Inmaculada Sánchez
Cincuenta años, medio siglo ya, de aquel 20 de noviembre en que la muerte de Franco abrió tantas puertas como cerradas y bien selladas dejó otras. Llevamos meses acercándonos al aniversario con artículos, documentales, libros y actos de todo tipo y un comisionado creado por el Gobierno lleva desde enero organizando eventos para conmemorar la recuperación de la libertad que se inició con el fin de la dictadura. Pocos podrían imaginar que llegaríamos a un día como hoy con un partido que todavía reivindica el franquismo sentado como tercera fuerza política en nuestro Congreso y que crece electoralmente en sectores juveniles desesperanzados a los que cantar el Cara al Sol les parece un signo de rebeldía. Quienes vivieron en primera persona la Transición nos la tienen en un altar y justo es reconocer todo lo que la debemos, pero también lo que aún nos debe. Cinco décadas después, en la España de este 20-N no debía seguir en pie el Valle de los Caídos, ni existir impunemente la Fundación Francisco Franco, ni mantener placas con nombres del régimen una sola de nuestras calles, ni albergar cuneta alguna huesos de asesinados aún sin identificar ni enterrar dignamente. Esta semana tenemos mucho que celebrar pero, también, bastante que reclamar.
El PSOE que modernizó nuestro país fue remiso con la memoria. Era lo más sensato, nos han dicho a quienes aquel 20 de noviembre de 1975 teníamos edad de ir al colegio y tuvimos fiesta porque se suspendieron las clases, y a todos los demás. El que ahora dirige Pedro Sánchez ha querido llegar a la efemérides con tan tardíos deberes hechos y acaba de iniciar el proceso jurídico para la extinción de la Fundación Franco además de presentar hace unos días el proyecto arquitectónico para la resignificación del renombrado valle de Cuelgamuros.
Ha tenido que ser una segunda ley, tras la de Memoria Histórica de Zapatero, estrangulada por inanición económica y normativa en los posteriores gobiernos del PP, la que, aprobada por el Gobierno de coalición y apellidada ‘de Memoria Democrática’, diera impulso a algunas de las medidas que un mínimo de reparación histórica exige. Aún así, el futuro museo de la memoria en que se transformará Cuelgamuros mantendrá la simbólica cruz del Valle además de la basílica católica para el culto, fruto de un acuerdo del Gobierno con la Santa Sede tras la numantina resistencia de los monjes que la regentaban a irse. No sé cuántas ganas van a quedar de visitarlo después de la reforma si el monumental icono, que era la imagen de la dominación franquista, se mantiene como puerta de entrada al recinto. Ni qué explicación se podrá dar sobre la descomunal cruz en los futuros folletos que explicarán su transformación en un pedagógico memorial.
Este país nuestro, tan ejemplar para el mundo en su transición política a la democracia, no puede, sin embargo, dar lección alguna en cuanto a reparación histórica o memoria. En Alemania el nazismo fue fulminado de su oficialidad, juzgados algunos de los dirigentes que no lograron huir, y vetados y sancionados los símbolos del nacionalsocialismo así como su exaltación pública. Gracias, en parte, a ese rechazo social a tan negra parte de su historia, alimentado desde la propia administración, se sostiene un eficaz cordón sanitario entre todas las fuerzas políticas germanas contra la actual ultraderecha, que, pese a su pujanza, no ha logrado aún tocar poder en el gobierno federal.
Con sus muchas carencias, también en América Latina hemos visto juicios a antiguos responsables de sus juntas militares o causas abiertas por bebés robados. Capítulo aparte merece la ironía de que Augusto Pinochet fuera investigado y perseguido en España por el juez Baltasar Garzón en un proceso que se hizo famoso en todo el mundo y llevó al dictador a ser arrestado en Londres durante 17 meses. Aunque Garzón no consiguiera la extradición a España y Pinochet fuera retornado a Chile, por razones de salud, el dictador falleció seis años después mientras se instruían varios procesos abiertos contra él en su país y estaba a la espera de juicio.
En España, la derecha judicial y política no perdonó a Garzón que pretendiera, después de lo de Pinochet, juzgar los crímenes del franquismo. En 2012 fue juzgado por el Supremo y condenado a una inhabilitación temporal por prevaricación al querer investigar crímenes que, según los jueces, la Ley de Amnistía de 1977 había dotado de inmunidad y olvido. El comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó años después que este juicio, y el que le inhabilitó definitivamente por vulnerar el derecho a la defensa de algunos acusados del caso Gürtel, fueron arbitrarios y parciales. Otro intento fallido ha sido el de la jueza argentina María Servini, que abrió un proceso, amparándose en la justicia universal y apoyada en denuncias de españoles con familiares asesinados o desaparecidos por la represión franquista, que lleva abierto más de diez años y que no avanza por la falta de colaboración de la justicia española.
La vergüenza que, al menos, nos vamos a ahorrar este 20-N es la de no mantener todavía la tumba de Franco en un lugar de honor público. Habrá que reconocer al Gobierno de Pedro Sánchez el arrojo de exhumar el cadáver del dictador de la basílica del Valle de los Caídos, donde cada 20-N hasta el de 2019, en que fue trasladado, se permitía un jactancioso peregrinaje, con misa y actos de exaltación franquista, de la más rancia derecha española. Fue necesario un real decreto que modificara la Ley de Memoria de 2007 de Zapatero para obligar a que sólo reposaran allí fallecidos en la guerra. Pocos actos de reparación han tenido tanta significación como aquél. TVE emitió un programa especial en directo en el que tuve la ocasión de participar.
Se criticó, entonces, desde medios de la derecha, tal emisión por suponer un acto de vanagloria de Sánchez cuando debía haberse hecho de forma discreta. Yo me expresé rotundamente en contra. Era necesario que aquel traslado fuera visto con sus propios ojos por los españoles que tanto sufrieron con el dictador, y que se supiera en ese momento que el actual ministro Bolaños, entonces secretario general de Presidencia que supervisó el acto junto a Dolores Delgado como ministra de Justicia, impidió, con su determinación, que uno de los nietos del dictador pusiera una bandera española sobre el ataúd como pretendía. Ya bastaba de honores. Ya bastaba, y ya basta, de indulgencia con los que han salido impunes de la dictadura.
Suele decirse que la justicia que llega tarde ya no es justicia. Nuestra Transición renunció a ella y la historia dirá si hizo bien y era lo mejor que nos podía pasar como país, tal como hoy asegura una mayoría de políticos, sociólogos e historiadores. Faltos de esa justicia, tampoco se nos ha permitido memoria, por eso estos 50 años de 20-Ns debían haber llegado de otra manera. Sin un Vox y sus jóvenes frotándose las manos ante un PP entregado que ya cuenta con ellos en muchas autonomías e intenta no enfadarlos para entrar del brazo a la Moncloa. Las derechas de este país han abrigado al franquismo todas estas décadas sin coste alguno y con permiso del sistema, que ha preferido el olvido. Muchos jóvenes banalizan lo que fue y significó la dictadura y sólo una memoria pública fuerte y decidida puede hacer frente a tamaño peligro. Ya no se pueden enmendar 50 años de pacífico olvido pero si el aniversario remueve recuerdos y promueve decisiones podríamos celebrarlo con mayor júbilo. Porque yo sí que celebro el 20-N como la fecha de la muerte de Francisco Franco.
