Escrito por 7:04 pm Casa Real, Justicia

La autoridad judicial estuvo ausente de los delitos del rey Juan Carlos

Foto Europa Press

Por José García Abad 

Como cuento en mi libro: “TODOS LO SABÍAN. Juan Carlos I y el silencio cómplice del poder” publicado por La Esfera de los libros. Octubre de 2023, quienes no se enteraron de los supuestos delitos del jefe del Estado fueron quienes tienen mayores responsabilidades en vigilar el imperio de la ley. En realidad, el monopolio de su ejercicio, la Justicia o dicho con minúscula, los jueces. 

Ni el Consejo General del Poder Judicial, que se ha presentado impropiamente, a pesar del título, como el poder judicial, tal como Montesquieu lo diseñaba para establecer el debido equilibrio en sana dialéctica con el Ejecutivo y el Judicial. Ni tampoco lo que yo considero como el poder judicial propiamente dicho, o sea cada juez en su juzgado, desde el juzgado de guardia hasta el Supremo y no un aparato clonado con el gubernamental o el parlamentario que debería ceñirse a los aspectos funcionales de sueldos, ascensos, equipamiento etc.

Ningún juez se interesó, ni nadie presentó denuncia alguna cuando se supo que el rey había recibido diez millones de dólares del sah de Persia en junio de 1977, seis días después de celebrarse las primeras elecciones democráticas españolas, apelando a su solidaridad monárquica. 

Ni en el proceloso asunto de KIO donde el monarca aparecía como receptor de 100 millones de dólares para apoyar la primera guerra del golfo. Probablemente los jueces no reaccionaron al considerar que el rey era constitucionalmente irresponsable de sus actos, pero ninguno de ellos optó, auxiliado por el sentido común, por entender que ese privilegio constitucional rige solo para los asuntos políticos y que no podía afectar a los delitos comunes como el soborno o la apropiación indebida. 

La Justicia no se ha ocupado de las responsabilidades defraudatorias de Don Juan Carlos hasta su abdicación en 2014. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó el comportamiento fiscal de Don Juan Carlos pero emitiendo una resolución que dejaba al personaje por los suelos.

Cómplices con el monarca en el caso KIO, el mayor escándalo que vieron los siglos

La judicatura actuó “legalmente”, con comillas, para salvar al rey de toda implicación.  Los jueces metieron en el sumario a Prado, lo que para algunos entendidos suponía incluir al rey, nexo que el Cesid y el propio gobierno intentaron romper. De la Rosa estaba decidido a defenderse sabiendo que les pondría de los nervios y lanzó sus dardos durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Sus abogados intentaron meter de lleno al rey en la desaparición del dinero, lo que, al margen de su veracidad o falsedad, era una especie de amenaza para intentar librarse de la condena.

     Los letrados, utilizando su derecho a preguntar a Manuel Prado, sacaron a relucir varios temas, entre ellos las múltiples gestiones institucionales que realizó “al mayor nivel” en interés del estado kuwaití, entre las que estuvieron varias entrevistas que organizó entre el rey y mandatarios de Kuwait. En concreto hablaron de una reunión celebrada en enero de 1992 entre el exministro de Finanzas Ali Califa Al-Sabah, Javier de la Rosa, Juan Carlos I y el propio Manuel Prado”

Un agujero de 100.000 millones de pesetas

     Pues bien, cuando fue desalojado Sadam Hussein del rico emirato petrolero, el emir nombró un nuevo equipo en la gestión de KIO encabezado por Mahmout al Nouri que se encontró con un agujero de 100.000 millones de pesetas y unas pérdidas de 500.000 millones de pesetas. 

     Mahmout al Nouri  procedió contra su antecesor y contra Javier de la Rosa en la Corte de Londres por lo mercantil y en los tribunales españoles, la Audiencia de Barcelona, la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo por lo penal.

De la Rosa explica que el dinero era para el Rey

     La cosa, en el fondo, era muy sencilla. Javier de la Rosa, dijo, traducido de la jerga jurídica al lenguaje de la calle: “Oigan, yo no he robado nada. Lo que he hecho, cumpliendo el objetivo encomendado por mi jefe kuwaití, es utilizar el dinero del fondo para que el rey Juan Carlos influyera en favor de la restauración del emir. Lo que hice dándole a su administrador privado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, cien millones de dólares”. 

