Escrito por 9:27 pm Política

La enmienda a la totalidad de Feijóo

Foto Europa Press

por Inmaculada Sánchez*

El PP ha querido estrenar el nuevo año recordando a los españoles cuál va a ser su prioridad para el 2024: luchar contra la Ley de Amnistía promovida por el PSOE en el Congreso. Y ha presentado una enmienda a la totalidad de la misma que contempla la “disolución” de las entidades que promuevan referendos ilegales y la introducción en el Código Penal de un nuevo delito de “deslealtad constitucional”. Esto es, Feijóo asume sin pudor alguno la conocida receta de la extrema derecha de excluir a los discrepantes.

Nada nuevo bajo el sol del flamante 2024. El PP insiste en erigirse como magno defensor del Estado de derecho y de la Constitución y no se le ocurre otra cosa para ello que restringir el marco de libertades políticas del que nos dotamos hace ya 45 años. Gran idea a la que habría que añadir el pequeño detalle de que Vox la propone desde hace tiempo.

Los populares no han esperado ni tres días después de tomarnos las uvas y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, presentaba este miércoles la que es su primera iniciativa parlamentaria del año: una solemne enmienda a la totalidad de la Ley de Amnistía que incorpora un texto alternativo en el que se tipifican nuevos delitos de carácter político a nuestro ordenamiento. Entre ellos, la convocatoria de referendos o una denominada “deslealtad constitucional”.

También propone «la disolución de las organizaciones o personas jurídicas» que incurran en ellos aunque Tellado, a preguntas de los periodistas, no ha querido confirmar que suponga ilegalizar a partidos independentistas, como Junts o ERC, que abogan por una consulta a los catalanes sobre la separación de España. Recordemos que hace unos meses el PP votó en contra de una iniciativa parlamentaria de Vox para ilegalizar a los independentistas.

La única vez que, en democracia, España aprobó la ilegalización de un partido político fue en 2002, cuando ETA mataba y una nueva Ley de Partidos excluyó del sistema electoral a Herri Batasuna al considerarlo herramienta y brazo político de la banda terrorista. Lo propuso el PP, entonces en el Gobierno, y sólo votó a favor en el Congreso el PSOE, no sin voces internas discrepantes, y dos diputados de Coalición Canaria y el Partido Andalucista. Las abstenciones y votos en contra de nacionalistas vascos, catalanes y gallegos y de todos los diputados a la izquierda del PSOE argumentaban entonces que la ilegalización solo victimizaba a Batasuna, radicalizaba a sus seguidores e impedía su distanciamiento de ETA y su tránsito a la política democrática.

Veinte años después, la derecha española vuelve a pedir que se ilegalicen opciones políticas cuando nuestra Carta Magna, a la que tanto engancha su discurso, basa su longevidad en la inclusión de la enorme diversidad de nuestro país, tanto territorial como políticamente. Pese a todo, Tellado ha llegado a explicar la propuesta como la obligación del PP de “defender al Estado, nuestra democracia y la vigencia de nuestra Constitución”.

La presentación de la enmienda, que no prosperará en el Congreso, ha coincidido con una incómoda noticia para los populares: la confirmación desde La Vanguardia de contactos entre dirigentes del PP catalán y de Junts previos a la sesión de investidura de Feijóo. A las confusas explicaciones al respecto (“Feijóo no lo sabía”, “solo fue tomar un café”) habría que añadir la famosa frase de González Pons de aquellas fechas, afirmando que los de Puigdemont “representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”. A lo mejor, la enmienda a la totalidad que de verdad puede prosperar este año es la que Abascal le presenta cada día a Feijóo.

  • Periodista. Exdirectora de EL SIGLO (2011-2023), colaboradora y analista política en TVE, Telemadrid, 20Minutos y otros medios.
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