Escrito por 11:09 am Prensa

LA PENDIENTE DESLIZANTE, UNA HISTORIA IMAGINARIA PERO VEROSÍMIL. 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRÍAN MOSTRAR FICTICIAMENTE UN MUNDO RENTABLE Y FELIZ. POR UN TIEMPO AL MENOS. EN ESTAS LÍNEAS EXPLICAMOS CÓMO

artículo de oro

Por Aristóbulo de Juan, ex director general de Inspección del Banco de España 

Publicado el 15 de abril de 2024 por Consejeros 

Érase una vez un sistema financiero que se mostraba con apariencia de buena salud. Todo el mundo sabía de la importancia de la banca para un país. Porque era el cauce del sistema de pagos y el transmisor de la política monetaria. Era también el depositario y administrador de los recursos ociosos del país y cauce de su adecuada asignación. Su buena salud era pues fundamental para la economía y para el empleo. 

Precisamente por su relevancia, la banca requería la existencia de un control oficial en forma de marco regulatorio, que asegurase su buena salud y su buen funcionamiento. Marco que suponía una responsabilidad pública, cosa que no siempre se reconocía. 

Debía estar integrado por tres pilares complementarios aplicados con voluntad política. Los pilares eran la normativa, la supervisión o inspección y el tratamiento de las situaciones de insolvencia. Todo ello complementado por las auditorías externas, cuyos informes públicos serían referente básico para el buen funcionamiento del mercado. 

Este marco debía asegurar un sistema financiero fuerte, es decir, “sano y seguro”, en terminología anglosajona. El enemigo de estos mecanismos era la falta de transparencia de numerosas entidades que podían enmascarar sus problemas, impidiendo así su tratamiento preventivo en tiempo oportuno. Por ello, las propias entidades podrían mostrarse ficticiamente como un mundo rentable y feliz. 

Por un tiempo al menos. Y cuáles eran los mecanismos que impedían la transparencia de la realidad? Los anglosajones dicen que “hay mil maneras de pelar un gato”. Este cuento intenta describir las prácticas más frecuentes para conseguir aquel objetivo. 

El enmascaramiento más eficaz, por su difícil verificación y por su gran volumen sería la refinanciación de créditos malos, formalizando generosos periodos de gracia a favor del deudor. Se podrían refinanciar siempre los principales de la deuda. Pero la refinanciación de los intereses podía revestir dos modalidades. Mediante el aplazamiento de su pago, en paralelo con el principal, o bien mediante la financiación por el prestamista al deudor para que éste le “pagase”, con los mismos fondos. Dicho pago ficticio era contabilizado indebidamente como un ingreso. Práctica que era sorprendentemente validada por los auditores externos. 

Podrían practicarse también otras modalidades de “contabilidad imaginativa”. Una de ellas podría ser la desconsolidación contable de activos malos y de pasivos caros. Traspasándolos a sociedades instrumentales propias. También podían desconsolidar importantes paquetes de créditos y activos fijos malos a sociedades -también instrumentales- de nueva creación, pero en asociación con algún importante Hedge Fund, al que concederían la mayoría accionarial para “justificar” la desconsolidación contable. 

De hecho, de ser así, no se segrega realmente el riesgo, ya que se pactaría la compensación al Hedge Fund de las posibles pérdidas que le ocasionase la venta del activo a precio inferior al de adquisición. “Quizás lo más grave es que los diagnósticos del supervisor y su actuación resultaban casi siempre inútiles al basarse en información interior de la entidad supervisada. Cuando es internacionalmente conocido -no siempre reconocido- que las entidades que tienen problemas serios los ocultan” 

Otra práctica que podía favorecer la opacidad podía ser el uso de una red de sociedades propias constituidas en países extranjeros -Off-Shore o no- como vía de paso de créditos destinados finalmente a clientes problemáticos. 

La opacidad podía conseguirse asimismo mediante la concesión de créditos cruzados a clientes a través de otras entidades evitando así el control de una posible concentración de riesgos. 

A modo de paréntesis recordemos aquí algo importante: los tres pilares del marco regulatorio debían tener simultáneamente un alto nivel de calidad, porque si fallaba uno de ellos haría inútiles los otros. Por ejemplo, si la normativa era errónea o tolerante, arrastraría la supervisión a la ineficacia y por tanto impediría el tratamiento de la insolvencia. 

A título de ejemplo, este cuento recoge algunos de los fallos de la normativa que podían lastrar o inutilizar la supervisión. La normativa podría establecer criterios erróneos o laxos para la valoración y clasificación de activos, evitando así dotar las provisiones necesarias. 

Los resultados contables y las reservas alimentadas con ellos no serían reales. Lo mismo sucedería si la norma dejase la dotación de provisiones a la discreción de las entidades, en lugar de hacerla preceptiva. 

La normativa podría asimismo permitir la contabilización como componente del mínimo exigible de capital regulatorio de partidas sin contenido económico; por ejemplo, los créditos fiscales o el llamado Bad Will. Es decir, la diferencia entre el precio pagado por un banco adquirido y el valor contable de éste. 

También podía tolerar la normativa el “buyback”, la recompra por las entidades de importantes paquetes de sus propias acciones en el mercado. Esta práctica podía elevar artificialmente la cotización bursátil y reducir el volumen del capital. Pero aumenta el valor de las acciones restantes, incluidas las de los propietarios de los paquetes de control.

