Escrito por 8:43 pm Ojo Avizor, Selección del editor

La alta judicatura cogió su fusil. Jueces y parte contra Sánchez

Por José García Abad

Me refiero a una parte significativa de los jueces, a la aristocracia de la justicia ultraconservadora, magistrados y fiscales de los altos tribunales de justicia y del Consejo General del Poder Judicial, el llamado gobierno de los jueces, escorados a la derecha, que no aguantan al gobierno del país y que parecen tener una inquina especial a su presidente, Pedro Sánchez. No me refiero pues a la inmensa mayoría de los profesionales de la justicia que imparten lealmente esta, la justicia, desde sus juzgados; gente normal, mucha de ella de familias de clase media o baja que han trabajado duramente para ganar unas oposiciones nada fáciles. 

Me refiero, entre otros aspectos dolosos, a quienes tratan de arrebatar al Ejecutivo su potestad para elegir puestos de confianza. Como, por ejemplo, la facultad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de cesar “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional anuló dicha destitución.

O a los nombramientos que hicieron  Dolores Delgado en su cargo de Fiscal General del Estado, y su sucesor en el mismo de Álvaro García Ortiz en este caso por el Tribunal Supremo. La judicatura ha mostrado una especial inquina hacia Dolores Delgado,  a la que, tras su dimisión del cargo de fiscal general del Estado, el Supremo anuló el nombramiento de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera  que realizó el Gobierno en octubre de 2022 . Como si el haber sido ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, y después fiscal general del Estado hasta julio de 2022 no fuera suficiente experiencia.

No tuvo en cuenta el Supremo que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo nombrado por Aznar fue ascendido a fiscal de sala a los pocos meses de dejar el cargo como ocurrió con Jesús Cardenal. La propia Delgado hizo lo mismo con su antecesora, María José Segarra, a la que ascendió a fiscal de sala a los pocos meses de dejar el cargo.

Y , mas recientemente, el pasado 20 de noviembre: Estos son algunos de los mensajes publicados en X (antes Twitter) por el juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid:

“Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”. “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que, de momento, no se va a abrir un expediente al juez.

Fiscales al servicio de Feijóo 

Fue especialmente escandalosa la reunión más o menos clandestina que celebraron todos los líderes de la fiscalía conservadora», de la Asociación de Fiscales, el pasado 18 de abril con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que expresaron sin cortarse un pelo su deseo de que el dirigente del PP ganara las elecciones y le aplaudieron cuando les reveló que no pensaba renovar el Poder Judicial

Antonio Narváez, fiscal de la Sala de lo Contencioso del Supremo mostró abiertamente su deseo de que gobierne Feijóo. 

Jiménez Villarejo abandonó su silencio

Este cenáculo ha tenido la virtud de sacar del silencio profundo de Carlos Jiménez Villarejo, el primer fiscal anticorrupción, que una vez que ha concluido la publicación del tercer tomo y último de sus Memorias titulado “Corrupción y Fraudes”, editado por “Utopía, no quería hacer declaraciones a la prensa ni participar en foros públicos.

En su opinión la reunión con Feijóo presenta signos preocupantes, expresados por fiscales, de la máxima relevancia profesional, como Consuelo Madrigal, fiscal general durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del PP. 

Ambos no han omitido opiniones abiertamente políticas, profundamente conservadoras y hondamente críticas con el actual Gobierno de Coalición, asumiendo posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional. Madrigal se atrevió a afirmar: “Hay una perversión del procedimiento legislativo”. Añadiendo que dicha “perversión” la han extendido al Ministerio Fiscal. Y Narváez: “El Gobierno ha deteriorado las instituciones” y aplaudió las falsas palabras de Feijóo sobre que el Gobierno “ha ocupado el CNI, la Fiscalía General, el CIS…”.

Lo expuesto es gravísimo para la institución, en cuanto los asistentes y los ya citados violaron gravemente el Código Ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020. En una de sus normas, de obligado cumplimiento, se dispone lo siguiente: “Las y los fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia”. Precepto abiertamente infringido por las asistentes a dicho encuentro y, especialmente, por los fiscales expresamente citados. (Hasta aquí la cita de Jiménez Villarejo)

Las asociaciones de jueces prostituyen el proceso

En España tenemos el problema, que no se da en otros países, la existencia de distintas asociaciones judiciales. En el resto de los países europeos, salvo en Francia donde no está permitida la sindicalización de los jueces, pero si pueden pertenecer a asociaciones profesionales. En, los demás países europeos solo hay una asociación profesional que defiende los intereses de todos los jueces. 

Aquí las asociaciones, llamadas “profesionales” pues los partidos están prohibidos, están muy identificadas con ellos: la Asociación Profesional de la Magistratura con el PP, y Jueces para la Democracia con el PSOE. Si pasamos de la elección parlamentaria a la elección por los propios jueces y son las asociaciones las que ponen a sus candidatos la justicia seguirá politizada.

La Constitución no dice que el nombramiento del presidente del Consejo que tiene la mayor fuerza para los nombramientos de cargos en los altos tribunales. El CGPJ es muy presidencialista. No lo dice la Constitución, pero de hecho siempre se ha pactado. José Luis Rodríguez Zapatero se puso de acuerdo con Mariano Rajoy para poner a Carlos Divar, un nombramiento muy polémico y Mariano Rajoy se puso de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba para nombrar a Carlos Lesmes. 

Se están cumpliendo los malos augurios

Hoy, tantos años después de la Constitución, se están cumpliendo los malos augurios: que el poder judicial se convertiría en un sistema de cuotas. Es verdad que se han establecido contrapesos, como la exigencia de mayorías cualificadas, de tres quintos, para elegir a cualquier cargo discrecional, por lo que puede decirse que los nombramientos del Consejo son consensuados. De facto los que se han decidido durante el Consejo vigente han salido con mayorías amplísimas. 

Lo más conveniente es establecer un sistema que no deje participar a las asociaciones profesionales de la Magistratura en la constitución del Consejo. En puridad democrática deben hacerlo los representantes del pueblo en el Parlamento.

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