     Obviamente esta “donación” sería también delictiva, pero de una calificación diferente a la apropiación indebida y, de pasada, apoyaba la política del financiero catalán de “vender” sus buenas relaciones con el rey de España.

    La cosa era conceptualmente sencilla también para los jueces, pero muy comprometida, pues quedó probado que, en efecto, Javier de la Rosa había entregado los cien millones al administrador del rey. Lo que había que dirimir era si el dinero entregado por de la Rosa a Prado se lo había entregado este al monarca o si se lo había embolsado el administrador. 

Los jueces no hicieron lo que debían

     En ese momento, los jueces tenían que haber suspendido el proceso al ser Juan Carlos irresponsable judicialmente. Los jueces no se atrevieron a tomar esta decisión, quizás porque habría generado duda sobre la honradez del rey. Así que, sin mencionar a Su Majestad, se limitaron a establecer las responsabilidades penales de ambos personajes, De la Rosa y Prado. 

     Se nota en las sentencias dictadas, tanto por la Audiencia Nacional como por el Supremo, que fueron producto de la mala conciencia. Fueron, más que benignas, ridículas, especialmente en lo que a Prado se refiere al que solo se le impuso un año de prisión que no cumplió y no se tocaron sus propiedades. Los jueces eran conscientes de que no habían ido al fondo de la cuestión.

     Nadie se escandalizó por ello: la prensa se abstuvo de concluir que el rey estaba en el fondo del asunto, como una sombra intocable y la ciudadanía prefirió no darse por enterada, pero se puede afirmar que a partir de entonces todos, la ciudadanía en su conjunto, lo sabían salvo quienes prefirieran no saberlo.

     Jesús Cacho contaba en El Confidencial el 9 de diciembre de 2009: “Testigo del episodio en las alturas fue Sabino Fernández Campo, el ex jefe de la Casa del Rey recientemente fallecido, a quien un día el Rey Juan Carlos I pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un hermoso penthouse en el 47 del Paseo de la Castellana, para que transmitiera al catalán el siguiente escueto mensaje:

-Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número de la Castellana y le vas a decir que, de parte del Rey, todo está arreglado y que muchas gracias.

-Pero bueno -quiso saber Sabino, despistado- ¿no hay que decir de qué se trata?

-No, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

     Dicho y hecho. Fernández Campo cumplió su misión, certificando que el dinero había llegado a su destino”.

Ni la prensa, ni los intelectuales, ni las celebridades y, lo que es peor, ni los jueces, cumplieron con su obligación 

     La prensa, además de los jueces, tiene una gran responsabilidad como cómplices del escándalo, así como los políticos, intelectuales y celebridades de lo que hoy llamamos influencer. Y el rey, confiado en que podía hacer lo que le diera su real gana, se fue creciendo en la impunidad con los comportamientos irregulares que sucedieron al asunto de Kio que fue el peor de todos ellos, pues en él se mezclaba la apropiación indebida con el tráfico de influencias.

     Pero quizás lo más escandaloso fue la conducta de los jueces que, estamos convencidos, actuaron con buenas intenciones velando por el prestigio de las instituciones pero, como dijo San Francisco de Sales, el infierno está empedrado de buenas intenciones. No cumplieron con la ley, no salvaron las instituciones y proporcionaron un nuevo motivo para el desprestigio de la Justicia. 

     En este terrible caso no puede prescribir que cada palo aguante su vela, limitando la responsabilidad a uno u otro personaje pues, como puede verse en la ausencia de votos particulares, salvando el de los magistrados Enrique Bacigalupo y Miguel Colmenero que apoyaron la exculpación de Manuel Prado al entender que su delito estaba prescrito.

     Hay pues que atribuir a todos los magistrados que intervinieron en el asunto, o sea las propias instituciones, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la responsabilidad de una de las mayores tropelías cometida por la Judicatura a lo largo de la historia 

     Nadie prestó atención a lo que en cualquier otro país hubiera movilizado a la prensa de todo el mundo. En los años noventa, concluida la guerra del golfo, en España con una democracia de primera clase y la correspondiente libertad de expresión, ni la prensa cumplió con su obligación básica, ni la sociedad exigió información. Ni siquiera la opinión informada, ni la crema de la intelectualidad, ni los más sabios del lugar, ni los políticos de distinto pelaje. 

