Inmaculada Sánchez
La ordinalidad en cualquier reparto entre desiguales nunca puede ser solidaria. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende lo imposible con el nuevo sistema de financiación autonómica que ha presentado esta semana a las comunidades. Como, además, este año entramos de lleno en pleno ciclo electoral, con citas en las urnas en tres autonomías de aquí al verano, el empeño se presenta casi prácticamente inviable. La larga década que el actual sistema lleva caducado demandaba el esfuerzo, pero las exigencias de ERC para mantener a flote el barco sanchista han abierto algunas puertas de insospechado peligro para la solidaridad interterritorial: la ordinalidad y la creciente reducción de recursos del Estado.
El Gobierno de Sánchez se acaba de meter, una vez más, en un complejo atolladero. No ha sido por gusto, obviamente, sino porque la escalada en los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE llevó al presidente a arremangarse e intentar calmar a los socios el pasado diciembre. ERC pidió una entrevista personal con Oriol Junqueras, concedida y realizada este enero, de la que salió el acuerdo base del que bebe la actual propuesta de Montero. Yolanda Díaz fue mucho menos hábil. Clamó por una improcedente remodelación del Gobierno y tuvo que tragarse sus palabras ante el ninguneo de Moncloa a sus exigencias.
La ‘financiación singular’ de Cataluña ya era un pacto alcanzado entre republicanos y socialistas que perseguía al Gobierno desde hace meses y los escándalos que están debilitando a Moncloa han puesto en bandeja a los de Junqueras exigir su cumplimiento. Hacienda ha aprendido mucho de las piruetas con las que Sánchez suele salvar los innumerables obstáculos de sus arriesgadas apuestas y ha propuesto un nuevo sistema que se asemeja a la cuadratura del círculo.
“Todos ganan, nadie pierde” ha sido el mensaje común de Gobierno y ERC al resto de autonomías. Lo cual es verdad sólo gracias al dinero extra que Hacienda ha puesto encima de la mesa, a costa de menoscabar los recursos del Estado. No había otra para sostener el axioma de la ausencia de perjudicados. Y no es una cantidad menor: nada menos que 21.000 millones de euros para incorporar al reparto. Quién recibe más o recibe menos de esa cantidad se condiciona a la ordinalidad, es decir, que el orden en la lista de lo que cada uno aporta sea el mismo en la de lo que recibe. La única fórmula para cuadrar ese círculo era, pues, engordar la tarta.
La cuestión, sin embargo, es el giro de fondo. Al igual que la primera cesión del 15 % del IRPF que Felipe González concedió a Jordi Pujol abrió el grifo a que Aznar lo aumentara al 30 % y, poco a poco, haya ido llegando al actual 50 %, consagrar la ordinalidad como condición del sistema o traspasar el listón de esa mitad del principal impuesto estatal y del IVA en manos de las autonomías, al 55 % y 56,5 % respectivamente, hace temblar mi corazón izquierdista por el futuro que anuncia. ¿Si la ordinalidad se prioriza, qué ocurrirá cuando haya menos recursos para compensar a los últimos de la lista? ¿Si el Estado se obliga a esa compensación, qué pasará en contextos de crisis económica cuando Hacienda no esté tan boyante como ahora?
En política hay que contar con la realidad para poder cambiarla, pero sin renunciar a la esencia de tus objetivos ideológicos. La desactivación del conflicto con Cataluña es uno de los principales logros de Pedro Sánchez y, quizá, el camino hacia una España federal sea la única salida para el futuro, pero hay que ir con pies de plomo al transitarlo no sea que nos equivoquemos de destino.
Mientras para los socialistas dilemas como éstos provocan división y conflicto, en el PP, que gobierna ahora la mayoría de las autonomías, ni siquiera lo han entendido. Refugiados en el trazo grueso y con un único objetivo enfocado en el ataque directo a Sánchez poco cabe esperar en cuanto a un posible acuerdo. Pese a que Andalucía será la más beneficiada con el nuevo sistema de reparto, por delante de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, que resultaría la tercera en mejorar sus transferencias por habitante, toda su crítica se reduce a que Cataluña se va a forrar con el dinero de los demás. Un mensaje difícil de replicar en el lodazal en que se ha convertido el debate público. Si el malabarista Sánchez lo consigue, habrá que volver a aplaudirle.