En la vida real, la laxitud de estas normas venía a “legalizar” las malas prácticas, ya que éstas ya no las infringían, porque daban por buenas la información interior y la valoración de los riesgos por las propias entidades. 

La necesaria aplicación de medidas correctivas en tiempo oportuno que pudieran evitar males mayores quedaba seriamente obstaculizada por la propia normativa. Se permitía así una caída gradual de la entidad en forma de “pendiente deslizante” y se reducía la supervisión al análisis de una información alejada de la realidad. 

Quizás lo más grave de este panorama imaginario es que los diagnósticos del supervisor y su actuación resultaban casi siempre inútiles al basarse en información interior de la entidad supervisada. Cuando es internacionalmente conocido -aunque no siempre reconocido- que las entidades sanas son transparentes pero las que tienen problemas serios los ocultan. 

Por tanto, como dicen los informáticos, “aunque el ordenador sea impecable, si recibe basura produce basura”. Es decir, el análisis de la información interior, sin la debida verificación, lleva a conclusiones erróneas y lógicamente contraproducentes. Porque impide aplicar medidas correctivas en tiempo oportuno y retrasa mucho el tratamiento de la insolvencia aumentando sus costes, tal vez exponencialmente. 

Resulta importante señalar que el escenario descrito permitiría mantener “legalmente” en los libros activos improductivos no provisionados. Los cuales originan constantemente nuevas pérdidas corrientes porque no originan ingresos pero si conllevan los gastos de financiación de tales activos. 

Este tema resulta frecuentemente ignorado. Podría ocurrir en esta historia que, aunque se dieran las circunstancias imaginadas, las entidades podrían distribuir pingües beneficios y retribuir a muchos de sus directivos con pingües emolumentos, tanto sueldos como incentivos, considerándolos como un premio a su “buena” gestión. 

Los dividendos -aunque fueran en forma de ‘script dividend’ -o sea, en forma de acciones- suponían una salida de flujos de caja reales calculados como proporción de beneficios que podían ser apuntes contables en buena parte. Por tanto, tales comportamientos, de producirse, estarían dañando el capital de la entidad. Salían flujos de caja reales alimentados por apuntes solo contables. 

“Los reguladores internacionales habían ideado un mecanismo de resolución que no les costaba nada, ni un sonrojo. Cargando los costes a accionistas e inversores que carecieron de información fidedigna. Lo malo es que las situaciones hipotéticas que describe esta historia podrían haber sido propiciadas o agravadas si se hubieran dado en el contexto de una filosofía supervisora que daba prioridad a una supuesta estabilidad sobre la fortaleza del sistema bancario. Tal vez para evitar los traumas que pudiera suponer el tratamiento de problemas que pudieran ser sistémicos. 

Esta filosofía, de existir, podría encarnarse en uno o varios criterios, inspiradores de la llamada “tolerancia regulatoria” o “regulatory forbearance”. La supervisión podía ser concebida como una ayuda a los bancos y no como el tratamiento de sus problemas o el cambio de los malos gestores. Se podía argüir, como defensa por los malos banqueros, que la supervisión debía evitar la “intrusión” que supondría la verificación de la información, contabilizada por las propias entidades. 

Tal filosofía consideraría que lo importante no son los problemas del presente sino los que pudieran estimarse para el futuro. Sin tener en cuenta que los problemas que no se tratan se agravan. El mejor mecanismo de supervisión, según esta filosofía, sería asegurar la buena gobernanza. Pero este loable objetivo es de discutible eficacia, dada la deficiente información de que solían disponer los consejos de administración. Incluso en los bancos más ortodoxos. 

Esta historia podría terminar aquí. Pero si se dieran los supuestos aquí descritos y sus repercusiones en el sistema financiero en cuestión ¿de cuál de los actores sería la culpa? Y ¿quién debería pagar los platos rotos? Es evidente que los dueños de los paquetes mayoritarios de los bancos en crisis y sus administradores son los primeros responsables y deben sufrir las consecuencias.

Por el contrario, no serían responsables los accionistas minoritarios y los inversionistas ya que nunca recibieron información fidedigna sobre la situación de la entidad. ¿Sería lógico -incluso ético- que habiendo tomado sus decisiones con información mala, tolerada por los supervisores, pagaran ellos los platos rotos?. 

Lo que no tendría duda es que los supervisores –de banca y valores, nacionales e internacionales, habrían pecado por omisión, incurriendo en la figura acuñada por el derecho romano de la “culpa in vigilando”. Con su tolerancia o pasividad habrían incumplido con su responsabilidad pública de asegurar la buena salud del sistema financiero. Parecería lógico que también pagaran los platos rotos. O parte de ellos. También serían corresponsables los auditores, cuyos informes limpios no suelen desvelar los problemas del auditado, equivocando así al mercado inversor. 

Pero en esta historia, los reguladores internacionales habían ideado un mecanismo de resolución que cargaba todos los costes del saneamiento a los aportadores de recursos, accionistas e inversionistas. Los cuales carecieron de información fidedigna. 

Pero peor sería si fuera cierta la hipótesis – tal vez rebuscada- de los mal pensados. Porque no descartan que este mecanismo resultase un incentivo tácito para que los supervisores relajen sus controles esperando que la insolvencia se manifieste con una iliquidez irresistible y desencadene una resolución que no les cueste nada. Ni siquiera un sonrojo. Si este fuera el escenario, los sabios del lugar preconizarían una profunda reforma del marco regulatorio existente en aquel lugar para evitar dramas aparatosos que podrían ser evitables.

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