Escrito por 8:37 pm Política

La derecha agudiza su odio al presidente del TC, Conde Pumpido tras 9 años de control por el PP

NO AGUANTAN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESDE QUE GONZÁLEZ PONS LO TILDÓ DE CÁNCER DE LA DEMOCRACIA HASTA QUE FEIJÓO LO DESCALIFICA DE CARA A LA AMNISTÍA

Por José García Abad 

Poco antes de que el PP acuda al Tribunal Constitucional (TC) frente a la amnistía, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero, ha afirmado que tiene «dificultades para aceptar la imparcialidad» del Constitucional porque está «trufado con dos cargos del Gobierno» como Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica.

Su segunda de abordo, Cuca Gamarra ha insistido en la misma descalificación al denunciar que este tribunal que está “copado” por exministros y altos cargos socialistas se esté dedicando a “hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo”, buscando “borrar” la “corrupción” del PSOE en el caso de los ERE en Andalucía. 

La amnistía no es el único asunto por el que el presidente del PP ataca al Constitucional, aunque sea lo que ahora le ocupa prioritariamente. “La ley de amnistía, proclama Feijóo, es incompatible con el ordenamiento jurídico español, y sentencia: “Un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley da igual la Constitución que tenga. No tiene Constitución”. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,
/ Europa Press

El presidente del PP tira más alto, como cuando reprochó al TC de que atacara al Tribunal Supremo, al estar “de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje que relega al Supremo a la condición de un tribunal de instancia», refiriéndose al amparo recibido por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez y a Arnaldo Otegui, coordinador de EH-Bildu, frente a las sentencias del Supremo. 

Fuentes del Constitucional se defienden apelando «al obligado respeto a la independencia judicial que obliga a los miembros de los demás poderes del Estado a abstenerse de cuestionar públicamente sus decisiones violando la Constitución” 

Sin piedad frente a Cándido Conde Pumpido

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido,

Hay que recordar que durante los nueve años en que el TC fue controlado por el Partido Popular, el PSOE no le desautorizó. Nadie le atacó. Incluso disfrutó de olor de santidad como el gran órgano constitucional, por encima de todos los demás, que nació para dirimir la legalidad de los actos promovidos por los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

La situación ha cambiado radicalmente desde que lo dirige el progresista Cándido Conde Pumpido contra quien la derecha dispara sin piedad. El TC que nació con los mayores honores, el reconocimiento de su superioridad sobre los tres poderes y la aceptación respetuosa de todos los partidos se encuentra en estos momentos sometido a la mayor prueba de su historia ante el reiterado esfuerzo para desacreditarle por parte de la derecha. 

El Tribunal Constitucional nace en mi opinión, como consecuencia de la desconfianza del poder político, mayormente de izquierdas, en la judicatura, especialmente en el Tribunal Supremo, considerado extremadamente conservador; más bien rancio. 

También en mi humilde opinión, discrepante con muchos juristas y desde luego con la mayoría de los jueces, el TC forma parte del poder judicial, entendido de forma amplia, y no con la limitada del CGPJ. Mas claramente el TC lo encabeza. Puede eliminar leyes y sentencias, incluidas las del Supremo, sus decisiones son inapelables. 

Sus decisiones vinculan a todos los poderes públicos

Su composición es mayoritariamente política con una presencia testimonial del CGPJ. El carácter supremo de este tribunal quedó perfectamente dibujado por su primer presidente Manuel García-Pelayo y Alonso, con motivo de su constitución pública el 12 de julio de 1980 en presencia de los reyes y de los presidentes del Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.  

Dijo García Pelayo: “El hecho de ser el único órgano en cuyo nombramiento se integran, junto con la Corona, todos los demás órganos constitucionales, acrece indudablemente su dignidad y significación. Por otra parte, las misiones que le han sido atribuidas fundamentan el alto grado de independencia del Tribunal, sólo sometido en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales a la Constitución, de la que es intérprete supremo; cuyas decisiones vinculan a todos los poderes públicos” 

Remachó: “… dado que todos los demás órganos constitucionales están sujetos al control del Tribunal en cuanto a la constitucionalidad de sus actos, y dado que no hay apelación alguna frente a sus decisiones, el Tribunal es, en su orden, el defensor supremo de la Constitución”. 

Y añadió: No es exagerado decir que todas las competencias del Tribunal Constitucional tienen como sentido guardar esta división primaria entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Es también función del Tribunal custodiar la distribución entre la esfera de acción del Estado y la esfera de acción libre de la sociedad, es decir, entre el poder estatal y los derechos y libertades de los individuos y los grupos. La garantía de este principio de distribución del poder -al que responden implícitamente el Título Primero y otros preceptos de la Constitución- por parte del Tribunal Constitucional, lo convierte en custodio supremo de los derechos y libertades”.

