Jesús María Ruiz de Arriaga
José Sanuy
Jesús María Ruiz de Arriaga que pasó de trabajar en un pequeño despacho en su casa a bufete estrella con una clientela de cien mil clientes, con una plantilla en nóminas de 700 abogados, con su ratio de victorias en los tribunales que se acerca al 100%, que se atrevió con las reclamaciones sobre la salida a Bolsa de Bankia, o las de los afectados por el procedimiento de resolución del Banco Popular, está mordiendo el polvo con impagos de entre 30 y 45 millones de euros, la facturación de un año en los buenos tiempos; un ERE para despedir a 158 personas, y otras dolorosas medidas.
Es un hundimiento del que no puede presumir que se deba a represalia bancaria o judicial, que Arriaga atribuye a razones fortuitas. Lo más que este puede reprochar a la banca y a los juzgados, algunos juzgados, es la satisfacción con la que ambos poderes pudieran regodearse al ver como el cadáver de su enemigo pasa por delante de sus poderosas puertas.
“Bestia negra de la banca”
Arriaga recibió la calificación periodística de “bestia negra de la banca” por la denuncia del bufete de sus cláusulas abusivas; una crítica que amplió a jueces y al propio gobierno, aunque sin presumir de ello por si acaso, mayormente por cuestiones como cláusulas suelo, multidivisas o hipotecas referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), entre otras prácticas.
En gran medida, el éxito de Arriaga vino –tal y como este nos explicó en sus tiempos de esplendor “porque fuimos capaces de acercar la abogacía a la gente. De hecho, casi la totalidad de nuestros clientes, son particulares, pequeños consumidores”.
Una publicidad sin precedentes
En gran medida, este acercamiento se produjo porque Arriaga desplegó una publicidad sin precedentes en un sector en que hasta 2001 estaba prohibida. La cara de Ruiz de Arriaga aparecía en periódicos, televisiones, autobuses, marquesinas de autobús y en las redes sociales. A veces solo, y a veces con el guardameta del Real Madrid, Iker Casillas –cliente del despacho porque perdió medio millón de euros en la salida a Bolsa de Bankia.
“Lo iniciamos en el caso de las preferentes porque había mucha gente en casa, miles de ahorradores mayores, que se sentían impotentes, estafados y no sabían cómo recuperar su dinero. Nuestra publicidad les dio esperanza y los animó a salir de casa e iniciar un camino que les condujo a recuperar lo que era suyo”.
No quiso cuantificarnos cuánto invertía en publicidad, pero, según sus palabras, no bajaban de los 100.000 euros al mes, ni superaba nunca el millón. “Sólo nuestra página web tiene 2 millones de visitas”, añadía.
“Nos hemos atrevido con los bancos y también con el propio Gobierno”- nos explicaba Ruiz de Arriaga, “pero lo cierto es que somos una sociedad mercantil, con tres socios que, hasta ahora, nos financiamos con recursos propios y una pequeña financiación bancaria poco relevante”.
Arriaga apostó fuerte desde el principio. Cobra cuando gana, que, era casi siempre. El cliente adelantaba 450 euros por gastos administrativos, reembolsables si ganaba. Bankia, que recibió más de 75.000 demandas de particulares, abrió una batalla por el coste de las tasas que según sus cálculos le obligaba a poner 500 millones de euros. Y lo hizo demandando a Arriaga ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), porque alegó que le pasaba unas costas medias de 3.800 euros por pleito mientras que el banco pagaba 867 a sus abogados.
“Nunca nadie nos comunicó nada”-nos aseguraba Ruiz de Arriaga- pero desde luego dicha denuncia no tenía ningún recorrido. Supongo, que Bankia pretendía desacreditarnos, o cuanto menos, generar dudas con nuestros clientes actuales y futuros, y así quedar ella en mejor posición. Nosotros actuamos conforme al marco legal establecido por Código Deontológico y normas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Ningún organismo, judicial ni profesional, ha cuestionado en ninguno de nuestros expedientes de las tasaciones de costas practicadas”.
Morir de éxito
De éxito también se puede morir. Si bien el fundador del despacho negaba que hubiera un fondo de capital riesgo detrás de ellos e insistía en que son él, su esposa y su hermano los únicos socios del bufete, no negaba que, si seguían creciendo a un ritmo tan acelerado, necesitarían más recursos. Y de hecho tuvo que recurrir al fondo de inversión Pemberton, que en los últimos años ha llevado a cabo aportaciones para financiar la actividad de Arriaga a quien debe la mayor parte de sus deudas.
“Los retrasos que la administración de justicia arrastra desde la pandemia han puesto palos a las ruedas a nuestro modelo de negocio. Solo cobramos al cliente si ganamos el caso y, como las resoluciones tardan en llegar una media de seis años –en lugar de uno o dos–, los ingresos han caído y se ha reducido la carga de trabajo del personal. De ahí que nos hayamos visto obligados a tomar esta decisión”, comenta Jesús Arriaga.
El plazo de cobro se está retrasando porque los juzgados especializados en cláusulas suelo, creados por el Gobierno en teoría para no colapsar los tribunales judiciales con los miles de demandas previstas, ha tenido el efecto contrario. Están colapsados. Añade los efectos de la puesta en marcha de un decreto de enero de 2017 del entonces ministro de economía, Luis de Guindos que pretendía impulsar la resolución extrajudicial de las demandas por clausulas suelo, una norma excesivamente permisiva con las entidades financieras.
Fraile, cooperante, víctima del ladrillo y abogado
Jesús María Ruiz de Arriaga logró cambiar la visión popular de la abogacía. Abogado, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y apasionado del estudio, lo que le llevó a cursar 12 másteres.
Nacido en 1960 en Ocáriz (Álava) en el seno de una familia humilde, fue el segundo de cuatro hermanos. Su padre, oficial especializado en la fabricación de ballestas, arrastró a su familia a varias localidades hasta que se instalaron en Alsasua (Navarra), lugar en el que echaron raíces y que Jesús considera su hogar.
Ingresó en el seminario de San Jerónimo en la localidad salmantina de Alba de Tormes. A los 18 años, cuando pierde su vocación se traslada a la Universidad de Salamanca donde se diploma en Ciencias Empresariales. Sus primeros pasos en el mundo laboral le llevaron a dedicarse a controlar temas económicos del Ayuntamiento de Alsasua y después trabajar en el área financiera de una de las empresas del Grupo Mondragón.
Una gran parte de su vida laboral transcurre dirigiendo ONG’s. Primero en Zaragoza durante 8 años y después durante 12 años, como adjunto a la Gerencia de la ONG ATADES Huesca, asociación dedicada a mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad intelectual.
En octubre de 2011 afectado por una suspensión de pagos inmobiliaria de la empresa Martinsa-Fadesa y con la recién estrenada Licenciatura de Derecho dos años atrás, se defiende judicialmente y recupera su dinero. “Invertí mi dinero en adquirir una casa y de la noche a la mañana me quedé sin dinero y sin casa”. Se había declarado un concurso de acreedores y a los afectados nos habían incluido como tales. Me opuse, y los tribunales me dieron la razón”.
Esos fueron los inicios del despacho, fundado junto a su mujer. “Fueron años intensísimos, el cuartel general lo montamos en casa y desde allí me desplazaba por toda la geografía española de juzgado en juzgado”.
