Escrito por 6:41 pm Economía

La convalidación de los decretos y la irresponsabilidad política.

por Carlos Berzosa

12 enero 2024

La sesión del Congreso del 10 de enero para convalidar los decretos, que el gobierno había aprobado el 19 de diciembre, puso en evidencia la falta de compromiso con las necesidades de los ciudadanos del Partido Popular y de Podemos. Me resulta difícil comprender como una batería de propuestas sociales que entre otras cosas comprendía la revalorización de las pensiones, el aumento del subsidio a los parados, rebajas del IVA para alimentos básicos y descuentos para la energía y el transporte, no tuvieran un apoyo mayoritario de la cámara. Sin embargo, lo que sucedió fue la aprobación de dos decretos por la minina y uno fue rechazado. De manera que el aumento del subsidio a los parados y la mejora de los permisos de lactancia han quedado de momento paralizados. 

 En este caso, no se trataba de beneficiar al gobierno con la convalidación de estas medidas, sino a gran parte de la ciudadanía. Los beneficios sociales que contienen estos decretos van más allá de lo que la población vota. Es evidente que muchos votantes, del Partido Popular, Vox, y de Podemos, se ven beneficiados con estas medidas. No entender esto supone poner por delante los intereses partidistas sobre los problemas que se padecen por la situación económica internacional, como consecuencia de las crisis sucesivas que se han ido produciendo. Ir en contra de estos decretos supone estar perjudicando los intereses de sus propios votantes, lo que no supone que les dejen de votar por ello, pues es tan excesiva la contaminación que la derecha, y los medios de comunicación a su servicio, han introducido en el debate político que resulta difícil que se pueda ver con claridad quién realmente está defendiendo los derechos sociales y quién los ataca. 

El PP en la legislatura anterior estuvo siempre en contra de todas las medidas sociales que se llevaron por parte del gobierno al parlamento, incluso de la reforma laboral que había sido consensuada con los sindicatos y empresarios. Se puede aducir que este comportamiento del PP es consecuente con los intereses de clase que defiende, que no son otros que los de ricos y de las clases medias altas. No obstante, sus votantes no solamente provienen de los grupos sociales más favorecidos, sino también de las clases medias que se encuentran en la parte intermedia y en la baja, así como también consigue votos en la clase social que se encuentra en el tramo inferior de las rentas. Por esto, es difícil de entender una actuación que ha ido en contra de una franja significativa de sus votantes. Núñez Feijóo, que desde que ha llegado a Madrid no da pie con bola, ha dicho, que no piensa en salir a salvar al presidente Sánchez. Se confunde una vez más, como no podía ser menos, pues de lo que se trata es de salvar a la mayoría de la población no a Sánchez.

En realidad, el PP no ofrece ningún programa coherente ni económico ni social, tampoco hace proposiciones políticas al conflicto catalán, que se generó fundamentalmente en su mandato, y ante el cual la única respuesta es policial y judicial. No digamos ya frente al cambio climático uno de los mayores problemas del mundo global. Su política es destructiva y su única pretensión es derrocar al gobierno, aunque sea a costa de usar mentiras y falsedades que no se corresponden con la realidad creando un clima de polarización y de enfrentamiento. Acerca de las falsedades que se están diciendo sobre la ilegitimidad del gobierno y la calificación de golpe de Estado al proyecto de la ley de amnistía es recomendable el artículo de Sánchez Cuenca “¡Todos a la cárcel!” (EL País, 9 enero 2024). Como dice al final del artículo: “La amnistía de Puigdemont y otros muchos dirigentes independentistas podrá resultar insoportable para muchos y quizá haga perder a las izquierdas las próximas elecciones generales, pero no puede presentarse como un ataque a nuestro sistema político. Lo que sí cuestiona las bases de nuestra democracia es querer acabar con la pluralidad de opciones partidistas mediante el Código Penal”. 

Las derechas están llevando muy mal la derrota inesperada para ellos que sufrieron en las elecciones generales del 23-J. Todo hacía pensar que iban a ganar, tras el triunfo en las elecciones locales y autonómicas, y las encuestas de casi todas las empresas demoscópicas. El fracaso de las predicciones fue realmente estrepitoso y requiere desde luego un análisis aparte. El comportamiento que están teniendo es realmente indigno en una democracia. Su alianza con Vox en determinadas Comunidades Autónomas está suponiendo un retroceso en derechos, que tanto han costado conseguir, al tiempo que está volviendo la censura. 

El PP se ha quedado solo con Vox como asociado y ha demostrado su incapacidad para negociar con otras fuerzas políticas, ni siquiera con las derechas nacionalistas. Esto contrasta con lo logrado por Pedro Sánchez. El problema de fondo lo señala también Sánchez Cuenca:” Las derechas se encontraron el 23-J con la incómoda constatación de que es la pluralidad nacional lo que obstaculiza su acceso al poder. La solución última parece consistir en encontrar el pretexto para ilegalizar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos y, de esta manera, poder ajustar el país real a su ideal de país, basado en una concepción mononacional y homogénea de la sociedad española”.  

Otro comportamiento que resulta incalificable es el de Podemos, que, si bien aprobaron dos de los decretos, rechazaron uno, precisamente el presentado por Yolanda Díaz. Esto huele a venganza y desde luego la política no se puede reducir a filias y fobias, y con ello fastidiar un avance en los derechos y oportunidades perjudicando a parte de la ciudadanía. Es cierto que han dado sus razones, pero no parecen convincentes para el rechazo a un decreto global. No entro aquí a juzgar los dimes y diretes que pueda haber entre Sumar y Podemos y la búsqueda de responsabilidades entre unos y otros, que sin duda las hay. Lo que trato aquí es plantear la responsabilidad social ante las dificultades que está pasando parte de la población que no admite demora. 

Una conclusión, visto lo visto resulta conveniente que el gobierno no abuse de los decretos, aunque estos puedan tener su razón de ser en determinadas circunstancias, pero me parece más necesario en un sistema democrático hacer proposiciones de ley que posibiliten el hacer enmiendas y un debate serio y razonado, aunque esto es mucho pedir ante las posiciones de las derechas que se han echado al monte. 

  • Carlos Berzosa es Catedrático Emérito de la Universidad Complutense y presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense (1984-1998) y Rector de esta Universidad (2003-2011). A lo largo de su carrera docente ha impartido enseñanzas de Estructura Económica Mundial y Desarrollo Económico. Tiene numerosas publicaciones entre las que destacan los libros ‘Los desafíos de la economía mundial en el siglo XXI’ (Nivola,2002) y los escritos conjuntamente con José Luis Sampedro ‘Conciencia del subdesarrollo veinticinco años después’ (Taurus, 1996) y ‘La Inflación (al alcance de los ministros)’ (Debate, 2012).
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