     Los jueces tuvieron que parar el proceso contra Javier de la Rosa, el corruptor y Manuel Prado, el administrador privado del Rey, precisamente porque no podían aclarar si Prado se quedó con el dinero kuwaití o si, como acusaba De la Rosa, el destino de parte del dinero que administraba del fondo kuwaití, 100 millones de dólares, era precisamente el rey y el rey es irresponsable judicialmente. 

     Manuel Prado no pudo negar que recibió 100 millones de dólares de Javier de la Rosa, pero aseguró que no procedían de KIO, sino de otros negocios que emprendió con el empresario catalán. Aseguró que los cien millones de dólares los cobró en concepto de asesoramientos, dictámenes etc., una justificación que recuerda las cuentas del Gran Capitán cuando fue requerido a explicar sus gastos en Flandes. 

     Los magistrados no dieron crédito a ninguno de los dos, ni a De la Rosa ni a Manuel Prado, ya que no existía prueba documental alguna de sus afirmaciones, algo increíble tratándose de las cantidades que se trataba.
     Este fue el suceso más grave en que incurrió el monarca, que recibiera los cien millones para influir en que España participara en la guerra del golfo. Habría que calificarlo por lo menos de prevaricación y, en sentido estricto, de incumplimiento de su papel constitucional. Incluso de traición. Un proceso de 14 años en los que jueces, abogados, políticos y periodistas no pronunciaron el sagrado nombre del rey y en los que la sociedad española en su conjunto decidió no darse por enterada.

Conversaciones comprometedoras 

     Manuel Prado y Colón de Carvajal, estaba instalado en la Zarzuela donde era considerado como de la familia, según contó la reina a Pilar Urbano, y se encargaba de gestionar los negocios del monarca sin cortarse un pelo. Un personaje unido al rey desde antes de que este lo fuera, que sería condenado por sus trapicheos con Javier de la Rosa en la primera pieza separada del macrosumario de Kio instruido por la jueza Teresa Palacio, pero que fue eliminado, por consideración del emir kuwaití hacia el Rey de España, de la lista de los que perseguía el emirato en la Corte Comercial de Londres, sede de las operaciones internacionales de la agencia pública kuwaití en busca del dinero desaparecido. 

     Prado se salvó de la persecución kuwaití a costa de implicar, involuntaria pero imprudentemente, a Juan Carlos I. No es que acusara al monarca – en eso Prado fue una tumba –, pero el rey aparecía en conversaciones telefónicas de Manuel Prado con importantes personalidades del emirato. Casualmente, tales cintas aparecieron en el despacho de Javier de la Rosa, quien las utilizó para justificar que los 100 millones de dólares habían salido de Kio para premiar los servicios del Monarca en la guerra del Golfo. 

Cintas grabadas condenan a SM

     Pero si la prensa no investigó a fondo las acusaciones contra el Rey, la justicia hizo lo mismo. Las denuncias de Javier de la Rosa exigían que la justicia excitara su celo contra quien calumniaba al jefe el Estado asegurando que tenía cartas con membrete de la Casa del Rey; que disponía de grabaciones en el hotel Claridge de Londres en las que Don Juan Carlos agradecía las aportaciones hechas a Prado; que podía presentar cartas de este, que en nombre del rey agradecía el envío de 429 millones de dólares. 

     En el fondo fue una faena para el monarca, pues un juicio por calumnias hubiera permitido dejar libre de polvo y paja su buen nombre. Como en otras ocasiones relacionadas con el monarca, se optó por movilizar al CESID, que había realizado grabaciones al rey y que presionó para que Javier De la Rosa huyera de España.      El CESID no fue el único que trató de forzar la huida de España de Manuel Prado y Colón de Carvajal, un personaje que sabía demasiado. Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey desde 1.993, en presencia del monarca le pide que se refugie en Suiza y Luis María Anson, custodio de la Monarquía en servicio permanente, le presiona en el mismo sentido: que se refugie en Lausana donde este personaje tiene reconocida la residencia. Anson va mas lejos e intenta que Juan Carlos I abdique en su hijo Felipe para salvar la institución. Prado no piensa marcharse. Representa demasiado en la vida del rey y sabe que nunca será abandonado por este.   

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