propias palabras, se forzaron las cosas “más allá de lo legítimo”, incluso poniendo en peligro estructuras del Estado, porque consideraban que Felipe González era un “monstruo político” imbatible en las urnas de forma ordinaria. Les suena, ¿verdad?. A los jueces de derechas que hoy copan los puestos clave de la justicia española no les ha hecho falta agruparse en ‘sindicato’ alguno para retorcer y exprimir la ley y los resortes de su poder al objeto de poner a este Gobierno contra las cuerdas. Sólo les falta tumbar al presidente.
No lo han conseguido hasta ahora ni con la derrota política que le supuso a Sánchez la insólita condena al Fiscal General del Estado, ni con el golpe personal y familiar que ha conllevado la sentencia contra su hermano y el previsto juicio contra su propia esposa. En los últimos días la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto una causa penal para investigar los sucesos de Ceuta, en la que no descarta indagar las posibles responsabilidades del Gobierno. La decisión judicial llegó tras una denuncia del partido ultra Iustitia Europa a la que se han unido posteriormente como acusaciones populares el PP, Vox y Hazteoir, el elenco habitual de todos los casos judiciales que pueden perjudicar a Moncloa. Ninguna novedad a estas alturas, salvo que, por primera vez, incluso en sede parlamentaria, Feijóo y todo el PP señalan un posible banquillo para el presidente. “Lo pagará, ante las urnas y ante la justicia”, le espetó el presidente del PP al del Gobierno en el Congreso tras señalarle como cómplice y culpable de la “invasión” que se produjo en Ceuta los últimos días de julio.
Que la deficiente gestión de la grave crisis de Ceuta tendrá un alto precio político, aún por evaluar, para el Gobierno es ya incuestionable y a ello me referí en mi reciente artículo de hace una semana (‘Decisivo curso para Sánchez con suspenso en Ceuta’). Pero alegar el delito de ‘traición’ para que el presidente sea juzgado es trasladar el debate político a escenarios inconcebibles y poner en manos de los jueces decisiones que corresponden a los ciudadanos en una democracia. El artículo previsto en la Constitución es el 102, nunca antes utilizado, y que prevé la responsabilidad del presidente y de su Gobierno en casos de traición al país o que pongan en peligro la seguridad del Estado. Obviamente, para situaciones de guerra o grave peligro para la integridad del Estado o la seguridad de los españoles.
Consigan o no activar el dichoso artículo, cuyo principal obstáculo es que necesita, para proponerlo, un veinticinco por ciento de diputados del Congreso con los que ahora Vox no cuenta, y, para aprobarlo, de la mayoría absoluta, la oposición ya ha conseguido sumar el adjetivo ‘traidor’ al largo listado de descalificativos con que vienen deshumanizando al presidente desde el inicio de la legislatura. Si llegara a darse el caso sería el Supremo quien lo juzgara, el mismo tribunal que también esta semana ha vuelto a incorporarse a la alegre marcha de las huestes de la derecha y la ultraderecha que caminan ufanas y marciales hacia La Moncloa.
Los magistrados del Supremo acaban de decidir que la nacionalización española prevista en la llamada ‘Ley de Nietos’ no basta para ejercer el voto, dando pábulo a las acusaciones de PP y Vox sobre la supuesta manipulación electoral urdida por el Gobierno con ella. El dictamen judicial obliga a justificar que el exilio de los ‘abuelos’ se produjo por represalias políticas o por razón de condición sexual o creencia religiosa, lo que obligaría a todos los que se han acogido a la ley a volver a reunir nuevas y más especificas pruebas documentales sobre sus antecesores de las que ya aportaron para conseguir la nacionalidad española. Un despropósito que invalida, de facto, el mandato de la Ley de Memoria Democrática, y una nueva e intolerable injerencia del poder judicial en las prerrogativas del Congreso de los Diputados. Todo vale, sin embargo, aunque se fuercen las cosas “más allá de lo legítimo”, como diría Anson, para lograr el objetivo.
¿Quién va a querer de presidente a quien manipula el censo para conseguir ganar las elecciones, confabula con Marruecos para que nos invada una horda incontrolable de musulmanes, se arrodilla ante los independentistas catalanes para que puedan romper España y, además, coloca a su hermano y su esposa en puestos para que roben el dinero de todos los españoles? Este es el aterrador perfil de Pedro Sánchez que la derecha, con la eficaz colaboración de los jueces, está consiguiendo asentar en la opinión pública, a juzgar por las encuestas y por los crecientes episodios de odio y tensión a los que asistimos en el debate público.
El ‘sindicato del crimen’ de Anson y Pedro J. fue determinante para la derrota de González en 1993 y la llegada de Aznar al gobierno, pese a que el desgaste del PSOE felipista, tras 13 años en el poder, y una auténtica acumulación de escándalos políticos y de corrupción ya habían dilapidado buena parte de la confianza de su electorado. En todo caso, que juzguen los votos, no los jueces ni los periodistas. En los meses que restan hasta que Sánchez decida la convocatoria de elecciones habrá que estar muy atentos, que discernir entre bulos, que discutir y debatir todo lo necesario para que ni las togas, ni los gritos e insultos, consigan ‘robarnos’ las urnas.
