Isabel Díaz Ayuso
Inmaculada Sánchez
Esta semana se cumplen cinco años de la pandemia del Covid 19, una de las mayores tragedias que ha vivido el mundo en periodo de paz. En España, además, se convirtió en un frente político inesperado para el primer Gobierno de coalición de izquierdas que apenas llevaba tres meses ejerciendo. Críticas a la gestión, palos en las ruedas a la colaboración entre administraciones o rechazo parlamentario a las prórrogas del estado de alarma fueron algunas de las armas usadas por el PP y Vox en aquella inédita situación. Pero una figura destacó por encima de todas en la refriega: Isabel Díaz Ayuso decidió entonces impulsar su ascenso político en una feroz rivalidad con Pedro Sánchez. Con el estandarte de la ‘libertad de las cañas’ frente a la ‘dictadura del confinamiento’ Ayuso encarriló sus futuros éxitos electorales. Un lustro después, sin embargo, no ha logrado desactivar la cifra que continúa persiguiéndola: los 7.291 ancianos fallecidos en residencias madrileñas sin atención hospitalaria.
Para disgusto de la presidenta de la Comunidad de Madrid el documental ‘7.291’ será emitido este jueves en TVE dentro de una programación especial en recuerdo de la pandemia. La película, dirigida por Juanjo Castro, conocido cineasta con varias series televisivas y otros documentales de temática madrileña a sus espaldas, narra, con imágenes, datos y testimonios de familiares, sanitarios y políticos, cómo miles de ancianos residentes murieron en la Comunidad de Madrid sin tener acceso a los hospitales.
El filme ha tenido escaso recorrido en cines, como suele ocurrir con los documentales, pero la pervivencia del escándalo de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron derivar a ancianos enfermos a centros hospitalarios lo ha convertido en una inoportuna piedra en el zapato de la lideresa madrileña. Más Madrid intentó, con recogida de firmas incluida, que Telemadrid lo emitiera este pasado otoño pero la televisión pública, cuyo consejo de administración controla el PP, lo impidió.
La gestión política de semejante emergencia, nunca acontecida, motivó decisiones inéditas y la movilización de medios insospechados hasta entonces. Nos jugábamos la vida, nada menos, pero también la economía y la subsistencia futura. Y en ese difícil equilibrio la presidenta madrileña se destacó por encima del resto de presidentes autonómicos, incluidos los de su propio partido, en la implacable crítica a las decisiones del Gobierno y en el apoyo al mantenimiento de la actividad económica. Por el contrario, los miles de millones gastados en los ERTES aprobados por el Ministerio de Trabajo fueron la eficaz defensa de Moncloa para proteger un empleo y un PIB que hoy alcanzan saludables e históricas cifras.
Cinco años puede ser un razonable periodo para reflexionar sobre lo que se hizo o se dejó de hacer. Ahora, precisamente, se juzgan tropelías de aquel entonces, con algunos conseguidores de mascarillas y material sanitario investigados o en el banquillo, aunque seguro que faltan otros muchos. Pero políticamente también deben sustanciarse consecuencias.
La Unión Europea ha centrado su reacción con los Fondos Next Generation, que tanto están beneficiando a nuestro país, para poner al día nuestra autonomía económica, industrial y tecnológica que tanto se echó en falta durante la pandemia, aunque ahora los vientos de rearme puedan torcer las prioridades.
El PP, que votó en contra de dos prórrogas del estado de alarma y se abstuvo en la de otras dos (fueron seis las votaciones en el Congreso al respecto, recordemos, entre marzo y junio de 2020) ahora critica al Gobierno por no haber decretado la emergencia nacional en el caso de la DANA de octubre pasado en Valencia y reclama su actuación en casos de catástrofes. A Feijóo se le acumulan las cuestiones sobre las que aclararse.
Y mientras, la memoria de la pandemia vuelve sobre Díaz Ayuso estos días. El icónico hospital Zendal, construido entonces como la mejor respuesta a la epidemia, hoy apenas se usa como centro de media estancia y para recuperación de pacientes de ELA, aunque esa información escale poco en el lodo de la política madrileña. Al menos, el ‘7.291’ podrá verse en la televisión pública de todo el país, en la 2 y el Canal 24 Horas. Apúntenlo.
