José García Abad
Es de celebrar la actitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la guardia civil que se gana día a día la credibilidad pública y a la que no recurrió para su desgracia el presidente del Gobierno, del que depende. Es de celebrar que la UCO, como es su obligación, situara en el mismo plano delictivo a los corruptos, Santos Cerdán y Koldo García y a los corruptores, los Entrecanales, poniendo bajo sospecha cinco licitaciones con Acciona, la empresa familiar de estos.
Los primeros por sus mordidas destinadas a sus bolsillos personales y los segundos en beneficio de su empresa que al ser familiar se benefician los Entrecanales de un dinero inyectado directamente en vena. La familia Entrecanales controla el 55% del capital. Solo falta a la Guardia Civil que investigue la UCO a un tercer y principal culpable: los funcionarios responsables de vigilancia de las Administraciones Públicas.
25 años de fraudes al Estado
El dinero recibido en este asunto cae sobre mojado en unos empresarios que no han mostrado en su brillante historia un comportamiento ejemplar. Lo más escandaloso se produjo cuando en julio de 2022 José Manuel Entrecanales Domecq junto a Florentino Pérez , de Dragados; Esther Alcocer Koplowitz, de FCC; Rafael del Pino, de Ferrovial; Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL; y Manuel Manrique, de Sacyr fueron multados con 203,6 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidida por Cani Fernández, por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras
Se trataba de prácticas cuyos efectos han sido, en opinión de la CNMC, especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.
Las conductas constituían una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Reuniones semanales para defraudar
Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Analizaban las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a empresas externas.
Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas. Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta.
En los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían. Un comportamiento mafioso.
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica.
Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración.
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.
Efectos de las conductas mafiosas
Los acuerdos colusorios produjeron efectos sobre las competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas. Además, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas del Grupo, se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes.
Las conductas anticompetitivas sancionadas se prolongaron más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar en 22 de octubre de 2015.
Cani Fernández, inasequible al desaliento
Cani Fernández está mostrando desde que tomó posesión de su cargo en junio de 2021 una actividad febril. Tiene 58 años; es cartagenera de nacimiento, hija de aragoneses, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, fue letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es vicepresidenta del Economics Committee de la sección antitrust de la American Bar Association (ABA); importante socia durante 23 años (1997-2020) del despacho de abogados Cuatrecasas y durante tres meses asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de la mano de Iván Redondo.
La presidenta de la CNMC participó desde su puesto en Cuatrecasas en la opa de Endesa por parte de Enel y Acciona y contra la CNMC de José María Marín, su predecesor, en la defensa de Volkswagen en el cartel automovilístico de Mediaset y Atresmedia por sus prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario; así como a Saica y otras papeleras por colusión en el sector, entre otros conflictos. Fernández se enfrentó al mayor reto de su fecunda trayectoria profesional al atreverse a expedientar a dos entes mundialmente todopoderosas: Apple y Amazon.
José Manuel Entrecanales, el príncipe Valiente
Hay que reconocer que José Manuel Entrecanales Domecq, el ‘Príncipe Valiente’, como le calificó su amigo el jurista Rodrigo Uría, convirtió una constructora del montón en una multinacional de infraestructuras, energía y servicios de agua. Mientras algunos familiares vendían sus acciones, él compraba todo.
Es el que más dinero cobra entre los presidentes del Ibex, 7.888.000 en 2024 (la remuneración media de sus empleados es de 52.000, una de las más bajas) , y uno de los más opacos como se mostró en la ceremonia de los premios de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que le concedió el infamante “Secante” a los más opacos que recibió sin recibirlo pues no se presentó en la ceremonia de entrega de los mismos mostrando así su opacidad.
También ha mostrado su capacidad de maniobra con la Administración Pública obteniendo plusvalías dinerarias y en especias para salvar la cara a Zapatero/Sebastian haciendo notar que pugnaba comprar Endesa para que esta no perdiera su españolidad. Como se sabe la muy española Endesa acabó en manos del estado italiano.
El plan de Sánchez
El presidente del Gobierno anunció en su comparecencia en el Congreso un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas que ha diseñado con la OCDE entre las que destacamos:
– Se pondrá en marcha sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
– Puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
– Exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
– Una nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia. Se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
– Se endurecerán las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y se duplicarán los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios que obtengan, sino sobre sus ingresos anuales. – – Se introducirá la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