Destaco finalmente unas consideraciones que son de la máxima oportunidad en estos momentos de desconfianza sobre nuestras instituciones:

“Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza. Para quienes integramos el Tribunal, para el Tribunal mismo, la resistencia a esta tentación implica el mantenimiento de una firme y constante actitud de renuncia a incurrir en lo que se ha llamado el Gobierno de los jueces, que es una patente y posible deformación del régimen democrático. 

Y lo que considero más oportuno: “El intento de resolver por vía jurisdiccional contiendas que sólo por vía política pueden encontrar solución satisfactoria es el medio más seguro para destruir una institución cuya autoridad es la autoridad del Derecho”. 

Los constituyentes resaltaron la importancia que daban al tribunal de garantías dándole la categoría de “título”, el 9.  Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

Son designados por nueve años, lo que muestra el interés de los constituyentes por generar estabilidad al alto tribunal al tiempo que se limita el periodo de su presidente, que es elegido por sus miembros en pleno por tres años.

Deben ser independientes y son inamovibles en el ejercicio de su mandato. Son nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, que deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

La vieja pelea entre el Constitucional y el Supremo

La pugna entre el Supremo y el Constitucional es larga en el tiempo, histórica en el peor sentido de la palabra. Digamos endémica. El TC nunca ha sido aceptada de buen grado por el primero. 

En el 2008 el Supremo criticó al Constitucional por absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer de un delito de estafa por considerar que su conducta en el caso Urbanor estaba prescrita. 

La tensión entre ambos tribunales llegó al extremo de que algunos de los magistrados del Supremo encargaran al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a la sazón Javier Delgado, que pidiera la intervención del rey Juan Carlos, lo que no ocurrió. 

Esteban González-Pons lo calificó de “cáncer del Estado de Derecho” 

El director de campaña para las elecciones europeas del 9J y vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de mayo de 2024, en Madrid (España). Europa Press (Foto de ARCHIVO) 22/5/2024

Tan virtuoso tribunal sufre los mayores ataques de la derecha cuando esta no lo preside como ha ocurrido los nueve años anteriores a que fuera elegido presidente Cándido Conde-Pumpido (A Coruña 1949), en enero de 2023. Conde- Pumpido fue fiscal general del Estado de 2004 a 2011. 

El Tribunal Constitucional ha cambiado de color pasando de una mayoría conservadora (6-5) a otra progresista (7-4) que se mantendrá hasta 2031.

Sucedió Conde-Pumpido a Pedro González-Trevijano quien en su discurso de despedida hizo una valiosa observación: “No comparto – dijo – la falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas (…); un magistrado no representa a nadie, está a solas con su conciencia y solo de ella depende”.

No todos en el PP muestran este talante. Esteban González-Pons, vicesecretario de Institucional del PP aseguró: “el cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido”. Una barbaridad que le obligó a rectificar: “Quiero retirarla – dijo – y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad”. También rectificó su afirmación de que su partido se plantea dejar de presentar recursos al Tribunal Constitucional por su politización gubernamental y por las presiones a las que le pueda someter ERC o Junts, la presencia de Bildu.

Con la II República el tribunal tenía competencias penales que aplicó a los independentistas catalanes

El actual Tribunal Constitucional tiene un precedente directo en el de Garantías Constitucionales de la II República y un precedente lejano en el título 10 de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, “la Pepa” denominado “De la observancia de la Constitución y del modo de hacer variaciones en ella».

Curiosamente en la Constitución de la II República el título que regula el tribunal de garantías constitucionales es como en la de 1978 el nueve.  No es la única coincidencia. Lo más importante: el espíritu de la misma. 

Manuel Azaña, quien fuera presidente de la II República, cuenta en sus Diarios  que en un debate en las Cortes sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales, en un momento dado, Indalecio Prieto pasó un papel a Casares Quiroga en el que había escrito: «El Tribunal de Garantías en el sistema constitucional es lo mismo que el apéndice en el sistema intestinal y solo sirve para producir cólicos».

La diferencia más significativa entre ambas constituciones es que la republicana de diciembre del 9 de diciembre de  1931 con un congreso presidido por Julián Besteiro el tribunal de garantías tenía competencias penales que afectaban, entre otros, al jefe del Jefe del Estado, del presidente del Consejo y de los ministros, así como al presidente y magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. Ese “entre otros” alcanzó al gobierno de la Generalitat, cuyo president y conselleres fueron procesados por la proclamación de independencia efectuada por Lluis  Companys. 

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