Inmaculada Sánchez
Mazón ya no es responsable de las muertes de la Dana, sino la víctima de una cacería política orquestada por los familiares de los fallecidos y por el PSOE. Tampoco González Amador es un defraudador confeso sino la martirizada pareja de Díaz Ayuso a la que los poderes del Estado han hundido la vida. De la misma manera, Núñez Feijóo no es un calumniador cuando acusa al presidente de vivir de la prostitución sino el legitimo aspirante a sustituirlo a quien el abyecto sanchismo está robando una inapelable repetición de elecciones. La impaciencia de la derecha española en su frenética obsesión por reconquistar La Moncloa la está llevando a presentar como víctimas a los verdugos en una impúdica deformación de la realidad con el bulo y la mentira como eficaces cómplices.
En esta despiadada legislatura, en la que el “quien pueda hacer, que haga” aznarista ha lanzado a todos los poderes fácticos contra el Gobierno con una ferocidad nunca vista, todavía nos quedaba por ver que los atacantes pretendan disfrazarse de damnificados. Es, sin embargo, a lo que estamos asistiendo en los últimos días con la dimisión de Carlos Mazón o el juicio contra el Fiscal General del Estado. Debe resultar tan inadmisible que se cuestione o ponga en solfa a quien se considera natural propietario del poder que no percibe exceso alguno en su impostura. Así también lo reflejan las interesadas memorias del rey Juan Carlos que acaban de publicarse en Francia con el título tan burlón como irreal de “Reconciliación”. Dejo a mi admirado Pepe García Abad, pionero en desvelar las silentes tropelías del emérito, el experto análisis del libro cuando esté disponible en español.
No es que el victimismo se haya puesto de moda. En realidad se trata del viejo recurso de dar pena para rebajar el castigo, pero adaptado a quienes la soberbia y la impunidad que siempre lucieron sus trajes les han mantenido alejados del suelo que pisamos el resto de mortales. Felizmente, para las víctimas y para la salud de nuestra política, Carlos Mazón se ha visto obligado a dimitir, aunque un largo año después de la tragedia y sólo cuando la perseverante presión social había hecho ya inasumible el peligro electoral para el PP. Aún así, su despedida ha resultado indignante. En el reconocimiento de culpas, sólo un “pudimos hacerlo mejor” o un tímido “cometí errores”. Después, una avalancha de reproches al Gobierno como auténtico culpable y un pormenorizado retrato del mucho daño que se le ha hecho y de la inmerecida penitencia que asume.
Tamaña desvergüenza podría haber quedada circunscrita al personaje, que ha retenido para sí el escaño, el aforamiento y las numerosas mentiras y ocultaciones que carga en su mochila. Pero Núñez Feijóo ha querido continuar apoyándolo y ha calificado su renuncia de “gran ejemplo” y de “cacería política” el acoso sufrido. No hace otra cosa el presidente del PP que dar carta de naturaleza a esta nueva estrategia de victimización y a su cada vez más evidente falta de liderazgo y autoridad en el PP.
El juicio contra el Fiscal General va a dar para mucho más, sobre todo porque la crucial sentencia que lo cerrará es del todo incierta a día de hoy. Por el momento, la nueva víctima “del Reino de España”, como tan modestamente se quiso definir Alberto González Amador, denunciante y acusación en la vista, ha hecho un retrato de su supuesta destrucción personal y profesional digna de la mejor escuela de teatro. Como si el inicio de su particular ‘vía crucis’ no hubiera arrancado por las maniobras para salvarle del osado jefe de gabinete de su presidencial pareja, Amador ha dicho ante el Supremo que el Fiscal General le ha hundido, le ha matado y que sólo le queda huir de España o suicidarse. Si su abogado le aconsejó exagerar el perjuicio para justificar los años de prisión que pide para García Ortiz y la indemnización reclamada de 300.000 euros habrá que reconocer que no ha dudado en hacerle caso.
Lo del ínclito Rodríguez ya no es estrategia procesal, sino un obsceno descaro. Aun siendo el palmario causante del famoso comunicado de la Fiscalía que desmentía sus infundadas acusaciones, el ladino jefe de gabinete de Ayuso se ha escudado en su condición de “periodista” y “político” para poder mentir sin consecuencias. “No soy un notario y no necesito una compulsa”, ha llegado a justificarse ante la fiscal cuando ha tenido que admitir que toda la información que facilitó a los medios y lanzó por redes sociales sobre lo que la Fiscalía negociaba con Amador era sólo una suposición. El daño colateral que este caso vaya a causar al periodismo también habrá que calibrarlo con más tiempo y el debido sosiego.
En su tamaño será determinante si el Supremo da credibilidad a varios periodistas que publicaron el famoso mail que García Ortiz está acusado de filtrar. El instructor que lo ha enviado a juicio desestimó absolutamente su testimonio cuando declararon disponer del correo antes que el Fiscal General. El peligro es de alcance: ¿Va a resultar más creíble lo que “supone” Miguel Ángel Rodríguez que lo que testifican como cierto varios periodistas en ejercicio con largas e intachables trayectorias en medios nacionales?. Las filtraciones son el alimento de los medios y la ética periodística la que conduce su uso hacia el interés general y no hacia el particular del que las ofrece. El secreto profesional ampara la no revelación de fuentes y protege un circuito sin el que ni periodistas ni ciudadanos nos enteraríamos de casi nada de lo que pasa en los pasillos del poder y que podría salir dinamitado de este juicio.
Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, las dos cabezas en disputa dentro del PP, participan de la mano estos días en la estrategia. Ambos acusan al Gobierno, al PSOE, a Sánchez, al sanchismo y a todos los poderes del Estado de confabularse contra el natural reencuentro del PP con La Moncloa que ansía la ciudadanía. No cuentan, claro, con el juez Peinado, que esta semana ha vuelto a ampliar la causa contra la mujer del presidente, ni con la jueza de Badajoz que ha mandado a juicio a su hermano, ni con el que ha sentado en el banquillo al Fiscal General, ni con los que impiden la aplicación de la Ley de Amnistía a Puigdemont, asfixiando los pactos con Junts y la legislatura, ni con la permitida proliferación de medios y supuestos periodistas propagadores de bulos y mentiras contra el Gobierno y sus socios. Pobre derecha, sin recursos para defenderse. No es de extrañar que quieran dar pena.
