Inmaculada Sánchez
La conmoción se extiende. Nadie parece creerse que José Luis Rodríguez Zapatero haya hecho las cosas que el juez presume que hizo en su demoledor auto conocido este martes y que le imputa por varios delitos. No sólo dentro del PSOE y del Gobierno. Buena parte de la izquierda, que tenía fundados motivos para respetarle, también se sacude incrédula la cabeza. “Si es verdad, es una mierda. Y si es mentira, es una mierda aún mayor”. Así resumía Gabriel Rufián el estado de ánimo de quienes apoyan al Gobierno de coalición progresista y luchan por evitar que el PP y la ultraderecha lleguen a La Moncloa. Pedro Sánchez, sin embargo, no ha querido dejar lugar a dudas con su “todo mi apoyo al presidente Zapatero” pronunciado en sede parlamentaria este martes en la sesión de Control del Congreso. El caso, cuya investigación se alargará previsiblemente durante meses, amenaza con una onda expansiva mucho más agresiva y perturbadora para la frágil estabilidad del Gobierno que precedentes como el de Ábalos, aunque el presidente, pese a todo, vuelve a insistir en que no habrá elecciones hasta 2027.
El escándalo desatado esta semana, sin embargo, contiene ciertos elementos que pueden convertirlo en el más peligroso para el Gobierno hasta la fecha. Las rápidas acusaciones de estar ante un nuevo caso del lawfare que tanto vienen sufriendo el Ejecutivo y sus socios han chocado pronto con el perfil del juez que dirige la investigación, José Luis Calama. El titular del juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tiene fama de profesional serio, riguroso y discreto, y no se le conocen fallos ni instrucciones proclives a ser tachadas de ideológicas.
Desde la investigación por la financiación ilegal del partido del ultra Alvise Pérez a las indagaciones sobre el gran apagón de hace un año o el espionaje telefónico al gobierno de Sánchez con el software Pegasus, Calama no ha dudado en archivar pesquisas si no encontraba indicios incriminatorios sólidos y suficientes. Con 67 años y 30 de carrera, los últimos ocho en la Audiencia Nacional, el magistrado ha actuado en no pocas investigaciones de complejidad económica, como cuando abrió juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Angel Ron por estafa a sus accionistas, o también exonerando a imputados con perfil político, como el marido de la exalcaldesa Manuela Carmena, archivando la causa en que lo acusaban de delitos contra sus trabajadores.
Llama la atención, por tanto, lo demoledoras que presenta sus acusaciones contra Zapatero, al que atribuye nada menos que ser el líder de toda la organización que orbita alrededor de la consultora de su amigo empresario, Julio Martínez, y hasta de ordenar la apertura de cuentas en Dubai para camuflar los ingresos ilícitos. Por otra parte, la contundencia con la que Zapatero, también, ha negado tajantemente, en su primer comunicado tras la imputación, semejantes incriminaciones del juez no puede más que sumir en una absoluta perplejidad a quien lo miraba hasta ahora como una auténtica referencia de la izquierda.
José Luis Ábalos o Santos Cerdán nunca se acercaron a semejante categoría pese a lo relevante de sus cargos en el PSOE y en el equipo de Sánchez. Sus investigaciones judiciales y sus previsibles condenas harán mucho daño a las expectativas electorales de los socialistas pero Moncloa lo mantiene encapsulado en la exigua red de los tres acusados, si no hay novedades, e intenta tranquilizar respecto a su alcance. La dimensión de la imputación de Rodríguez Zapatero, por el contrario, supera con mucho la decepción por las fechorías de unos cuantos chorizos.
El expresidente Zapatero fue el primero que rompió con la vieja guardia socialista y puso las bases de un nuevo PSOE que Sánchez se atribuye haber terminado de construir. La afinidad entre las historias del despreciado Bambi y el expulsado guapo que, pese a todo, recuperaron La Moncloa para el PSOE y arriesgaron durante sus mandatos por una radical ampliación de derechos civiles o enfrentándose a imposiciones exteriores de los Estados Unidos ha creado un hilo de conexión entre ambos líderes cristalizado en el férreo y eficaz apoyo público que ha brindado Zapatero a Sánchez en todo momento.
Nadie en el partido había conocido en Zapatero avidez económica alguna ni talante para dedicarse a operaciones como las que describe el juez Calama. Tampoco cuadra tanta exposición pública en apoyo al Gobierno con la discreción que exige el tráfico de influencias que se le atribuye. Pero, si la investigación terminara confirmando las acusaciones, la aflicción que las cuatro elecciones autonómicas vividas en los últimos meses han provocado en los socialistas se convertiría en auténtica desolación. En política este daño ya es irreparable. Se trata del primer expresidente de Gobierno imputado por un juez por delitos que conllevan pena de cárcel. Sánchez se ha mostrado con semblante serio desde que explotó la bomba. Tendrá que desplegar todavía más habilidades de su manual, si no las tiene ya agotadas, para mantenerse en pie y, sobre todo, para que su tropa encuentre aliento con que seguirle. También para sus atónitos socios, que cada vez han de desplegar mayores esfuerzos para no bajarse del barco.
